El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el martes 4 de agosto que las madres de los presos políticos instalaron una mesa para exigir medidas que protejan la vida de sus familiares detenidos.
“Aunque fue postergada la instalación de la mesa de discusión sobre el futuro del país, las familias mantuvieron su acción para recordar una urgencia que no cambia con el calendario político: la vida de quienes permanecen bajo custodia no puede esperar”, agregó Clippve en su cuenta de X.
Durante la instalación de la mesa, los familiares colocaron los nombres y rostros de sus seres queridos y reiteraron los riesgos que enfrentan tras meses, y en algunos casos años, de detención.
Las denuncias de los familiares de presos políticos
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, denunció las condiciones en las que se encuentran varios de los detenidos. Además, exigió “libertad plena” para todas las personas que permanecen detenidas por motivos políticos.
“La vida de quienes permanecen bajo custodia no puede esperar. Hemos denunciado aislamiento, falta de atención médica y condiciones de reclusión que ponen en riesgo su vida e integridad”, agregó.
El sábado 1° de agosto, los familiares de los presos políticos exigieron incluir la situación de sus seres queridos en el proceso de diálogo entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera.
Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a la agencia de noticias EFE que el “punto número uno” en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos “si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien” y “quieren una Venezuela limpia, libre y democrática”.
Clippve advirtió sobre los riesgos tras los terremotos
Clippve señaló que los terremotos ocurridos el 24 de junio hicieron todavía más evidente “la vulnerabilidad y la necesidad” de los familiares de que se adopten decisiones urgentes para proteger la vida de los presos políticos.
El viernes 31 de julio, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió el traslado de al menos 25 mujeres que permanecen en el retén de Caraballeda, estado La Guaira, cuya infraestructura resultó afectada por el desastre del 24 de junio.
La organización sostuvo que durante semanas las reclusas permanecieron en el lugar sin agua potable y con pocos alimentos, que recibían de sus familiares.
Fue un mes después de la tragedia, prosiguió, cuando comenzó a restablecerse el servicio de agua, que permite a las mujeres allí detenidas asearse, pero no es apta para el consumo.
Además del retén de Caraballeda, Clippve también pidió el 18 de julio una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, debido a los daños y riesgos asociados con los movimientos telúricos.
En una publicación en X, la organización sostuvo que hasta la fecha las autoridades no han establecido protocolos preventivos ni permitido el ingreso de organismos independientes para verificar el estado de la cárcel y las condiciones de reclusión.
