La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos sectores de Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade (Florida) con una importante población venezolana, ha generado preocupación entre residentes, comerciantes y organizaciones vinculadas con la comunidad migrante. Esta situación llevó al concejal de la ciudad, Rafael Pineyro, de origen venezolano, a enviar un reclamo a instancias federales.
En un video publicado en Instagram, Pineyro informó que remitió un reporte a los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, además de los senadores por Florida Rick Scott y Ashley Moody. Según explicó, el documento fue elaborado junto con abogados especializados en inmigración y busca poner en contexto a las autoridades sobre la situación que atraviesa Doral.
“Se puede hacer cumplir la ley sin perder la humanidad”, fue una de las expresiones que usó Pineyro en el video.
Sus declaraciones se producen en medio de diversos reportes registrados en los últimos días, en los que usuarios de redes sociales informan sobre operativos de ICE en diferentes sectores de la ciudad.
La presencia de agentes federales ha provocado inquietud entre residentes y, según testimonios recogidos por abogados y personas de la comunidad, una disminución de la actividad en algunas zonas comerciales.
Alta concentración de venezolanos
El temor es especialmente significativo en Doral debido a la alta concentración de población venezolana. La ciudad se convirtió durante las últimas décadas en uno de los principales centros de asentamiento de venezolanos en el sur de Florida.
Pineyro cuestionó las detenciones de personas que, según sostuvo, trabajan, cumplen las leyes locales y mantienen procesos migratorios abiertos. Al mismo tiempo, estableció una diferencia con quienes tienen órdenes de deportación vigentes o antecedentes penales.
“Es algo inhumano, es incorrecto, ya que están atacando a familias, personas trabajadoras, personas que están haciendo lo correcto y que están en un proceso migratorio”, afirmó el concejal.
Abogados que siguen casos de inmigrantes en la zona también han expresado preocupación por algunas de las detenciones y han advertido sobre posibles irregularidades en los arrestos ejecutados por funcionarios de inmigración.
Carlos Bermúdez, abogado de la organización Immigration No Complication, aseguró en una entrevista para Telemundo que durante los operativos han sido detenidas personas con procesos migratorios abiertos y consideró que algunos de los arrestos podrían haber sido arbitrarios.
Otros abogados han señalado que entre los afectados habría personas con solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo y otros trámites migratorios en curso. Estos señalamientos, sin embargo, corresponden a reportes de representantes legales y residentes y no implican que todos los detenidos se encuentren necesariamente en la misma situación migratoria.
Un aumento de las detenciones en todo Estados Unidos
Los operativos en Doral forman parte de un contexto nacional de endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato de Donald Trump.
Según datos gubernamentales analizados por The Washington Post, ICE realizó 49.571 arrestos durante julio, la cifra mensual más alta registrada durante el actual mandato de Trump. El número representó un aumento de 15 % respecto de junio y de 70 % frente a febrero.
El mismo análisis encontró que más de la mitad de las personas detenidas en julio no tenía antecedentes penales, mientras que menos de una cuarta parte había sido condenada por algún delito.
Los datos también muestran que las autoridades migratorias han detenido a personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos migratorios en curso, aunque el gobierno federal sostiene que sus operaciones están dirigidas a hacer cumplir las leyes migratorias y proteger la seguridad pública.
Florida se encuentra entre los estados donde las operaciones han adquirido mayor relevancia. En julio, Florida y Texas concentraron cerca de 20.000 arrestos por parte de ICE, según datos obtenidos por el Deportation Data Project y reportados por The Associated Press.
¿Qué papel tiene la Policía de Doral?
Una de las dudas que ha surgido entre residentes es si los operativos observados en la ciudad son ejecutados directamente por la Policía de Doral.
Pineyro ha insistido en que las redadas de ICE son operaciones de carácter federal y que la Policía de Doral no es la responsable de dirigir esos procedimientos.
La confusión se produce, en parte, por la existencia de acuerdos de cooperación entre autoridades locales y federales. Doral suscribió en 2025 un acuerdo bajo el programa 287(g), que permite determinadas formas de colaboración entre agencias locales y las autoridades migratorias federales.
Sin embargo, la existencia de este convenio no significa que cada operativo de ICE en la ciudad sea dirigido por la policía municipal.
¿Por qué hay preocupación entre las familias venezolanas?
La preocupación de la comunidad no se limita a las personas detenidas. Residentes consultados por abogados y comunicadores han descrito cambios en su rutina diaria ante el temor de ser interceptados por agentes migratorios.
Entre los testimonios difundidos en redes sociales aparecen referencias a familias que han evitado llevar a sus hijos a la escuela, personas que han cambiado de domicilio y comerciantes que aseguran haber experimentado una reducción de clientes.
También se han reportado dificultades económicas para afrontar los costos asociados con la representación legal y las fianzas de personas detenidas. Estos testimonios circulan principalmente a través de cuentas de Instagram y son compartidos por otros usuarios mediante capturas de pantalla, así como en grupos comunitarios.
¿Qué pueden hacer los migrantes ante una posible detención?
Organizaciones que trabajan con inmigrantes recomiendan prepararse con anticipación ante un eventual contacto con agentes migratorios. Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) aconseja mantener organizados documentos como el permiso de trabajo, la licencia de conducir, el pasaporte y comprobantes relacionados con solicitudes migratorias pendientes.
La organización también recomienda que una persona de confianza pueda acceder a esa información en caso de una detención.
Otra medida preventiva es contar previamente con los datos de un abogado o representante legal y asegurarse de que familiares cercanos sepan a quién contactar.
En cualquier caso, las circunstancias de cada persona son diferentes. El estatus migratorio, la existencia de una orden de deportación, una solicitud pendiente o cualquier antecedente previo pueden modificar sustancialmente la situación jurídica.
