Un juez de la Audiencia Nacional de España imputó a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, tras considerarlo el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, que obraba como intermediario “ante instancias públicas en favor de terceros”, principalmente a la aerolínea Plus Ultra, y le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.
La Fiscalía sostuvo que la aerolínea española Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el gobierno le concedió en la pandemia, porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, de acuerdo con la querella presentada por Anticorrupción.
Como parte de la causa, se produjo el arresto al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; y el asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
Lo que dijo el juez sobre el papel de Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama consideró que las pesquisas permitieron constatar la existencia de una “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias”, cuyo líder sería Zapatero.
De acuerdo con las autoridades, el expresidente del gobierno español puso sus contactos personales y su acceso a altos cargos de la Administración pública al servicio de terceros.
Una empresa clave en la investigación es Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez. Esa empresa habría contratado a Zapatero como consultor y entre 2020 y 2025 le realizó pagos de aproximadamente 70 mil euros anuales.
Análisis relevante también contrató a las dos hijas del expresidente del gobierno español para trabajos de marketing, a través de la sociedad Whathefav, de la cual son dueñas. Asimismo, la empresa le habría realizado a Plus Ultra asesorías externas para atender problemas de la compañía aérea en Venezuela, operaciones por las que cobró alrededor de medio millón de euros.
En los registros de diciembre de 2025, cuando se produjeron las detenciones, la Policía encontró un contrato por el cual Julio Martínez Martínez cobraría una comisión del 1 % (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate de Plus Ultra. También se hallaron 300.000 euros en billetes que el empresario atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.
De acuerdo con el juez de la Audiencia Nacional, Martínez operaba como brazo ejecutor de las órdenes de Zapatero y se aseguraba que todos los ingresos recibidos en Análisis Relevante terminaran en el entorno cercano del expresidente. Además de los obtenidos por Plus Ultra, la investigación también menciona pago de empresas llamadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.
Rescate de Plus Ultra, clave en el caso
El rescate de Plus Ultra se concretó el 9 de marzo de 2021, cuando la compañía recibió del gobierno español 53 millones de euros en dos préstamos (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones) para evitar su quiebra por inactividad durante la pandemia de covid-19.
Un juzgado de Madrid investigó el rescate pero archivó la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.
En diciembre de 2025 se conoció que las autoridades investigaban nuevamente la legitimidad del rescate a Plus Ultra, luego de que la sede de la aerolínea española fue registrada por la Policía Nacional, en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La decisión de rescatar financieramente a Plus Ultra fue polémica desde el principio, debido a que la aerolínea solo operaba con dos aviones en ese momento, lo que representaba un 0,1 % de la aviación comercial en España y ya generaba pérdidas millonarias para el sector antes de la pandemia.
El gobierno español tuvo que justificar su ayuda argumentando la “condición estratégica” de Plus Ultra para conectar España con Iberoamérica y mantener empleos directos e indirectos. La Fiscalía sostuvo que la empresa habría utilizado parte del rescate para devolver supuestos préstamos a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal.
De acuerdo con el juez, Zapatero habría dirigido otra línea de influencia con la intención de intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra.
Fuentes le revelaron al diario El País de España que Julio Martínez Martínez operaba en Venezuela como el “gran conseguidor”, pues se dedicaba a obtener combustible, lograr permisos de vuelo y gestionar deudas.
Evitar la trazabilidad
El juez afirmó que Zapatero dio “instrucciones” para que se creara una sociedad offshore en Dubái para “canalizar” el cobro de la comisión de 530 mil euros por el rescate con dinero público de Plus Ultra.
Según la resolución de la Audiencia Nacional, esa empresa radicada en Emiratos Árabes Unidos, llamada Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, tenía una participación de 100 % de la compañía española Idella Consulenza Strategica, administrada por su amigo Julio Martínez Martínez.
El texto del magistrado resalta el hecho de que pasara una semana entre la firma de ese contrato y el inicio de gestiones para constituir la sociedad mercantil en Dubái. Ese hecho y que no hay una constancia del pago en España apunta a que la sociedad offshore fue creada para canalizar ese cobro evitando su trazabilidad en territorio español, de acuerdo con el juez.
