La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a recibir pagos del gobierno de Venezuela.
Según una carta conjunta presentada el 24 de abril ante el juez Alvin Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York, firmada por el fiscal Jay Clayton, las licencias enmendadas autorizan los pagos bajo dos condiciones: que provengan de fondos disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026, y que no se deriven de fondos de depósito de gobiernos extranjeros definidos en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, relacionada a la protección de los ingresos petroleros de Venezuela depositados en la cuenta del Tesoro de EE UU.
Según una carta conjunta presentada el 24 de abril ante el juez Alvin Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York, firmada por el fiscal Jay Clayton, las licencias enmendadas autorizan los pagos bajo dos condiciones: que provengan de fondos disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026, y que no se deriven de fondos de depósito de gobiernos extranjeros definidos en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.
En el documento, el gobierno estadounidense señaló que estas licencias modificadas resolvieron los argumentos planteados por la defensa en sus intentos de desestimar la acusación sustitutiva del caso. En consecuencia, los acusados decidieron retirar dichas solicitudes por considerarlas sin efecto, aunque dejaron abierta la posibilidad de volver a presentarlas si surgen situaciones similares más adelante.
“El gobierno entiende que las licencias modificadas han resuelto los asuntos subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar la acusación sustitutiva. Por lo tanto, los acusados retiran sus mociones por considerarlas sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen cuestiones similares en el futuro”, dice la carta.
Asimismo, ambas partes solicitaron al tribunal la programación de una audiencia de seguimiento en un plazo aproximado de 60 días, junto con la exclusión de tiempo procesal conforme a la Ley de Juicio Rápido.
Según el escrito, esto permitirá al gobierno presentar pruebas, mientras que la defensa podrá revisarlas y definir qué acciones legales tomar antes del juicio. Además, los abogados de Maduro y Flores manifestaron su consentimiento con estas solicitudes.
Lo concretado en la segunda audiencia
La segunda audiencia de Maduro y Flores se llevó a cabo el 26 de marzo de 2026. En esta instancia, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, recalcó que no desestimaría el caso, pese a los requerimientos de la defensa debido a la falta de recurso para el pago de los abogados.
La defensa había solicitado desestimar el caso luego de que en febrero de 2026 la OFAC negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del gobierno de Venezuela.
Sostuvieron que estas restricciones financieras vulneraban la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ya que limitaban su derecho a elegir representación legal.
La respuesta de la Fiscalía y el juez
En la segunda audiencia, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”. También aseguró que los acusados están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que “permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones” impuestas por EE UU.
Sin embargo, Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y, a su juicio, “las cosas han cambiado en Venezuela”.
La captura de Nicolás Maduro
La madrugada del 3 de enero, Maduro y Flores fueron capturados y extraídos de Venezuela durante una operación militar estadounidense.
La pareja permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, una prisión federal que ha albergado a figuras reconocidas internacionalmente.
Maduro y Flores enfrentan cargos por:
-Narcoterrorismo.
-Conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
-Tráfico de drogas.
-Lavado de dinero.
-Posesión ilegal de armas de fuego vinculada a actividades de narcotráfico.
Durante la primera audiencia, el 5 de enero, ambos se declararon inocentes de los cargos por los que se les acusa. Además, ninguno solicitó libertad bajo fianza, pero sí pidieron atención médica por presuntas lesiones sufridas durante su traslado.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, le dijo Maduro al juez en esa instancia.
