El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó el sábado 24 de enero que la Corte de Apelaciones del estado Cojedes anuló la condena de 15 años de prisión impuesta al estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado por el delito de incitación al odio, al considerar que durante el proceso se cometieron graves violaciones al debido proceso.
En su decisión, el tribunal determinó que no existieron pruebas suficientes para sustentar la acusación, que no se presentaron testigos y que se vulneró el derecho a la defensa. Por estas razones, ordenó la reposición de la causa y la realización de un nuevo juicio ante un tribunal y un juez distintos.
Los abogados de Alvarado habían interpuesto un recurso de apelación en el que denunciaron, entre otros aspectos, la violación del principio de inmediación, que establece la obligación del juez de estar presente de forma física y continua durante las audiencias para garantizar una correcta valoración de las pruebas y el ejercicio pleno del derecho a la defensa. La defensa también sostuvo que en el juicio no se logró demostrar la comisión del delito imputado.
#AlertaSNTP | La Corte de Apelaciones del estado Cojedes anuló la condena de 15 años de prisión contra el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, acusado por incitación al odio.
— SNTP (@sntpvenezuela) January 24, 2026
La Corte determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la… pic.twitter.com/xoGuAv6p22
“Denunciamos la condena arbitraria y fue anulada. Ahora seguimos exigiendo la libertad de Juan Francisco. No cometió delito alguno y sigue detenido”, afirmó el SNTP.
Alvarado permanece detenido en el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Cepella, en Guanare, estado Portuguesa, mientras se espera la realización del nuevo juicio ordenado por la Corte.
Quién es Juan Francisco Alvarado y de qué lo acusa el Estado venezolano
El SNTP informó que Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social de 31 años de edad, fue detenido por “publicar denuncias sobre fallas en servicios públicos” en su comunidad de Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes.
De acuerdo con la información del gremio, el joven realizaba reportes de la situación a través de la plataforma oficial del gobierno, VenApp, además de sus redes sociales (Instagram y Facebook). Allí reportaba el desbordamiento constante de aguas negras en su sector, situación que le impedía utilizar el baño de su vivienda y lo obligaba a desplazarse a la casa de su abuela para asearse y atender necesidades básicas.
Además, denunció en reiteradas oportunidades la avería de transformadores eléctricos, los cuales no recibían reparación pese a múltiples avisos.
Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 en el punto de control La Cascada, sobre la autopista José Antonio Páez (municipio Agua Blanca, Portuguesa), cuando regresaba en transporte público desde el estado Lara.
Funcionarios de la Guardia Nacional verificaron sus datos y ejecutaron una orden de aprehensión emitida el 9 de enero de 2025 por la Fiscalía Décima del Ministerio Público de Cojedes (MP-3487-2025). Familiares y allegados alegaron que el arresto se derivó de represalias por sus múltiples denuncias.
El SNTP informó que el proceso judicial presentó irregularidades. La audiencia de presentación se realizó de forma telemática el 26 de marzo de 2025 y las audiencias posteriores —incluido el juicio— ocurrieron vía telefónica o virtual por supuestos problemas de conectividad.
El SNTP sitúa el caso de Alvarado dentro de un “patrón de criminalización de la libertad de expresión”. Familiares también señalaron que el ciudadano es paciente crónico y requiere cuidados permanentes.
