La Asamblea Nacional sancionó este viernes 31 de julio una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario, luego del doble terremoto del 24 de junio que dejó a casi 18.000 personas sin vivienda, de acuerdo con el balance oficial.
El proyecto había sido aprobado en primera discusión el 14 de julio y este viernes recibió el visto bueno por unanimidad en segunda discusión, con lo que culminó su trámite parlamentario.
La ley busca “contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población”, así como “promover y proteger el mercado inmobiliario”, según establece el primero de sus 27 artículos.
La diputada opositora Alejandra Rodríguez afirmó que la ley “representa un paso para recuperar la confianza en el mercado inmobiliario de arrendamiento”, el cual actualmente suele exigir depósitos adelantados de hasta un año, fiadores y otros requisitos para concretar un contrato.
Condiciones para los contratos de alquiler
De acuerdo con la nueva legislación, los inmuebles deberán cumplir condiciones mínimas de habitabilidad y no podrán ser arrendados aquellos ubicados en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades competentes.
Asimismo, la ley establece que las partes podrán acordar libremente la forma de pago del contrato. El canon de arrendamiento para viviendas será fijado por acuerdo entre arrendador e inquilino, siempre dentro de los límites previstos en la normativa.
Tras el doble terremoto del 24 de junio, el gobierno venezolano anunció un conjunto de medidas para atender a las personas que perdieron sus viviendas, entre ellas subsidios para la adquisición de inmuebles y el apoyo técnico de organismos multilaterales para ejecutar los planes de reconstrucción.
Rodríguez informó este jueves que el Ejecutivo inició la construcción de 1.875 viviendas, mientras que la presidenta encargada prometió entregar 4.000 viviendas antes de finalizar el año.
El doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejó más de 5.500 fallecidos, además del colapso de 856 edificios y daños en otros 190 inmuebles, según el último balance oficial difundido el 24 de julio.
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