Un grupo de parlamentarios ingresó ante el Senado de Chile un proyecto de ley que busca crear un nuevo delito migratorio para sancionar los presuntos matrimonios y Acuerdos de Unión Civil (AUC) “por conveniencia”, y que supuestamente se celebrarían con el objetivo de obtener beneficios migratorios de manera fraudulenta.
De acuerdo con medios chilenos, la iniciativa fue impulsada por el senador Iván Flores (Democracia Cristiana), Arturo Squella (Partido Republicano), Paulina Núñez (Renovación Nacional), Paulina Vodanovic y Daniella Astudillo (ambas del Partido Socialista de Chile).
Además de su ingreso al Congreso, la propuesta también fue presentada al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con el fin de solicitar el patrocinio del Ejecutivo, quien respaldó a los senadores que impulsan la iniciativa.
“Esta iniciativa apunta a fortalecer el cumplimiento de la ley, prevenir el uso fraudulento de estas figuras y contribuir a una migración segura, regular y ordenada”, se lee en una publicación que se realizó en la cuenta en Instagram de Migraciones de Chile el 4 de agosto.
El proyecto propone modificar la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería mediante la incorporación del artículo 119 bis, que tipifica como delito la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil destinados a eludir la legislación migratoria para obtener permisos de residencia, la nacionalidad chilena u otros beneficios de forma fraudulenta.
Según los fundamentos de la moción, aunque en estos casos ambas personas manifiestan voluntariamente su intención de contraer matrimonio o suscribir un AUC, supuestamente, el objetivo real no sería formar una vida en común, sino utilizarlo como un mecanismo para acceder a beneficios migratorios. Por ello, los diputados sostienen que la conducta constituye un fraude a la administración pública y que existe un vacío legal que debe ser corregido.
De dónde surge la propuesta
La presentación del proyecto ocurre días después de que un reportaje del medio chileno Canal 13 revelara la existencia de una presunta red que ofrecería asesorías y personas dispuestas a celebrar Acuerdos de Unión Civil a cambio de dinero con ciudadanos extranjeros, bajo la promesa de facilitar la obtención de residencia temporal en Chile.
El medio indicó que se logró internar en las supuestas oficinas de “asesoramiento” y mostró presuntos registros encubiertos en los que supuestamente intermediarios entregaban instrucciones para aparentar una relación de pareja durante eventuales entrevistas de las autoridades migratorias.
El reportaje también expuso cifras del Servicio Nacional de Migraciones que evidencian un aumento en las solicitudes de residencia temporal asociadas a AUC. De acuerdo con los antecedentes citados en la moción, durante 2024 se registraron 1.946 solicitudes presentadas por personas extranjeras en situación migratoria irregular y en 2025 la cifra aumentó a 4.200. En lo que va de 2026, ya suman 2.268 solicitudes. Asimismo, entre 2022 y 2025 fueron otorgadas 7.324 residencias temporales mediante esta vía.
¿Qué sanciones contempla la iniciativa?
La propuesta de los diputados establece penas de cárcel menor en su grado medio y multas de entre 10 y 20 unidades tributarias mensuales (UTM) (entre 783 y 1.566 dólares) para quienes celebren un matrimonio o un acuerdo de unión civil con una persona extranjera en situación migratoria irregular con el propósito de que pueda obtener beneficios migratorios de manera fraudulenta.
Si una persona hubiera celebrado previamente uno o más matrimonios o AUC similares con distintos extranjeros, la pena aumentaría a presidio menor en su grado medio a máximo y multas de entre 21 y 50 UTM (entre 1.644 y 3.915 dólares).
Asimismo, el proyecto de ley también contempla sanciones para quienes organicen, promuevan, faciliten o intermedien, con fines de lucro, este tipo de vínculos. En esos casos se proponen penas de cárcel y multas de entre 51 y 100 UTM (unos 3.993 y 7.830 dólares).
