El juez federal argentino Sebastián Ramos solicitó este miércoles 4 de febrero la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina en una causa que se tramita en los tribunales del país suramericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El caso abierto contra Maduro en Argentina se inició en 2023 por una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente del lugar donde se hayan cometido o la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.
En la resolución a la que accedieron distintos medios, el magistrado ordenó librar un exhorto internacional hacia Estados Unidos para solicitar la extradición de Maduro, señalando que este “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América” de conformidad con el tratado bilateral de extradición.
Solicitud formal en el marco de un proceso judicial ampliado
El juez Ramos —que fundamentó su pedido en el tratado de extradición que Argentina mantiene con Estados Unidos— había ordenado en septiembre de 2024 la detención de Maduro, así como también de Diosdado Cabello, ministro del Interior, y otros altos funcionarios venezolanos.
Tras aquella decisión, la Cámara Federal dispuso que se notificara el pedido de captura a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y sostuvo que la cúpula del gobierno venezolano ejecutó “un plan sistemático y organizado contra la población civil mediante persecución, secuestro, tortura y asesinato”.
Ante la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez que se inicie el procedimiento de extradición activa para que Maduro sea sometido al proceso argentino, dado que ya existía una causa abierta por delitos graves de derechos humanos.
En la resolución firmada este miércoles en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Ramos encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el pedido se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el órgano encargado de gestionar la diplomacia judicial en este tipo de trámites multilaterales.
