Un grupo de extrabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) del norte del estado Anzoátegui exige celeridad en la revisión de sus casos por despidos que califican como injustificados. Los afectados reclaman la intervención del Ministerio de Trabajo y cuestionan el ritmo de la mesa instalada con la Asamblea Nacional para atender sus expedientes.
La instancia parlamentaria ha recibido 285 casos con soportes legales que respaldan solicitudes de reenganche. Sin embargo, hasta ahora solo 26 expedientes han sido revisados hasta la fecha, sin que se haya concretado ninguna reincorporación.
Luis Enrique Campos, vocero de la coalición, expresó para El Diario que la lentitud del proceso mantiene en incertidumbre a decenas de familias. Señaló que los voceros regionales intentan asistir a las reuniones cuando tienen posibilidades para dar seguimiento directo a cada caso.
Coalición del norte de Anzoátegui concentra la mayoría de los casos consignados
Campos indicó que la mesa de trabajo de la Asamblea Nacional se instaló el 5 de marzo de 2026 como un espacio para canalizar los casos de despidos de trabajadores de PDVSA.
El representante señaló que la organización agrupa a extrabajadores de distintas áreas de la estatal petrolera y sus filiales, por lo que aseveró que el foco principal está en el norte de Anzoátegui, aunque también hay afectados en otras regiones del país.
“Somos una coalición de trabajadores petroleros afectados por despidos injustificados. La mayoría de los casos son del norte de Anzoátegui, pero también hay compañeros de Falcón y Zulia”, indicó para El Diario.
El vocero también detalló que hasta la fecha han consignado 285 expedientes ante la instancia parlamentaria. Aseguró que cada caso cuenta con soportes legales que, a su juicio, respaldan el derecho de los trabajadores a ser reincorporados.
“Todos los casos están documentados con los soportes que exige la ley. Hay providencias administrativas, órdenes de reenganche e incluso decisiones de tribunales que no han sido cumplidas”, dijo.
Campos agregó que la mesa de trabajo surgió como respuesta a lo que considera un incumplimiento de las normativas laborales por parte de la empresa estatal. “Este espacio se abrió porque hay una situación que no se está resolviendo por las vías regulares y que afecta directamente a los trabajadores y a sus familias”, sostuvo.
Avance limitado en la revisión de expedientes
El vocero también cuestionó el ritmo de trabajo de la mesa instalada con la Asamblea Nacional y aseguró que los avances han sido insuficientes frente a la cantidad de trabajadores afectados por despidos.
Campos precisó que, aunque la coalición ha logrado documentar cientos de casos, estima que la cifra real podría ser mayor. Agregó que muchos trabajadores no han consignado sus expedientes, pese a encontrarse en una situación similar.
“Nosotros sabemos que hay muchos más casos. No todos los trabajadores han podido organizarse o presentar sus documentos, pero la realidad es más amplia”, afirmó.
Dificultades de los voceros regionales para participar
Luis Enrique Campos destacó que los voceros regionales de la coalición intentan asistir a las reuniones de la mesa de trabajo siempre que sea posible, aunque reconoció que la logística y los traslados representan un obstáculo constante.
“Los voceros viajan cuando pueden, pero no siempre es posible estar presentes en todas las sesiones”, lamentó.
El vocero reiteró que la participación activa de los trabajadores en las reuniones es clave para garantizar transparencia y evitar decisiones que se tomen a puerta cerrada. “Queremos que se nos permita estar presentes, aportar detalles técnicos y validar los aspectos de cada expediente”, afirmó.
Campos también habló sobre la importancia de que otras instancias del Estado estén representadas en las sesiones, como el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para supervisar que se cumpla la ley.
“Es fundamental que haya control y acompañamiento de todas las autoridades competentes. Solo así se puede garantizar que las decisiones se tomen de manera justa y dentro del marco legal”, dijo.
Exigen transparencia en la mesa de trabajo
El vocero igualmente mencionó que los casos con órdenes de reenganche, providencias administrativas o sentencias de tribunales sean ejecutados de inmediato.
“Son decisiones firmes, cosa juzgada. Los trabajadores tienen derecho a regresar a sus funciones sin más dilaciones”, subrayó.
Finalmente, Campos pidió que se suspendan medidas administrativas o sanciones que puedan afectar los expedientes y que se eliminen registros negativos vinculados por motivos políticos, en línea con lo que establece la Ley de Amnistía.
“La transparencia y el cumplimiento de la ley son fundamentales para garantizar justicia a los trabajadores”, concluyó.