También se plantea revocar cualquier residencia, nacionalidad o beneficio migratorio obtenido mediante este mecanismo e impedir que esas personas vuelvan a acceder a dichos beneficios.
Lo que dice la Ley
De acuerdo con la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería de Chile, el Servicio Nacional de Migraciones puede conceder un permiso de residencia temporal a quienes acrediten tener vínculos familiares con ciudadanos chilenos o con migrantes que tengan Residencia Definitiva.
No obstante, el matrimonio o el Acuerdo de Unión Civil no otorgan automáticamente la residencia en Chile. Estas figuras constituyen una de las causales para solicitar un permiso de residencia temporal por reunificación familiar, cuya aprobación depende de la evaluación que realice el Servicio Nacional de Migraciones y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente.
La reunificación familiar está regulada en el artículo 19 de la Ley N.° 21.325, el cual establece que los residentes podrán solicitar este beneficio para su cónyuge o para aquella persona que mantenga una relación que produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como para sus padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren cursando estudios y menores de edad que estén bajo el cuidado del residente.
Por otro lado, quienes obtengan un permiso de residencia temporal mediante reunificación familiar podrán hacerlo en calidad de titulares o de dependientes. En ambos casos, la normativa permite desarrollar actividades remuneradas en Chile, por lo que estas personas pueden trabajar de manera legal.
Para acceder a este beneficio es necesario acreditar el vínculo familiar o la existencia de una relación de convivencia genuina, según corresponda. Asimismo, el titular debe demostrar que cuenta con actividad económica o ingresos estables que permitan garantizar la manutención de quienes soliciten la residencia temporal en calidad de dependientes.
La legislación también establece que el matrimonio con un ciudadano chileno no implica la obtención automática de la nacionalidad chilena. Para acceder a ella deben cumplirse los requisitos previstos en la Ley de Migración y Extranjería, entre ellos contar con residencia definitiva vigente, así como los plazos establecidos por la normativa.
Hasta la fecha, para poder solicitar la nacionalidad en Chile, el extranjero debe contar con cinco años o más de residencia, tiempo que se calcula desde la fecha que obtuvo la primera Residencia Temporal que dio pie a la Residencia Definitiva. En el caso de cónyuge, estos pueden optar por la nacionalidad luego de dos años de haber recibido Residencia Definitiva.
Actualmente, hay un proyecto de Ley en el Congreso que busca modificar la Ley de Migraciones y Extranjería para aumentar el requisito de cinco a diez años con residencia continua para solicitar la nacionalidad, además de sumar que se realice un examen de conocimientos sobre el país.
Abogado cuestionó la interpretación del reportaje
Tras la emisión del reportaje, el abogado venezolano-chileno Braulio Jara cuestionó la forma en que fue presentada la información. El especialista sostuvo, en un video publicado en sus redes sociales, que “casarse en Chile no te regulariza” y aseguró que un matrimonio o un Acuerdo de Unión Civil, por sí solos, no otorgan automáticamente la residencia migratoria, sino que constituyen un antecedente dentro de un eventual proceso de regularización por arraigo familiar. Asimismo, insistió en que las relaciones deben ser reales y no fraudulentas.
“Primero que hay que hacer observación es que casarse en Chile no te regulariza. Así que ya el titular de la información no se corresponde con la verdad. Un matrimonio no regulariza aquí a nadie. Eso allá en Estados Unidos, aquí no. Por lo tanto, eso no es delito en Chile tampoco”, expresó el abogado.
Señaló que existen ciudadanos chilenos casados con personas extranjeras que ingresaron al país por pasos no habilitados y que, pese a mantener vínculos familiares e incluso tener hijos chilenos, aún enfrentan dificultades para resolver su situación migratoria.
Ante este contexto, Jara hizo un llamado a abordar el debate migratorio con responsabilidad y evitar conclusiones que puedan generar confusión sobre el funcionamiento del sistema en Chile.
