La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este jueves 14 de mayo su informe correspondiente al año 2025, bajo el título de El eclipse de la Constitución.
El informe integra una investigación multidisciplinaria que revela cómo fue la situación de al menos 14 derechos humanos en el país durante el año 2025
Provea es una de las organizaciones que lleva más años documentando la vulneración de derechos como la vida, la libertad, la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. Asimismo, este informe expone la exigencia de los venezolanos a la democracia y la justicia.
Los hechos documentados durante años por esta y otras organizaciones defensoras de derechos humanos cobran mayor relevancia en el contexto político actual.
Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, el gobierno encargado asumido por Delcy Rodríguez ha avanzado en medidas como excarcelaciones masivas, la proclamación de una Ley de Amnistía y la reestructuración de distintos entes del Estado.
La sociedad civil ha denunciado que todas estas medidas han sido insuficientes y exigen cambios más concretos y transparentes en busca del reconocimiento y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
Crisis estructural
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, presentó parte del contexto político, económico y social en el que se desarrolló la vida de los venezolanos durante el año 2025.
“Venezuela enfrenta una crisis estructural de derechos humanos. Las olas represivas recurrentes, documentadas por organizaciones acá presentes y por organismos multilaterales, han incluido limitaciones graves a las libertades civiles y políticas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles que están hoy debidamente registradas en nuestro informe 2025”, explicó Murillo durante la presentación de la investigación en el Auditorio Naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El coordinador de Provea destacó que en Venezuela persiste una crisis económica, marcada por la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos y la caída del poder adquisitivo de los venezolanos.
Escalada de las violaciones de derechos civiles y políticos
El informe 2025 de Provea señala que durante ese año se registró un aumento de 196 % en la cifra de desapariciones forzadas con respecto a 2024, con una total 170 víctimas.
También detectó un incremento de 102 % en las detenciones por razones políticas con respecto al promedio histórico de arrestos de este tipo.
Lissette González, coordinadora de Investigación de Provea, aclaró que la cifra de 2025 es menor a la de 2024, pero no necesariamente implica una mejoría, porque destacó que en 2024 el número de detenciones vinculadas con los contextos pre y poselectoral fueron extraordinarias.
“Registramos 596 violaciones a la libertad personal en 2025 y lo que enfatiza ese capítulo del informe es como la represión fue en 2025 más focalizada hacia dirigentes políticos, dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, alegó.
La coordinadora de investigación señaló que a los miembros de Provea les preocupa que a las personas privadas de libertad también se les violaron derechos como el de un debido proceso y el acceso a un abogado de confianza. Enfatizó en la gravedad de los casos en los que se negaron las solicitudes de recursos de habeas corpus, es decir, en las que se exige revisar la legalidad de una detención.
Provea registró 659 denuncias de violaciones del derecho a la integridad personal y al menos 42 víctimas de tortura durante 2025.
El informe alertó que 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares el año pasado. 54% de las víctimas tenían entre 18 y 30 años de edad. González mencionó que en las denuncias de 2025 se evidenció que continúa el patrón de criminalización de los hombres jóvenes provenientes de comunidades de bajos recursos.
“Lo más importante: el Ministerio Público no investigó ninguna de estas muertes”, resaltó.
Deuda social
González señaló que el Estado venezolano mantiene una deuda social con los trabajadores ante la ausencia de un aumento salarial acorde con las necesidades de la población y la realidad del país.
“Por esa situación en la que es materialmente imposible sostenerse con lo que los trabajadores están ganando, diversas organizaciones registraron un aumento en la desnutrición infantil, en la inseguridad alimentaria de los hogares y toda una serie de indicadores que muestran cómo la población venezolana está sufriendo los embates de esta situación económica”, señaló la coordinadora de Investigación de Provea.
La socióloga también mencionó que, pese a la represión y la ausencia de una respuesta oficial, los trabajadores siguieron protestando en 2025 para exigir salarios dignos.
Más detalles del informe
Sobre el derecho a la educación, González mencionó el esfuerzo del Ministerio de Educación por incluir a más niños en situación de vulnerabilidad en el sistema educativo. Sin embargo, los datos sugieren que solo se logró un aumento “modesto” de la asistencia escolar en 2025, afectado por problemas económicos y de servicios básicos.
“De acuerdo con Hum Venezuela, cerca de 30 % de los niños del país no asistieron cinco días a la semana a clases en 2025. Otras fuentes nos muestran cómo las barreras económicas para el acceso a la educación también están incrementando y los datos de la Encovi de la semana pasada lo refuerzan: está creciendo la brecha entre la tasa de escolaridad de los niños dependiendo del nivel socioeconómico de sus padres”, alertó González.
El informe cita a la Encuesta Nacional de Hospitales, la cual registró que 89 % de los centros hospitalarios no contaba con insumos suficientes y que el 88 % tenía déficit de medicamentos durante 2025.
“En el monitoreo independiente que hace Provea a través de las denuncias que están en prensa sobre el derecho a la salud, se registraron más de 94 mil denuncias de violaciones al derecho a la salud”, añadió.
La investigadora agregó que entre las principales denuncias destacan la falta de medicamentos, la ausencia de equipos para estudios y el aumento de cobros para ofrecer servicios en centros de salud pública.
Daños ambientales
La investigadora aseguró que es importante recordar que se cumple una década de la aprobación del Arco Minero del Orinoco, uno de los motivos por lo que el informe incluyó detalles sobre el daño ambiental provocado por la minería en el país y cómo incide esto en la vida del venezolno.
“La minería se está expandiendo a múltiples partes del país, eso lo van a ver en detalles en nuestro informe, en Zulia y en Lara con un efecto devastador sobre el ambiente. En el sur del Amazonas, esto también ha tenido impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas”, agregó.
El informe alerta que hay un riesgo importante de desertificación en Lara como consecuencia de la minería de carbón.
En la investigación también se evaluaron los efectos del cambio climático y la ausencia de medidas políticas para mitigar o atender las consecuencias de estas alteraciones ambientales. Añadió que la explotación de petróleo y minería solo agravará los problemas causados por el cambio climático.
