La Asamblea Nacional (AN) aprobó el jueves 29 de enero por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero venezolano.
La medida se tomó tras la segunda discusión del proyecto para la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, presentada el 15 de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con información publicada en Venezolana de Televisión (VTV).
“Aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestros hijas e hijos, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas a lo largo y ancho del territorio nacional”, anunció el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
Rodríguez también estimó que, gracias a este proyecto legislativo, al país “le vienen cosas buenas” y agregó que las deberán construir juntos “independientemente de cómo piensen todos”.
La reforma había sido aprobada en primera discusión
El Poder Legislativo ya había aprobado esta propuesta en la primera discusión que se llevó a cabo el 22 de enero.
Cumplido este proceso, la ley se remite a la presidenta encargada, quien se encargará de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.
¿Qué incluye la reforma?
El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV) y quien presentó el proyecto ante la plenaria, afirmó el 22 de enero que esta reforma incluye “tres grandes áreas de modificación” de la ley.
En primer lugar, señaló la incorporación de “modelos exitosos de negocio” de la ley antibloqueo, aprobada en 2020 para buscar la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.
En este sentido, destacó nuevos tipos de contratos en los que, dijo, la empresa operadora “asume la gestión integral a su propio riesgo y costo”, y agregó que con este modelo el Estado no adquiere deudas.
Asimismo, añadió que la legislación contempla mecanismos para “garantizar la viabilidad» de proyectos en los campos petroleros no desarrollados y, para esto, destacó la necesidad de «grandes inversiones”.
Para lograrlo, agregó, es necesario contar con “alguna flexibilidad en las regalías” y mencionó la posibilidad de “rebajarlas” con el fin de “atraer esta inversión en estos campos nuevos”.
El tercer punto, señaló, es “aumentar las garantías jurídicas” para la inversión en el sector, como la “mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos”.
