Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas celebraron la notificación de libertad plena para la presa política y jueza María Lourdes Afiuni, quien se encontraba detenida desde el año 2009.
“La libertad plena de María Lourdes Afiuni era una deuda pendiente desde al menos 2019. Igual, muy bienvenida la noticia. Que sea éste el inicio de una larga cadena de otras buenas noticias”, dijo el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta de X.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) afirmó que la noticia del fin del proceso contra la jueza la reciben “con alivio”, aunque también hicieron un llamado a la reflexión sobre “la impunidad estructural” que existe en el país.
“Su caso se convirtió en la evidencia más contundente del colapso de la independencia judicial en Venezuela y del uso del sistema de justicia como un mecanismo de intimidación y persecución política. El fin de este arbitrio no borra más de una década de tratos crueles, violaciones a los derechos humanos ni el daño irreparable infligido a su vida personal y profesional”, agregó.
Por su parte, Acceso a la Justicia espera que la libertad plena de Afiuni marque “el inicio de la liberación de todos los presos políticos en Venezuela”.
La noticia de la liberación de Afiuni se dio luego de que la familia de la jueza alertara sobre sus complicaciones de salud y en medio del proceso de diálogo entre la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, y la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera.
Familiares confirmaron su libertad plena
El viernes 7 de agosto, el hermano de la exjueza María Lourdes Afiuni, Nelson Afiuni, informó que su familia recibió una notificación sobre la libertad plena y el cierre del proceso judicial que se mantenía contra ella desde hace más de 16 años.
“Importante, en la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la jueza”, escribió Nelson Afiuni en una publicación en X.
La información se conoció mientras Afiuni atraviesa complicaciones en su estado de salud. Su familia informó recientemente que la trasladaron de urgencia a un centro asistencial tras presentar mareos, vómitos e hipertensión. Luego de estudios especializados, le detectaron tres lesiones tumorales que requieren atención médica inmediata.
De acuerdo con un comunicado de los familiares de la jueza, la medida representa “el final” de un “largo y doloroso capítulo” que estuvo marcado por “violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”.
En el comunicado, la familia de la jueza Afiuni expresó que la decisión no repara los daños ocasionados durante todos estos años y aseguró que el caso “permanece como una advertencia” para la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema judicial como “instrumento de represalia”.
El caso María Lourdes Afiuni
El caso de María Lourdes Afiuni comenzó el 10 de diciembre de 2009, cuando fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras conceder una medida cautelar al empresario Eligio Cedeño, en una decisión que, según sus defensores, se ajustó a la legislación venezolana y a una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
Cedeño era un banquero que permanecía detenido, sin juicio, desde febrero de 2007, acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales.
Tras su arresto, Afiuni se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
El 11 de diciembre de 2009, el presidente Hugo Chávez pidió en cadena de radio y televisión que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel a la jueza por haber “facilitado la fuga” de Cedeño, debido a que el banquero huyó del país tras ser liberado. El 15 de junio de 2026 la ONG Acceso a la Justicia catalogó el caso como “uno de los principales ejemplos del deterioro de la institucionalidad venezolana”.
Al día siguiente, la jueza fue presentada en tribunales y le imputaron los delitos de “corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad”.
Desde entonces, Afiuni permaneció en prisión preventiva en el INOF hasta que en 2011 se le concedió una medida de arresto domiciliario. El 28 de noviembre de 2012 inició formalmente el juicio en su contra y, en 2013, se le otorgó libertad condicional con medidas restrictivas.
En 2019 finalmente llegó la sentencia y la condenaron a cinco años de prisión por “corrupción espiritual”. El viernes 7 de agosto de 2026, su familia informó que recibió la notificación de libertad plena y del cierre definitivo del proceso judicial, con lo que concluyó un caso que se prolongó por más de 16 años.
