Frente al piquete de policías vestidos con equipos antimotines y escudos transparentes, Evelis Cano rompe en llanto mientras exige poder ver a su hijo Jack Tartak, detenido en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas. “No aguanto más. Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo, Señor”, exclamó tendida en el asfalto el 20 de enero, en un momento cuyo video se hizo viral en redes sociales.
Son muchas las lágrimas que ha derramado desde que llegó a ese lugar el 8 de enero, al enterarse de las excarcelaciones anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Forma parte de un grupo de más de 25 familias que permanecen en vigilia permanente frente a la Zona 7, en una lucha que para ellos se ha convertido en un acto de resistencia. Las autoridades no solo les impiden llevar a sus seres queridos comida, ropa o medicina, sino que incluso niegan cualquier información sobre su situación judicial, e incluso su propia existencia.
En la subida para el comando, ubicado en la zona industrial de Boleíta, al este de la ciudad, 14 carpas están concentradas a un lado de la vía, delimitadas por un cordel. Cada una de esas carpas alberga una historia distinta sobre detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, angustias e incertidumbres. Pero en la presencia de cada uno de esos familiares, con madres, padres, hermanos y parejas, hay también un sentimiento de comunidad surgido de la esperanza.
“Hoy en día le doy las gracias a Dios por todo este proceso, porque yo sé que todo lo malo que estamos viviendo ahorita o ese sabor amargo que tenemos en la boca, en las entrañas, las madres, las esposas o ese dolor que tenemos en el corazón, todo va a orar para bien y pronto estamos cerquita de ver nuestro milagro realizado”, reflexiona Cano en entrevista para El Diario.
Una gran familia
Las familias de Zona 7 no son las únicas que esperan ese milagro. Desde el 8 de enero se realizan vigilias parecidas en otras cárceles venezolanas. Para el 22 de enero, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizan alrededor de 170 excarcelaciones en las últimas semanas, aunque advierten que 949 detenidos siguen tras las rejas. En muchos casos, el anuncio de Rodríguez hizo que aparecieran nuevos casos que no estaban registrados por los activistas, por lo que actualmente no se sabe con certeza cuántos presos políticos hay realmente en Venezuela.
Familiares y activistas estiman que alrededor de unas 80 personas deben estar en la PNB de Zona 7. Muchos de los familiares llegaron siguiendo una corazonada, tras meses de incertidumbre buscando en otros centros de reclusión sin éxito. Con el tiempo, como una bola de nieve, a ese campamento fueron llegando más y más personas, formando una comunidad que se turna para pernoctar en las carpas mientras el resto está en sus casas. Muchos consideran a Cano como la líder del grupo, o al menos su vocera. Una responsabilidad surgida desde el respeto, pues se ha convertido en el rostro de su causa al ser la encargada de hablar con los medios de comunicación, de negociar con los policías o de enfrentarlos cuando es necesario.
Con una camisa blanca que dice “Libertad para todos los presos políticos”, Cano es la viva representación de lo que el escritor Andrés Eloy Blanco quiso plasmar en su poema Los hijos infinitos: “Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra”. Dice que Jack no es el único por el que lucha, pues para ella todos sus compañeros en el campamento se han convertido ahora en su familia, y se quedará hasta ver al último preso político reencontrarse con ellos.
“No quiero ver a una sola madre más llorar porque tienen a sus hijos detenidos”, dice Cano. Normalmente suele ser una persona bastante animada, incluso bromista, pero en su trato con los demás refleja precisamente una necesidad casi maternal de cuidar a todos los que están en el campamento. Sus palabras son firmes, como manifiestos que albergan convicciones inamovibles.
Siempre está acompañada por Mileidy Mendoza y Yaxzodara Lozada, quienes también han representado al grupo en los actos hechos por organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). También a lo interno, coordinando la logística de las provisiones o repartiendo panes para la cena. En una mesa hecha con tablas de madera cubierta por una sombrilla, botellas de agua, refresco y envases de comida están a disposición de cualquiera, incluso de los policías que los vigilan. Allí todo se comparte.
Aunque ahora cuentan con carpas, colchonetas y comida enviada diariamente por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), las condiciones de vida de los manifestantes no son sencillas. Tuvieron que improvisar un baño en una caseta abandonada con ventanas transparentes sin privacidad. A veces les permiten a las mujeres usar el baño de un galpón cercano, aunque para otras necesidades deben caminar hasta el centro comercial Líder, a más de 10 cuadras.
