El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), emitió las Licencias Generales 56 y 57, las cuales establecen un nuevo marco de operaciones para el Banco Central de Venezuela (BCV) y diversas instituciones financieras del Estado.
La medida administrativa alcanza también al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro, para permitir el flujo de transacciones que se encontraban restringidas por el esquema de sanciones impuestas desde 2019 por EE UU.
En el caso de la Licencia General 56, autoriza la negociación y suscripción de contratos contingentes para futuras operaciones comerciales en el país; mientras que la 57 habilita al BCV y a la banca pública a realizar transferencias en dólares, apertura de cuentas, otorgamiento de préstamos y el procesamiento de pagos.
Luego de conocerse estas medidas, el economista Asdrúbal Oliveros analizó las implicaciones de estas licencias a través de una publicación en su cuenta de Instagram, las cuales calificó como un elemento para otorgar profundidad al mercado cambiario nacional.
El especialista agregó que la flexibilización era una medida esperada para lograr la incorporación de un mayor número de instituciones financieras en la gestión de moneda extranjera que va a incidir directamente en la eficiencia del sistema.
“Va a ayudar a que fluya la asignación de divisas al permitir participar un mayor número de bancos. No solamente vía tarjetas prepagadas, sino también que se den a través de transferencias e incluso en el futuro que estas operaciones puedan hacerse en efectivo o transacciones internacionales”, comentó Oliveros al explicar la dinámica que se espera tras la apertura.
El economista detalló que la medida permite ejecutar funciones que anteriormente poseían limitaciones técnicas y legales.
Oliveros sostuvo que esta decisión facilita la dinámica financiera y puede incidir en la reducción de la brecha cambiaria al mejorar la oferta de dólares. No obstante, precisó que la medida no resuelve la totalidad de los desequilibrios económicos actuales.
“Hacen falta otros elementos importantes como temas ligados a la consolidación fiscal y también al propio diseño de subasta. Pero es un primer paso que va a ayudar a normalizar el mercado cambiario”, apuntó.
Apertura al sistema financiero internacional
El director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, también se pronunció sobre las recientes medidas de la OFAC a través de su cuenta de X. Indicó que la institución que dirige anticipaba este movimiento y calificó la autorización de ciertas transacciones como un primer paso para el reenganche parcial de Venezuela con el sistema financiero internacional.
De acuerdo con el economista, la medida ocurre en un periodo donde la banca nacional posee niveles de liquidez en moneda extranjera que deberían contribuir a la reducción de la brecha cambiaria.
Grisanti explicó las consecuencias técnicas que generaron las restricciones previas sobre el ente emisor, señalando que la afectación se extendió a todo el ecosistema bancario del país.
“Cuando se sanciona al BCV, en la práctica se termina sancionando a todo el sistema financiero. La desconexión de corresponsalías y el sobrecumplimiento bloquearon durante años operaciones legítimas, afectando especialmente a bancos medianos y pequeños”, escribió el director de Ecoanalítica.
En este sentido, sostuvo que la flexibilización actual permite proyectar una normalización en los flujos externos y los mecanismos de pago.
Con respecto al funcionamiento interno de la institución, Grisanti manifestó la expectativa de que se produzca una renovación en la directiva del BCV por un equipo “más técnico, independiente y con capacidad de ejecutar las reformas necesarias”.
Impacto en la operatividad bancaria
Ana Isabel Belmonte, economista y consultora en el área de productividad, también abordó el tema en una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, en la que subrayó que la atenuación de las sanciones al BCV permite un alivio operativo para la banca pública y para el sector exportador, al recuperar canales de pago que se encontraban interrumpidos.
“Es un gran paso para darle fluidez a la economía, la gente ha sentido sobre todo que la mejora en las exportaciones petroleras con los cambios que ha habido desde enero en el país no llegan al bolsillo del venezolano, y este es un paso que era muy necesario”, expresó Belmonte durante la entrevista.
La economista explicó que la Licencia 57 abre paso a transacciones financieras en divisas que impactarán los flujos de cobro y pago del Estado.
“Va a tener un impacto importantísimo en los flujos de pago, los flujos de cobro por la vía del BCV porque le va a permitir transferencias, giros, préstamos en divisas y lo que sería la corresponsalía, un banco intermediario para estas gestiones en divisas como antes lo tenía toda la banca nacional”, aseguró.
Asimismo, Belmonte indicó que la flexibilización permite que el ente emisor cuente con mayores recursos para sus atribuciones legales.
Para la consultora, el marco establecido por la Licencia 56 también favorece la activación de planes de negocios por parte de empresarios extranjeros que operan bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Gestión de recursos y limitaciones operativas
Por su parte, el economista Hermes Pérez analizó la operatividad del BCV en el contexto de estas licencias, durante una entrevista radial para el espacio Café Global de Unión Radio, en el que enfatizó que el proceso de validación de firmas autorizadas ante organismos internacionales suele ser prolongado.
“Cualquier presidente nuevo del Banco Central de Venezuela para tener una firma autorizada puede durar hasta 1 año para que le den el permiso para realizar operaciones”, resaltó.
A pesar de la ampliación del margen de operaciones financieras, el Departamento del Tesoro mantiene restricciones específicas dentro del sistema de licencias. Por ejemplo, el marco regulatorio prohíbe explícitamente cualquier transacción vinculada con pagos en oro o criptomonedas. Asimismo, se mantiene la prohibición de realizar operaciones financieras que involucren a entidades o redes asociadas con Rusia, Irán o Cuba.
Las licencias 56 y 57 forman parte de un proceso de flexibilización gradual que EE UU ha aplicado desde el inicio de 2026, en sectores como petróleo, gas y minería.
No obstante, todas las actividades comerciales y financieras permitidas bajo estas figuras permanecen sujetas a la supervisión constante de la OFAC y a la evolución de las condiciones políticas establecidas por el gobierno estadounidense en su relación con la administración de Delcy Rodríguez.
