El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió el 29 de junio un pronunciamiento para denunciar el establecimiento de trabas operativas, hostigamientos civiles y restricciones tecnológicas que limitan la cobertura de prensa y el flujo informativo tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.
A través de su cuenta de X, el CNP enfatizó que el acceso a datos oportunos y el libre ejercicio de la labor periodística constituyen derechos de interés público fundamentales, especialmente críticos durante el desarrollo de contingencias humanitarias y desastres estructurales.
La organización denunció de manera explícita los actos de hostigamiento ejecutados por el personal de seguridad del hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en Caracas.
De acuerdo con el reporte gremial, los funcionarios de vigilancia intentaron limitar las labores de grabación a los reporteros de Noticiero Venevisión mientras realizaban el seguimiento de los heridos.
La junta directiva del CNP recordó que la gestión sanitaria del sector salud es de interés público prioritario, por lo que exigieron al Estado el respeto a la prensa y plenas garantías para el ejercicio informativo.
Asimismo, destacaron que los comunicadores se mantienen desplegados en las calles pese a las afectaciones sísmicas.
Advertencia de las Naciones Unidas
Asimismo, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta institucional referente al comportamiento de las redes de telecomunicaciones en el territorio nacional durante las horas posteriores a los terremotos.
El organismo internacional indicó que se mantuvieron activas las restricciones preexistentes al acceso a Internet en Venezuela, lo que interfirió con la velocidad de circulación de noticias y reportes civiles en un escenario de alta demanda informativa por parte de la población.
Con base en las auditorías de sus registros públicos, la representación de la ONU documentó la vigencia de bloqueos de carácter arbitrario dirigidos a un mínimo de 85 sitios web de diversa índole, a lo que sumaron restricciones específicas aplicadas por proveedores de servicios de conectividad públicos y privados que alcanzan a 39 plataformas digitales de medios de comunicación.
La delegación internacional subrayó que la persistencia de estas medidas de censura técnica genera un impacto negativo directo en la verificación de hechos en pleno desarrollo y en la difusión de lineamientos oficiales de evacuación o rescate.
Ante las fallas crónicas detectadas en el espacio digital, la ONU realizó un llamado formal a las autoridades competentes y a las empresas operadoras para garantizar el funcionamiento regular de las plataformas de Internet sin interferencias administrativas.
Asimismo, solicitaron el levantamiento inmediato de las restricciones que pesan sobre los medios en línea para salvaguardar el derecho a la información de los ciudadanos durante la vigencia del estado de emergencia nacional.
