La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que al menos 565 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, una cifra que obtuvo tras concluir el proceso de verificación de las excarcelaciones que se registraron en el país durante las últimas semanas.
El balance, difundido a través de la cuenta de X de la ONG el 11 de junio, detalló que el total de presos políticos actualmente se compone de 490 hombres y 75 mujeres.
De acuerdo con sus registros, permanecen detenidos 292 integrantes de la sociedad civil, 192 funcionarios activos de diferentes cuerpos de seguridad del Estado, 34 exfuncionarios policiales o militares, 23 extranjeros, 19 militantes de organizaciones políticas, tres dirigentes sindicales, un defensor de derechos humanos y un periodista, este último cumple la medida de arresto domiciliario.
Justicia, Encuentro y Perdón además alertó sobre el deterioro físico de los privados de libertad y la ausencia de asistencia sanitaria oportuna en los centros de confinamiento.
Los datos recopilados por los equipos de asistencia jurídica de la ONG indicaron que un grupo de 48 detenidos padece patologías médicas graves sin que las autoridades carcelarias autoricen el traslado a centros de salud o faciliten el suministro de los tratamientos farmacológicos requeridos para sus respectivos diagnósticos.
Asimismo, resaltaron la vulnerabilidad de 19 adultos mayores cuyas condiciones de encarcelamiento contravienen las normas mínimas de protección humanitaria.
“Denunciamos una grave emergencia de salud y vejez: 48 personas padecen enfermedades graves en prisión sin atención médica ni tratamientos oportunos, lo que convierte la reclusión en un trato cruel, inhumano y degradante; un cuadro crítico al que se suman 19 adultos mayores cuyas condiciones violan los estándares mínimos de protección humanitaria”, manifestó la ONG.
Denuncias de desaparición forzada
El informe de Justicia, Encuentro y Perdón sitúa bajo observación especial la existencia de 19 casos tipificados bajo la figura de presunta desaparición forzada de personas, una categoría delictiva que argumentaron genera un estado de indefensión jurídica absoluta tanto para los imputados como para sus familiares.
De acuerdo con las denuncias de la directiva de la ONG, la opacidad de los organismos institucionales y la persistencia en la negativa a emitir reportes oficiales sobre la ubicación de estos detenidos impiden que los representantes legales conozcan el estatus judicial y el estado de salud real de los prisioneros.
“Alertamos sobre el crimen continuo de la desaparición forzada, bajo el cual se encuentran 19 personas en total indefensión jurídica debido a la opacidad institucional y la negativa a informar sobre su paradero”, especificó la institución civil.
Por otra parte, el balance de la organización identificó un aumento en la vulnerabilidad que experimentan los reclusos extranjeros y los ciudadanos venezolanos que poseen doble nacionalidad, una población que suma 23 y 29 casos respectivamente dentro del cómputo de la ONG.
Ante esto, Justicia, Encuentro y Perdón hizo una solicitud para que las delegaciones diplomáticas y las representaciones consulares de los países correspondientes activen de manera inmediata los protocolos internacionales de asistencia legal y protección consular para verificar las garantías procesales de sus connacionales detenidos en el país.
Denuncia de Foro Penal
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció el 10 de junio que al menos 87 presos políticos permanecen bajo régimen de detención preventiva por un periodo superior a los dos años sin que los tribunales correspondientes hayan dictado una sentencia condenatoria firme.
A través de su cuenta de X, Himiob advirtió que esta prolongación del encarcelamiento cautelar constituye una anomalía procesal que contraviene los límites establecidos en las leyes y los códigos de procedimiento vigentes en el país.
El monitoreo de la ONG determinó que, del total de detenidos por motivos políticos con retraso procesal en sus casos, 57 presos ya superaron el umbral de los tres años de reclusión temporal, una barrera que el marco legal define como el límite máximo para la retención de un imputado sin condena definitiva.
El directivo del Foro Penal resaltó que las leyes establecen que todos los afectados por el retraso procesal cuentan con el derecho de recibir la excarcelación inmediata bajo medidas cautelares, un procedimiento que permite la continuidad de las averiguaciones judiciales sin vulnerar el principio de presunción de inocencia.
