La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Estado venezolano ofrecer información detallada sobre el operativo militar realizado en el sur del estado Bolívar que culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua.
En un comunicado publicado el 14 de junio en su página web, la ONG sostuvo que las acciones dirigidas a combatir el crimen organizado deben ejecutarse dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos y la soberanía nacional.
La organización señaló que el país tiene derecho a conocer los términos del operativo, su alcance legal y los mandos responsables de la acción que, según diversas versiones, habría sido coordinada entre autoridades venezolanas y organismos estadounidenses.
La cesión de soberanía en el sur de Venezuela no es nueva, lo nuevo es que ahora es pública y notoria:
— PROVEA (@_Provea) June 14, 2026
El Comando Sur de Estados Unidos opera en territorio 🇻🇪 con la complacencia y coordinación del gobierno de Delcy Rodríguez.
Exigimos transparencia sobre los acuerdos que… pic.twitter.com/yhMvaM4qpf
Provea pide aclarar el saldo humano del operativo
En su pronunciamiento, Provea afirmó que, con la información disponible hasta el momento, existen elementos que ameritan aclaratorias oficiales sobre lo ocurrido en el estado Bolívar.
La ONG pidió a las autoridades informar el número exacto de personas fallecidas, heridas y detenidas durante la operación, así como garantizar la identificación de las víctimas y la transparencia en el manejo de la información.
Asimismo, recordó que el pasado 9 de junio había solicitado datos sobre los operativos militares desarrollados en la región, incluyendo la situación de los civiles y posibles detenidos. Sin embargo, aseguró que las autoridades venezolanas no ofrecieron información hasta que se conocieron declaraciones de voceros de la Casa Blanca sobre el hecho.
Alertan sobre posibles violaciones de derechos humanos
Provea manifestó preocupación por la posibilidad de que se hayan producido violaciones de derechos humanos durante la operación y recordó antecedentes de otros procedimientos de seguridad desarrollados en el país.
La organización señaló que la lucha contra grupos criminales no puede derivar en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto.
Además, sostuvo que la expansión de economías ilegales y grupos armados en el sur de Venezuela es consecuencia de años de abandono institucional y de políticas vinculadas a la explotación de recursos minerales en la región.
Según la ONG, la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 contribuyó al aumento de actividades extractivas y a disputas por el control territorial entre grupos irregulares y actores estatales, afectando a comunidades vulnerables e indígenas.
Solicitan respuestas a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo
Provea también pidió explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, sobre si el Ministerio Público tuvo conocimiento previo del operativo y si se han designado fiscales para investigar los hechos.
La organización preguntó además si las autoridades están actuando conforme a los procedimientos establecidos para la preservación de evidencias y si se aplicarán estándares internacionales para investigar muertes potencialmente ilícitas.
De igual forma, solicitó a la Defensoría del Pueblo informar qué acciones realizó su despacho para garantizar que el operativo se desarrollara con respeto a los derechos humanos.
La ONG reiteró que el combate contra las organizaciones criminales y la recuperación del control territorial son responsabilidades del Estado, pero advirtió que estas acciones deben realizarse dentro de los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.
Por ello, exigió transparencia sobre los acuerdos internacionales que habrían sustentado el operativo y garantías de que no se repetirán patrones de actuación que, según la organización, han derivado en violaciones de derechos fundamentales en el pasado.
