La organización no gubernamental (ONG) Provea denunció el martes 9 de junio el despliegue de un megaoperativo del Ejército venezolano en las zonas de Las Cristinas y el kilómetro 88 del estado Bolívar, en el sur del país, donde alertó sobre posibles riesgos de violaciones a derechos humanos contra la población civil.
Según información divulgada por la ONG y fuentes citadas por la propia organización en su cuenta de X, la operación estaría siendo ejecutada por efectivos del Ejército en el kilómetro 88, un territorio que, según Provea, se encuentra bajo influencia de grupos armados ilegales que operan en el contexto del Arco Minero del Orinoco.
El Ejército venezolano despliega un mega-operativo en Las Cristinas y el km 88 del Edo. Bolívar.
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2026
Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona.
Fuentes confirmaron a PROVEA que la operación está siendo… pic.twitter.com/DwQHSMjpOj
Provea advirtió que este tipo de despliegues militares en zonas mineras y comunidades vulnerables podrían derivar en “ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias”, recordando antecedentes de operativos similares como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y otros despliegues con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en los que se han documentado denuncias de abusos contra civiles.
La organización también hizo referencia a operaciones como “Trueno”, señalando que en el pasado estas acciones dejaron un saldo de presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y atropellos a personas ajenas a conflictos armados o actividades ilícitas.
Piden intervención de la Defensoría del Pueblo
En su pronunciamiento, Provea exigió la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el operativo y garantizar el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos en la zona.
Asimismo, solicitó al gobierno encargado de Delcy Rodríguez que informe de manera transparente sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y las condiciones de la población civil en el área.
La ONG recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad, la vida, la integridad y el debido proceso de las personas que habitan en zonas afectadas por el Arco Minero del Orinoco. En ese sentido, señaló que el abandono estatal previo no puede ser sustituido mediante el uso excesivo o indiscriminado de la fuerza pública.
