Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, advirtió el 20 de febrero que al menos 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad legal.
Durante una rueda de prensa, el abogado y defensor de derechos humanos explicó que el diseño de la normativa deja fuera a un grupo de militares y civiles a quienes se les imputaron delitos relacionados con la seguridad del Estado.
En ese sentido, Romero acotó que la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional no significará la libertad para la totalidad de las personas detenidas por motivos políticos en el país.
De acuerdo con el análisis del Foro Penal, el texto legal omite a personas vinculadas a procedimientos como la denominada “Operación Gedeón”.
Incluso, el director de la ONG enfatizó que, aunque muchos de los expedientes tienen un carácter militar, una parte considerable de los presos por estos casos son civiles cuyas detenciones respondieron a criterios políticos y no a pruebas legales sólidas.
“Hemos calculado que unos 400 presos políticos están excluidos de la amnistía porque son militares, familiares o personas relacionadas de manera arbitraria con operaciones militares, aunque en realidad son civiles”, precisó Romero.
Restricciones en los centros de reclusión
Romero reiteró que la cifra de ciudadanos que permanecen tras las rejas por razones políticas supera los 600 casos. La distribución de estos detenidos se concentra en recintos donde las condiciones de reclusión han sido denunciadas sistemáticamente por la falta de transparencia.
Foro Penal contabilizó que en el centro penitenciario El Rodeo I se mantienen actualmente más de 130 presos políticos; mientras que en la cárcel militar de Ramo Verde, hay más de 90 detenidos.
“No nos permiten la visita, no hay acceso a las cárceles, a los tribunales, ni a que reciban a los abogados, necesitamos trabajar para la reconstrucción del sistema de justicia”, dijo Romero.
Esta falta de acceso a la representación legal y a los expedientes judiciales en el Ministerio Público constituye, a juicio de la ONG, una prueba de que el aparato represivo se mantiene a pesar de la aprobación de la ley.
Sin embargo, la organización reconoció que la normativa sí beneficiará a un “grupo importante” de presos políticos, lo que representa un alivio para numerosas familias venezolanas, afirmó el director de Foro Penal.
“Vamos a seguir luchando por obtener libertad, vamos a reunirnos con quien sea, pero debe participar la sociedad civil”, sentenció.
Postura de otras ONG
Otras ONG venezolanas coincidieron en que hay un exceso de exclusiones en la ley de amnistía, tras señalar que, tal como está redactada, es aplicable a trece eventos y coyunturas políticas específicas ocurridas entre 2002 y 2025.
“Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza”, señaló el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo.
Asimismo, explicó que su organización planteó algunas observaciones que no fueron incluidas en el texto final, por ejemplo, dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General al considerar que son contrarias al derecho humano de participación política.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó el texto aprobado como “revictimizante y excluyente”, además de no garantizar la liberación plena de todos los presos políticos.
“Advertimos que no bastaba un anuncio ni una narrativa de reconciliación si el contenido mantenía filtros, condicionamientos y ambigüedades capaces de dejar por fuera a quienes más necesitan justicia”, indicó la ONG.
