La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló este lunes 13 de abril una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales en el país, donde líderes sindicales han impulsado protestas recientes para exigir un aumento del salario mínimo, actualmente en $0,27 al mes, según el tipo de cambio oficial.
En una transmisión del Venezolana de Televisión, Rodríguez subrayó que Venezuela continúa bajo sanciones internacionales, una realidad que —afirmó— no ha cambiado, por lo que llamó al diálogo hasta alcanzar “soluciones duraderas y sostenibles”.
“Venezuela no merece seguir sancionada. Esa es una batalla que tenemos que lograr, la victoria en unión nacional. Pido el apoyo del sector empresarial y de los trabajadores”, expresó la funcionaria.
Empresarios piden revisar el marco legal
Por su parte, Alejandro Disilvestro, presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, instó a revisar “el contexto legal completo en el que opera la empresa venezolana” y no limitarse a modificar artículos puntuales de la ley del trabajo.
“El contexto incluye aspectos tributarios, económicos y laborales. La revisión debe orientarse a adaptar la legislación a los nuevos desafíos globales”, señaló durante el acto.
La actual ley del trabajo fue promulgada en 2012 por el fallecido presidente Hugo Chávez y es considerada por el oficialismo como una reivindicación de los derechos laborales.
En paralelo, el Parlamento aprobó este año una reforma de la ley de hidrocarburos y una nueva ley de minas, ambas orientadas a abrir sectores estratégicos a la inversión privada, en línea con recientes cambios económicos del gobierno.
El pasado miércoles, Rodríguez anunció que el 1 de mayo habrá un incremento salarial, aunque no precisó si se tratará del salario mínimo —congelado desde 2022— o de los ingresos complementarios que reciben los trabajadores públicos.
Asimismo, confirmó que en marzo se incrementó de 160 a $190 una de las bonificaciones que reciben los empleados públicos, pagada en bolívares a la tasa oficial y sin incidencia en beneficios laborales, tras ingresos derivados de la venta de fueloil en el contexto de la apertura petrolera.
