La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se pronunció sobre el inicio del proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela. En un comunicado difundido el 12 de junio, advirtió que el éxito de las negociaciones dependerá de la transparencia, la legitimidad y la sostenibilidad de los acuerdos que se alcancen con los acreedores.
La institución señaló que el país enfrenta uno de los procesos de reestructuración más complejos de su historia, debido al prolongado incumplimiento de obligaciones financieras por parte del Estado venezolano, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Corpoelec y Sidetur desde noviembre de 2017.
La ANCE recordó que, con el alcance permitido por la Licencia General 58 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, fueron contratadas las firmas Centerview Partners como asesor financiero y Hogan Lovells US LLP para la asesoría legal del proceso. Asimismo, destacó la reanudación de las relaciones de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque señaló que todavía no se ha definido públicamente el papel que desempeñará el organismo.
La academia alertó que el volumen de obligaciones acumuladas supera ampliamente la capacidad actual y futura de pago del país, por lo que consideró inevitable una reducción significativa de la deuda.
“De no reestructurar el servicio de estos compromisos en términos favorables, Venezuela permanecerá aislada de los principales mercados financieros internacionales, en detrimento de sus posibilidades de recuperación económica y social”, indicó la organización.
Una reestructuración acompañada de un plan integral
La institución sostuvo que la reestructuración debe estar acompañada por un programa integral de recuperación económica, crecimiento y estabilización, respaldado por organismos multilaterales y la comunidad financiera internacional.
“Esta Academia considera imprescindible enmarcar el proceso de reestructuración en un programa formal de recuperación, crecimiento y estabilización de la economía y de reformas institucionales con el apoyo de los organismos multilaterales y de la comunidad financiera internacional”, señaló.
Entre sus recomendaciones, la ANCE destacó la necesidad de actualizar y validar las estadísticas económicas y fiscales del país, al considerar que la información oficial disponible es insuficiente para determinar con precisión la sostenibilidad de la deuda y las obligaciones que podrían surgir de un eventual acuerdo con los acreedores.
Además, planteó que la conciliación y validación de las obligaciones financieras sea realizada por un agente especializado seleccionado mediante un proceso transparente, con el fin de garantizar la legitimidad de los montos reclamados y de las deudas susceptibles de ser reestructuradas.
La academia también insistió en que el proceso debe abarcar la totalidad de la deuda pública externa elegible, con el objetivo de asegurar un tratamiento equilibrado entre los acreedores y evitar futuras controversias legales.
Sobre este punto, advirtió que la fortaleza jurídica del proceso será determinante para reducir riesgos de litigios y evitar que acreedores disidentes obstaculicen las negociaciones.
Sobre la participación del FMI
La Academia expresó su postura sobre la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que identificó como un elemento clave para generar confianza entre los acreedores y garantizar la sostenibilidad de los acuerdos.
“A juicio de esta Academia, la participación del FMI en la reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela es una condición necesaria para asegurar la sostenibilidad y ganar la credibilidad de un eventual acuerdo con los acreedores”, afirmó.
Finalmente, la ANCE hizo un llamado a las autoridades a desarrollar una estrategia coordinada entre las instituciones involucradas y a construir consensos que permitan sustentar la legalidad y viabilidad del proceso.
“Exhortamos a las autoridades a asumir, con la gravedad y urgencia que esta materia comporta, una estrategia y desarrollo del proceso de reestructuración de la deuda pública externa que efectivamente contribuya a la recuperación económica y social del país”, concluyó.
Sobre el anuncio de la reestructuración de la deuda externa de Venezuela y PDVSA
El 13 de mayo, el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior informó que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez inició el proceso de reestructuración de la deuda pública externa del país y de PDVSA.
Mediante un comunicado difundido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, el Ejecutivo señaló que se trata del “lanzamiento formal de un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de PDVSA”.
En el texto, el gobierno aseguró que Venezuela “demostró a lo largo de los años solvencia, cumpliendo a cabalidad con todas sus obligaciones internacionales”, pero sostuvo que esa capacidad se vio afectada desde 2017 debido a las sanciones financieras impuestas por EE UU.
Además, afirmó que las restricciones internacionales limitaron el acceso del país al financiamiento y afectaron la capacidad de inversión en áreas como salud, electricidad, agua, educación e infraestructura.
El anuncio de la reestructuración se produjo luego de que el Departamento del Tesoro de EE UU emitiera el 5 de mayo la Licencia General 58, una medida que autoriza a firmas legales, consultoras y asesorías financieras a realizar trabajos preparatorios relacionados con una eventual reestructuración de la deuda venezolana y de PDVSA.
