Más de 720 prestadores de servicios turísticos del Parque Nacional Morrocoy protestaron la tarde del 23 de julio al bloquear la carretera nacional Morón-Coro, en el estado Falcón. Los trabajadores exigieron a Inparques y al gobierno nacional la ejecución de un plan de contingencia que les permita retomar sus actividades económicas en los cayos mientras permanece cerrado el puente Punta Brava.
La manifestación ocurrió luego de varios intentos fallidos por obtener información oficial en la sede regional de Inparques sobre las condiciones estructurales del puente, uno de los principales accesos al municipio Silva y a una de las zonas más visitadas del parque nacional.
De acuerdo con representantes del sector, cerca del 80 % de los turistas que llegan a Tucacas utilizan este acceso por ser la alternativa más económica. Ingresar por tierra a Punta Brava resulta más asequible que contratar un peñero desde los embarcaderos privados para llegar a los cayos.
Durante la protesta, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentaron mediar con los manifestantes y pidieron «paciencia y cordura» mientras se completan las evaluaciones técnicas y los informes son remitidos a Caracas. Sin embargo, los trabajadores rechazaron esa respuesta al asegurar que llevan un mes sin poder generar ingresos.
“¡Por tener paciencia y calma tenemos un mes parados! Nosotros no queremos discursos, queremos soluciones, queremos la apertura del puente. Soy madre soltera con cuatro hijos y si quieren los llevo a mi casa para que vean la nevera vacía. La paciencia no nos va a dar de comer”, expresó una de las prestadoras de servicios.
Prestadores cuestionan el cierre del puente
El viaducto fue clausurado de forma preventiva por una comisión técnica integrada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Tras la inspección, las autoridades le asignaron una etiqueta roja debido a los daños detectados en sus bases, que atribuyen a la actividad sísmica registrada en Venezuela desde el 24 de junio.
No obstante, los manifestantes sostienen que el deterioro no fue provocado por los sismos, sino por la falta de mantenimiento acumulada durante años, una situación que aseguran haber denunciado con anterioridad.
Los prestadores de servicios indicaron que ya participaron en mesas de trabajo con representantes de Inparques, enlaces políticos y organismos de seguridad, pero afirman que aún no reciben una fecha para el inicio de las reparaciones ni para la habilitación de un paso provisional. Advirtieron que mantendrán las protestas mientras no haya respuestas concretas.
Al finalizar la manifestación, funcionarios de Inparques en Tucacas informaron que esperan los informes técnicos definitivos para determinar las acciones que se tomarán y evaluar una eventual reapertura del puente.
Sector empresarial propone fortalecer el acceso marítimo
Ante la suspensión del acceso terrestre, el sector empresarial planteó activar un plan de contingencia que permita mantener la actividad turística mediante el transporte marítimo.
Oswaldo Cuervo, segundo vicepresidente de Fedecámaras Falcón y expresidente de la Cámara de Comercio del municipio Silva, propuso fortalecer la ruta marítima hacia los cayos mientras se resuelve la situación del puente.
“El cierre temporal de esta vía terrestre no puede significar el cierre de la economía de Tucacas. Es el momento de ser creativos y activar planes de contingencia. Si el turista no puede cruzar el puente, debemos garantizar que el mar siga siendo esa gran autopista que los lleve”, afirmó.
Cuervo también pidió al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y a la Capitanía de Puerto habilitar operativos especiales con aranceles preferenciales para agilizar los permisos y licencias de navegación de peñeros y lancheros locales.
Gobernación asegura que la decisión depende de Inparques
Una fuente del gabinete del gobernador de Falcón indicó a El Diario que la administración regional no tiene competencias jurídicas ni operativas sobre el Parque Nacional Morrocoy, ya que la gestión del área protegida corresponde exclusivamente a Inparques y al Ejecutivo nacional.
«La gente necesita generar ingresos para poder subsistir, y el impacto psicológico en los venezolanos (tras los sismos) también afectará la afluencia de visitantes a nuestro estado», señaló la fuente, que pidió mantener el anonimato.
La gobernación sostuvo que esta limitación impide a las autoridades regionales y municipales ejecutar soluciones directas sobre la infraestructura, por lo que cualquier intervención dependerá de las decisiones que adopte el gobierno central.