De la guerra a la paz
La jornada del 20 de enero fue particularmente tensa para todos en el campamento. La noche anterior, se había corrido el rumor por una fuente dentro del comando de que José Gregorio Hernández Polo, un abogado de 59 años de edad detenido allí, había muerto de un aparente infarto. En un video difundido en redes sociales se ve a una mujer gritar desesperada a un oficial, ante la falta de información y apatía de las autoridades. Los familiares casi no pudieron dormir en la madrugada por la inquietud de no saber qué ocurría realmente adentro.
Aún al momento de publicación de este trabajo, los familiares de Hernández Polo no han recibido una respuesta oficial sobre el estado del abogado zuliano. Con esa incertidumbre a cuestas, la mayoría de los familiares fue hasta Parque Carabobo, en el centro, para participar en una actividad de Clippve frente al edificio del Ministerio Público. Cano sintió que debía quedarse para cuidar el campamento, por lo que permaneció junto a otras cinco compañeras.
Su intuición fue acertada. Esa mañana, un contingente antimotines de la PNB llegó a la estrecha calle con un vehículo de barrera desplegable, comúnmente conocido como “murciélago”. Trataron de desalojarlos por la fuerza, pero las mujeres resistieron acostándose en el suelo para impedir que arrasaran con las carpas. “Les dijimos que no nos íbamos a ir ni a dejar someter por ellos. No sé de dónde sacamos tanta fortaleza”, declaró Cano.
Al final logró llegar a un “acuerdo de convivencia” con los funcionarios. El campamento pudo permanecer en el mismo sitio, aunque ahora con el “murciélago” al lado con una presencia casi opresiva. Una falla le impedía abrir del todo su barrera, y una etiqueta roja con los ojos de Hugo Chávez en su parte trasera quedaba justo sobre las carpas, vigilante como un Gran Hermano. Aun así, para Cano era una pequeña victoria asegurar una noche más en la Zona 7, y sobre todo, una tranquila.
“Nosotros también tenemos familia”
Al caer la noche, la calma llegó con el frío, pero el ambiente permanecía tenso. Los policías resintieron la llegada de los estudiantes de la UCV, quienes en todos estos días se han encargado de llevarles a las familias comida e insumos, así como de acompañarlos en sus actos de protesta. “Ya le dieron a los medios lo que buscan, ahora váyanse”, dijo el oficial a cargo a los jóvenes que encaraban la muralla de escudos y funcionarios con miradas cansadas.
Los familiares debieron mediar en la situación. Todos se calmaron y llegaron a un acuerdo para mover la caseta del baño, pues otro “murciélago” venía en camino, ahora con una barrera funcional. Entre varios policías trataron de arrastrar la pesada estructura metálica sin mucho éxito, mientras unos metros abajo, los estudiantes aguantaban la risa y ponían sonidos burlones en el megáfono. “Vamos a respetarnos”, volvió a exigir el jefe policial, ya claramente molesto.
Muchos policías no escondían su incomodidad con la situación. Algunos, incluso, reconocieron delante de las familias que comprendían hasta cierto punto sus reclamos, pero que no podían hacer nada pues solo seguían órdenes de sus superiores. “Nosotros también tenemos familia. Yo llego a mi casa, me quito el uniforme y soy una persona de carne y hueso como ustedes”, confesó un policía mientras hablaba con algunos familiares.
Los ánimos bajaron y las partes comenzaron a entenderse. “Si nos liberan a nuestros muchachos, les bajamos esa caseta hasta la avenida si quieren, por ellos sacamos la fuerza”, dijo una mujer entre risas. Los policías también sonrieron y no lo pusieron en duda. Para cuando llegó el reemplazo del “murciélago”, junto al cambio de guardia, el acuerdo de paz parecía prometer algo más que una simple convivencia.
Certezas inciertas
Cano fue una de las primeras madres en concentrarse en Zona 7 la misma noche del 8 de enero. Tras escuchar el anuncio de Jorge Rodríguez, salió de su casa en la población de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, con la esperanza de recibir a su hijo apenas cruzara la puerta hacia la libertad. Allí se encontró a Mileidy Mendoza y a Yaxzodara Lozada, quienes tuvieron el mismo impulso que ella de buscar a sus parejas en ese lugar.
