El domingo 24 de mayo se registraron momentos de tensión en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al penal, de acuerdo con denuncias de los familiares de los presos.
Los reportes de los familiares señalan que se produjo un motín en el centro de reclusión como medida de protesta por parte de presos que denunciaron malos tratos por parte de funcionarios. También alertaron sobre disparos y el uso de bombas lacrimógenas dentro del anexo femenino del penal.
Las autoridades confirmaron que 112 mujeres privadas de libertad tuvieron que ser desalojadas de sus celdas por riesgo de asfixia, medida que tomaron los mismos reclusos masculinos.
Un grupo de familiares de los reclusos se mantiene a las afueras del recinto penitenciario a la espera de información oficial. Además, exigen el respeto a los derechos humanos de sus seres queridos.
¿Cómo se originó el conflicto?
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el 24 de mayo que presos comunes tomaron el Injuba en rechazo a presuntos malos tratos por parte de funcionarios de seguridad.
El OVP denunció días antes que se había impedido la visitas de familiares en el penal, por lo que las familias no han podido constatar el estado físico de sus allegados.
La organización difundió además un video en el que escucha a uno de los reclusos cuestionar las decisiones del director del penal, Elvis Macuare Guerrero, por prohibir las visitas, mientras que a otro se le oye decir que son maltratados.
Los internos están exigiendo la destitución de Macuare Guerrero, quien fue recientemente nombrado director del Injuba, por la forma en la que ha manejado los conflictos en el recinto judicial. También piden la remoción del ministro de Servicio Penitenciarios, Julio García Zerpa.
En otro video, se puede observar a un grupo de internos sobre el techo de uno de los edificios del penal. Allí, los reclusos quemaron colchones y denunciaron que custodios les habrían disparado.
Traslados
En la madrugada del 25 de mayo se registró la llegada de al menos 9 autobuses al Injuba, las autoridades le informaron a los familiares que se realizarán traslados voluntarios de los presos a otras cárceles del país.
Se desconoce cuál será el paradero de todos los reclusos, pero el OVP sugirió que al menos uno de los autobuses se dirigirá a la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda.
La directora del anexo fememino del Injuba conversó con las familias afuera del penal para darles esta información y señalar que las 112 internas fueron desalojadas del anexo, aunque no precisó en qué parte del recinto las mantienen.
La funcionaria añadió que jueces y fiscales visitarán el penal, donde instalarán una mesa técnica para la revisión de los casos.
La protesta continúa
El OVP informó la noche del 24 de mayo que los reclusos del Injuba se mantienen en protesta, algunos de ellos continúan sobre los techos del recinto penitenciario y expusieron que tienen demandas urgentes.
Una de las detenidas se grabó mientras leía un comunicado de los presos, en el que invocan los articulos 46 y 337 de la Constitución, en los que se prohibe la tortura y la incomunicación respectivamente.
“Nuestra huelga es pacífica y están participando de forma voluntaria las 112 mujeres del anexo femenino y aproximadamente 1.200 masculinos, más todos los trabajadores del Proyecto Miranda”, dijo la privada de libertad.
Los reclusos exigen evaluaciones psicosociales “sin manipulación política”. Alegaron que también son víctimas de retardo procesal y solicitan revisión de causas de presos que podrían ser inocentes de lo que se les acusa.
“Hay compañeros que están muriendo por tuberculosis y le piden a los familiares el pase de medicamentos, pero nos restringen la paquetería. Necesitamos respuestas que nos ayuden, no maltratos que hostiguen nuestra integridad física”, añadió la reclusa.
No es el primer motín en lo que va del año
El 20 de abril se registró un motín en el centro penitenciario Yare III, que dejó cinco reclusos muertos, cifra confirmada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Las víctimas fueron identificadas como: Kelvin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.
El ministerio indicó que el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Sin embargo, el OVP indicó el 5 de mayo que aún se desconocían los resultados de la investigación.
“No hay cifras oficiales de los heridos ni una explicación clara de qué detonó la crisis: si se trata de un conflicto entre la población penitenciaria o, al contrario, fue un ataque de los custodios hacia los privados de libertad”, señaló el OVP en una publicación de X.
La organización exigió que se le presente a los familiares de todos los detenidos una fe de vida y del estado de salud de sus allegados.
La controversial gestión del ministro de Servicios Penitenciarios
Julio García Zerpa fue designado como ministro de Servicios Penitenciarios en junio de 2024, bajo la gestión de Nicolás Maduro. Desde que asumió las riendas del ministerio, ha sido cuestionado por diversas medidas tomadas en los centros de reclusión.
García Zerpa llegó al ministerio en medio de una huelga de hambre de 20 cárceles y siete anexos femeninos. El funcionario visitó diversos recintos y la protesta paró, pero las promesas de atención sobre el retardo procesal, hacinamiento y la alimentación no fueron cumplidas, según denunció el OVP en un balance de su primer año de gestión.
La ONG denunció que durante su gestión aumentaron las requisas violentas en diferentes cárceles, además del cierre del Centro Penitenciario Región Centro Oriental, conocida como la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar.
“Desde el OVP también hemos documentado cómo Julio García Zerpa ha utilizado los traslados como forma de castigo para aquellos privados de libertad que alzan su voz, alejándolos de sus centros de reclusión originales y de sus familiares. Asimismo, el ministro se ha convertido en cómplice de torturas y de aislamientos prolongados, prácticas aplicadas particularmente a los presos políticos en distintas cárceles del país”, alertó la organización en 2025.
Así como los privados de libertad, diversas organizaciones no gubernamentales han pedido su destitución anteriormente por hechos como el motín en Yare III, que dejó cinco reclusos muertos o por la omisión de información sobre el paradero y posterior muerte bajo custodia de Victor Hugo Quero Navas, un preso político cuya madre, Carmen Teresa Navas, buscó por meses en diversos centros de detención.
El OVP pidió nuevamente el 20 de mayo de 2026 la renuncia de García Zerpa. A juicio de la organización, su gestión se ha caracterizado por intentar proyectar una imagen de humanización y normalidad que es contraria a lo que realmente ocurre en los centros penitenciarios del país.
