La Asamblea Nacional aprobó el martes 14 de julio las reformas parciales de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Arrendamiento en su primera discusión por unanimidad.
“La Asamblea Nacional se pone a disposición para este plan Venezuela Renace y esta reforma de Ley Contra la Estafa Inmobiliaria tiene como objetivo principal la construcción de nuevas viviendas bajo un enfoque adaptado a los nuevos tiempos”, afirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, durante la sesión ordinaria.
De acuerdo con Infante, esta reforma busca garantizar “mejores condiciones, seguridad jurídica y capacidad de financiamiento” para que el sector privado inicie un proceso “agresivo y acelerado” de construcción de viviendas para las más de 15 mil familias afectadas.
En cuanto a la Ley de Arrendamiento, Infante afirmó que con las reformas buscan “estimular el mercado de alquileres y arrendamiento de viviendas” en Venezuela brindando una mayor seguridad jurídica a ambas partes.
“¿Qué debemos nosotros avanzar con esta ley? Robustecer todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica para proteger de forma simultánea el derecho de propiedad del dueño que se convierte en arrendador, pero también al arrendatario, un equilibrio jurídico”, señaló.
El anuncio de las reformas
El sábado 11 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, adelantó que dicho organismo debía trabajar en una reforma de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, con el objetivo de que los propietarios “no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas”.
“Tenemos que trabajar en la Asamblea Nacional para hacer reformas en las leyes, al menos en la ley de alquileres, para que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas”, expresó durante una rueda de prensa.
El parlamentario aseguró que en Venezuela existen hasta 200 mil viviendas que actualmente no están siendo alquiladas, debido a que sus propietarios prefieren mantenerlas desocupadas.
“Hay un número de hasta 200 mil viviendas en Venezuela que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda, porque en efecto es muy regresiva la ley con la que contamos”, señaló.
Sector inmobiliario instó a revisar legislaciones vigentes para facilitar ayuda a damnificados
Antes del anuncio de la Asamblea Nacional sobre estas reformas, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, pidió que se revisaran estas leyes para proteger a los afectados por los terremotos del 24 de junio.
“¿Tiene que pasar algo tan grave como lo que pasó para que alguien sentado en su escritorio reciba los documentos que nosotros hemos entregado para un cambio de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario? (…) Que esos inmuebles que están cerrados y que deben ser abiertos para ayudar a las familias, que se abran con el respaldo, pero que todo el mundo esté protegido, garantizado. No voy a proteger a una parte de la sociedad y la otra parte la dejo desvalida. No tiene sentido”, precisó en entrevista para Unión Radio el viernes 10 de julio.
Entre las legislaciones que Di Geronimo consideró que se deberían reformar nombró la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
El balance oficial difundido por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez el 14 de julio precisó que tras el doble terremoto 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron, mientras que 20.903 personas se encuentran alojadas en 107 campamentos transitorios habilitados en las zonas afectadas.
