El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama apunta a la «influencia determinante» del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, con acceso a «personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», para la compraventa de petróleo en Venezuela.
Así lo refleja en su auto, al que tuvo acceso EFE este martes 19 de mayo y donde se cita el 2 de junio como imputado al expresidente en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra.
El papel del petcoke y las empresas investigadas
Una red de la que Zapatero era, según el juez, «núcleo decisor y estratégico» y que utilizaba su «intervención directa» en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke (o coque de petróleo, un residuo final del refinamiento del petróleo que se usa como combustible de bajo coste), oro o compraventa de acciones o divisas.
El magistrado llama la atención sobre la intervención de dos empresarios, Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva.
Esa sociedad operaba como punto de entrada de fondos extranjeros a la red, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se distribuían a otras compañías como Análisis Relevante, Gate Center y What The Fav, esta última de las hijas de Zapatero.
De unos mensajes hallados en el teléfono de Julio Martínez, amigo y considerado «lacayo» de Zapatero por los responsables de Plus Ultra, se deduce que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores debían «canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada» y dirigirse al expresidente mediante la preceptiva letter of intent, carta de intención en inglés.
Los interlocutores incluso revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir.
Finalmente, estos remiten la carta en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío, lo que evidencia, según el juez, la «participación e influencia determinante» de Zapatero, que dispone de «acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política».
Otro mensaje -«Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino»- revela para Calama «la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita transciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria».
Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del gobierno español imputado y el juez cifra en unos dos millones de euros (1,16 millones de dólares) los presuntos beneficios que habrían recibido él y su entorno.
El caso Plus Ultra y la conexión con Venezuela
La causa judicial se desprende de la investigación sobre el rescate financiero de la aerolínea española Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.
La Fiscalía española ha señalado que parte de los 53 millones de euros entregados por el gobierno español a la compañía pudieron haber sido utilizados para operaciones de presunto blanqueo de capitales con origen en Venezuela.
Las pesquisas también apuntan a que personas vinculadas al entorno de Zapatero habrían realizado gestiones ante autoridades venezolanas para facilitar permisos de vuelo, suministro de combustible y operaciones comerciales de la aerolínea en el país sudamericano.
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