La organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia presentó una ruta, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para avanzar en el proceso de reinstitucionalización en cuanto a la elección independiente de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La ONG señaló el proceso de reinstitucionalización que atraviesa el país y destacó que no solo representa una oportunidad histórica para “reconstruir sus instituciones democráticas”, sino que también ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del TSJ “se ajuste plenamente al modelo constitucional”, según la nota de prensa publicada por el observatorio venezolano sobre Estado de derecho y justicia el viernes 7 de agosto.
“La renovación del Tribunal Supremo ya había comenzado en abril de este año. El proceso quedó suspendido a finales de junio como consecuencia del doble terremoto que afectó al país. Hoy forma parte de la agenda de reinstitucionalización, lo que brinda la oportunidad de corregir sus deficiencias antes de que continúe. Y esa corrección es indispensable”, recordó la ONG.
Durante la llegada de la opositora Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, el miércoles 5 de agosto, indicó a El Diario que la “reinstitucionalización del TSJ” está prevista para el mes de noviembre de 2026.
En cuanto al marco legal, Acceso a la Justicia advirtió que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aparta del modelo previsto en la Constitución, que atribuye la preselección de candidatos a un Comité de Postulaciones Judiciales con participación exclusiva de la sociedad civil.
La ley vigente, en cambio, trasladó el control de esa etapa a la Asamblea Nacional, lo que “reduce la participación ciudadana y favorece la politización del proceso”, apartando el modelo previsto en la Constitución.
“La propia experiencia demuestra que esa ley puede reformarse. Hace apenas unos meses fue modificada, entre otros aspectos, para aumentar el número de magistrados. Si pudo cambiarse para alterar la composición del Tribunal, también puede reformarse para adecuarla a la Constitución y restablecer las garantías de independencia judicial que esta consagra, devolviendo a la sociedad civil el papel central que le corresponde en la preselección de los candidatos”, precisó la ONG.
El observatorio venezolano aseguró que si la reforma no se produce, el proceso de selección ya iniciado debe retrotraerse hasta la fase de convocatoria de postulaciones.
Esta se desarrolló “sin la transparencia exigida por la propia ley”, lo que requiere como mínimo la publicación del baremo de evaluación, del número de vacantes, de las salas a las que corresponden y de toda la información necesaria para garantizar un proceso abierto, verificable y sujeto al escrutinio ciudadano.
La CIDH como actor idóneo
De acuerdo con Acceso a la Justicia, en cualquiera de los escenarios planteados, la Comisión Interamericana puede “desempeñar un papel muy importante”.
“Su experiencia y autoridad en materia de independencia judicial la convierten en un actor idóneo para acompañar técnicamente este proceso, promover la aplicación de estándares objetivos de evaluación y dar seguimiento al cumplimiento de los principios interamericanos de independencia judicial, transparencia y mérito”, reiteró.
Para la ONG, la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por “recuperar la independencia de sus jueces”. Afirmó que solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito.
