Las denuncias difundidas a través de las redes sociales sobre la desaparición e irregularidades en la entrega de niños rescatados con vida de las estructuras colapsadas por los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio, han encendido las alarmas de sus familiares y de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Tras cumplirse una semana del doble sismo que afectó al país, ciudadanos reportaron en plataformas digitales que al menos siete menores de edad, evacuados originalmente desde los centros de clasificación primaria en La Guaira hacia presuntos centros asistenciales en Caracas, se encuentran en paradero desconocido.
Ante este escenario de incertidumbre, Unicef instó al Estado a implementar un sistema técnico de identificación, registro y reunificación familiar para evitar que el caos de la emergencia facilite delitos contra la infancia.
Denuncias de desapariciones
Entre las alertas documentadas en redes sociales destaca la publicada por el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé.
En el reporte emitido el 30 de junio, el abogado confirmó el testimonio de los parientes sobre la desaparición de la niña Amaia Landaeta Machado, de 6 años de edad.
De acuerdo con la denuncia, la menor fue rescatada con vida el 24 de junio y trasladada al puesto de control provisional del Campo de Golf de Caraballeda, desde donde habría sido remitida a un hospital de Caracas sin que hasta la fecha aparezca en las bases de datos de ingreso de la red de salud pública.
Bajo este mismo patrón de difusión en redes sociales se mantienen las alertas comunitarias para ubicar a los niños: Isaac Martin Figueira Rivas, Eriany Urruchurto, Josmaily Silano, Josemith Velázquez, Anly Velázquez y Sarah Ysea Caracciolo.
Las publicaciones ciudadanas coinciden en que los menores fueron vistos por última vez bajo resguardo en los centros de acopio costeros de Caraballeda antes de que se perdiera el rastro de sus rutas de evacuación hacia Caracas.
Un caso que incrementó la preocupación pública ocurrió este miércoles, cuando dos abuelas denunciaron ante la cadena informativa NTN24 la presunta desaparición de su nieto, un bebé identificado como Noah.
De acuerdo con el testimonio de Yaneth del Valle Febres a ese medio, un rescatista en campo les confirmó que el menor había sobrevivido al derrumbe de su vivienda; sin embargo, poco después, una mujer desconocida se presentó ante las brigadas de salvamento aduciendo un parentesco falso y se llevó al niño.
Si bien los cuerpos de seguridad y las agencias humanitarias aclararon que hasta el momento las autoridades competentes no han confirmado oficialmente las desapariciones de niños en las zonas de desastre, Unicef y los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) enfatizaron que la separación familiar forzosa generada por los sismos eleva de forma crítica la vulnerabilidad de la infancia frente a redes de trata o explotación si no se aplican protocolos estrictos de filiación.
La postura de Cecodap
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, contrastó las versiones que circulan en las redes sociales al aclarar, durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, que es falso que exista una cantidad masiva o generalizada de niños desaparecidos o solos en las calles.
El abogado especialista en derechos del niño precisó a la estación radial que los casos puntuales de infantes hospitalizados cuyos padres fallecieron ya cuentan con medidas de protección jurídica dictadas por las instituciones.
No obstante, Trapani recordó en la entrevista que el temor y la desconfianza de la población tienen fundamentos históricos y precedentes reales en la región, ya que durante el deslave de Vargas en 1999, decenas de menores de edad desaparecieron en medio de la emergencia y surgieron denuncias sobre adopciones irregulares y trata que nunca se esclarecieron completamente.
Asimismo, citó la tragedia de Armero en Colombia (1985), donde la falta de controles civiles provocó que decenas de niños sobrevivientes fueran trasladados a orfanatos o entregados a terceros sin que se conociera el destino final de sus familias biológicas.
A juicio de Trapani, las primeras etapas de esta contingencia han mostrado desorganización e improvisación por parte del Ejecutivo nacional, un factor común en este tipo de catástrofes que debe subsanarse con la publicación de una data oficial centralizada y clara sobre niños fallecidos, lesionados, trasladados o en refugios.
No obstante, destacó que se logrará reconstituir el Consejo de Protección en el estado La Guaira para articular respuestas junto al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a pesar del colapso estructural de los servicios de electricidad y vialidad.
Informe de Cecodap
La dimensión del peligro al que se expone la infancia quedó plasmada en el informe especial Niñez y Adolescencia afectada tras el sismo, elaborado por Cecodap.
El documento reveló que la desaparición o no localización de menores de edad constituye uno de los principales riesgos de protección en las zonas de contingencia.
La organización documentó un total de 123 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos o no localizados, una cifra que representa el 36,9 % del total de las incidencias registradas por la institución durante las evaluaciones de campo post-sismo.
El informe de la ONG introduce una precisión metodológica fundamental al aclarar que este indicador no se traduce necesariamente, de forma automática, en desapariciones bajo un sentido jurídico estricto.
El equipo técnico de Cecodap aclaró que la estadística abarca de forma transversal a infantes que aún se encuentran atrapados bajo los escombros, menores separados temporalmente de sus representantes durante los operativos de evacuación, niños trasladados a centros de salud sin comunicación inmediata con sus hogares, o grupos familiares completos que quedaron incomunicados.
A pesar de las distinciones técnicas, Cecodap advierte que el dato expone un escenario de vulnerabilidad crítica.
De acuerdo con el diagnóstico, la ausencia de localización de un menor durante las primeras horas de una catástrofe multiplica las probabilidades de una separación familiar prolongada y abre paso a peligros severos como la exposición a personas no autorizadas, la circulación insegura de datos personales en plataformas digitales, y amenazas de trata, explotación, violencia o adopciones irregulares al margen de la ley.
Asimismo, el hallazgo de la organización civil identificó que una porción significativa de los reportes describe a niños que son buscados en conjunto con sus padres, madres o hermanos.
Esto demuestra que el riesgo de desprotección no se circunscribe únicamente a menores en condición de total de desamparo o soledad, sino a núcleos familiares enteros que quedaron desplazados, atrapados o sin medios físicos para reportar su ubicación geográfica y estatus de salud a los cuerpos de salvamento, lo que exige la activación urgente de mecanismos especializados de búsqueda, registro y reunificación con la articulación obligatoria de los Consejos de Protección, Protección Civil y las agencias humanitarias en el terreno.
Línea de emergencia para atención de los niños
Unicef resaltó que unos 680.000 niños se encuentran entre los 1,8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria urgente tras los terremotos.
La agencia de Naciones Unidas coincidió en la recomendación técnica de registrar obligatoriamente cada traslado entre hospitales y albergues provisionales, al reiterar que ningún niño rescatado debe ser entregado a terceras personas sin un proceso riguroso de identificación y verificación legal.
Ante esta alerta y el incremento de reportes de menores extraviados o desasistidos, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) anunció la activación de una línea directa de atención de emergencias disponible las 24 horas del día.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía, personal médico y brigadas civiles a reportar cualquier situación de riesgo o sospecha a través del número +58 424-8930561, habilitado para mensajería de WhatsApp y mensajes de texto (SMS).
