La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves 12 de marzo que la maquinaria represiva del Estado venezolano sigue operativa, pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa.
Durante la presentación de un informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, los expertos señalaron que el aparato de persecución estatal instaurado durante años “no ha sido desmantelado”, y que incluso continúa funcionando bajo las actuales autoridades.
Además, indicaron que funcionarios de alto nivel y militares identificados en investigaciones previas de la misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo cargos importantes dentro del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad.
Los expertos también advirtieron que “los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor”, lo que permite que continúen los mecanismos legales utilizados para reprimir a opositores.
Detenciones políticas bajo el nuevo gobierno
La misión indicó que al menos 87 personas han sido detenidas por razones políticas desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela.
“Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno”, señaló la jurista e investigadora María Eloisa Quintero, integrante del grupo de expertos, durante la presentación del informe en Ginebra.
Según los datos recopilados por la misión, 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos temporalmente mientras cubrían la juramentación de Rodríguez, mientras que otras 27 personas fueron arrestadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Asimismo, una treintena de integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y familiares de estos fueron detenidos tras negarse a falsear evidencias relacionadas con el ataque militar de Washington destinado a sacar a Maduro del poder.
Aparato represivo “no ha sido desmantelado”
Los hechos documentados por la misión abarcan el periodo desde septiembre de 2025 hasta la actualidad, lapso en el que los expertos concluyeron que la estructura de persecución estatal continúa activa.
“Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”, afirmó Quintero, integrante de la misión que preside el experto canadiense en derecho internacional Alex Neve.
El informe también señala que, entre septiembre y diciembre de 2025, se registró un periodo de represión intensa, durante el cual la misión documentó 135 detenciones arbitrarias, así como el uso continuado de torturas y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y las llamadas “casas seguras”.
Quintero agregó que organizaciones de la sociedad civil y los pocos medios independientes que aún operan en el país continúan siendo objeto de ataques, hostigamiento e intimidación.
En relación con las excarcelaciones de presos políticos registradas en los últimos meses, la misión consideró que se trata de un paso positivo, aunque cuestionó la falta de transparencia del proceso.
Los expertos señalaron que no existen datos claros sobre el número ni la identidad de los liberados, y recordaron que mientras el gobierno afirma que 626 personas fueron excarceladas, organizaciones no gubernamentales sostienen que la cifra sería menor.
Finalmente, la misión expresó preocupación por la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, al considerar que no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, ni contempla investigaciones independientes ni mecanismos de reparación para las víctimas.
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