Las horas pasaron sin ser atendidas siquiera por los oficiales, quienes seguían negando tener presos políticos adentro. Del apuro ninguna se había preparado para pasar la noche en la intemperie ni tenían cambios de ropa, pero igual se quedaron y durmieron en la acera, abrazándose para mantener el calor. “Desde esa noche comenzó nuestra tortura”, observa Cano, señalando las carpas. Al principio no contaban con nada, ni siquiera apoyo de las organizaciones ni los medios de comunicación que ese mismo día se apostaron en cárceles más conocidas como El Helicoide o El Rodeo.
De hecho, en ese momento muy poca gente sabía que había presos políticos en Zona 7. Aunque el lugar fue bastante mediático en 2024 por encerrar a cientos de jóvenes detenidos en las protestas contra los resultados electorales del 28 de julio, con el paso de los meses todos fueron trasladados a otras prisiones, por lo que el comando quedó vacío. O eso es lo que la mayoría de los activistas pensaba.
Los familiares creen que a partir de noviembre de 2025 el lugar se volvió a llenar de prisioneros que, por alguna razón, las autoridades querían mantener desaparecidos. Sin embargo, muchas de las familias encontraron la forma de ubicarlos allí tras meses de búsqueda infructuosa en cada calabozo o comando posible.
Por ejemplo, Mendoza lo confirmó al conocer a otro exprisionero que estuvo en Zona 7 y reconoció a su esposo al ver una fotografía. En otros casos los propios guardias han reconocido extraoficialmente los nombres de varios de los detenidos, entre susurros discretos, pero que les dan a las familias una certeza a la cual aferrarse.
Las voces de afuera y las de adentro
Las tres mujeres acordaron permanecer frente a Zona 7, pero los primeros días fueron difíciles. No tenían un techo para cubrirse del sol y apenas consiguieron unos trozos de goma espuma en un basurero para sentarse y dormir. En una ocasión llovió y quedaron empapadas al no tener dónde resguardarse, para luego secarse con el propio sol. “Es súper complicado todo lo que nos ha sucedido, aunque nosotros estamos firmes. No nos vamos a mover de este lugar”, comenta Cano al respecto.
Al tercer día, Mileidy y Yaxzodara Lozada debieron irse a ver a sus hijos, pero Cano permaneció junto a otras dos mujeres que se sumaron buscando también a sus seres queridos. En ese momento lograron también el apoyo del periodista Seir Contreras, quien visibilizó su caso, y de Moisés Gutiérrez, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Pronto descubrieron que no estaban solas, y cada día aparecían más personas que, como ellas, tenían la corazonada de que sus seres queridos estaban presos allí.
Tomaron por costumbre cantar el Himno Nacional por las noches, pues si de verdad había presos políticos allí, querían que supieran que afuera estaban luchando por ellos. El 10 de enero tuvieron respuesta y escucharon tras las paredes del comando el grito de casi un centenar de voces que cantaban con ellas y exigían libertad. Evelis asegura que entre ellas reconoció la voz de Jack.
La emoción se convirtió en preocupación poco después, cuando esos gritos se volvieron alarmas y vieron patrullas salir a toda velocidad con las sirenas encendidas. Esa noche se enteraron que Edison Torres, un oficial de la Policía del estado Portuguesa de 52 años de edad y desaparecido desde el 9 de diciembre de 2025, se descompensó minutos después de cantar el Himno y murió al llegar al hospital. El Ministerio Público atribuyó la causa a un “evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.
El primer preso político que salía de Zona 7 tras el anuncio de Rodríguez lo hacía sin vida. Al día siguiente, José Milla, Jesús Castillo, Néstor Torres y Magdiel Escalona fueron excarcelados del mismo comando, escoltados en patrullas negras directo a Guanare, para asistir al funeral de Edison Torres. Todos eran policías y habían sido detenidos por criticar la gestión del gobernador de Portuguesa y de sus superiores en un grupo de WhatsApp administrado por el fallecido.
La muerte de Edison Torres reveló no solo que sí hay presos políticos en Zona 7, sino también la gravedad de las condiciones inhumanas en las que se encuentran. Sin embargo, para los familiares que siguen apostados allí toda esa visibilidad no ha sido suficiente. En las últimas semanas han aprendido que su lucha, más que simbólica, se ha convertido en un mecanismo de presión para exigir justicia. Por eso al salir el sol, cada uno sale de sus carpas para encarar un nuevo día, un nuevo desafío en el que esperan pronto ver su propia libertad reflejada en la de sus seres queridos excarcelados.
