Un grupo de ex presos y perseguidos políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro expresó su respaldo al proceso de negociación liderado por la Asamblea Nacional electa en 2015. En un comunicado difundido el miércoles 12 de agosto, los firmantes defendieron esta ruta como un mecanismo para avanzar hacia la reinstitucionalización del país y una transición pacífica a la democracia.
En el documento, los ex presos y perseguidos políticos reivindicaron las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo dos tercios de la Asamblea Nacional. A su juicio, esa mayoría permitió que el Parlamento tuviera facultades para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como para ejercer controles frente al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, sostienen que una sentencia del TSJ que declaró en desacato a la Asamblea terminó anulando en la práctica la voluntad expresada en las urnas y facilitó la consolidación del gobierno de Maduro.
Los firmantes también cuestionaron el papel que, según su declaración, han desempeñado el TSJ y la Fiscalía en el sistema político venezolano. Asimismo, señalaron que, a dos años de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el TSJ no ha ordenado al CNE publicar las actas de esos comicios, pese a que la legislación establece esa obligación. En ese contexto, sostienen que el Poder Judicial no ha actuado de manera independiente frente al poder político.
Nuevo TSJ y CNE
Ante este escenario, los ex presos y perseguidos políticos plantearon que la reconstrucción institucional de Venezuela debe comenzar con la conformación de un nuevo TSJ y un nuevo CNE, seleccionados bajo criterios de independencia y mérito. Según explicaron, estos organismos deberían garantizar las condiciones para convocar elecciones libres y restablecer la separación de poderes.
Los firmantes señalaron que su respaldo a la ruta impulsada por la Asamblea Nacional de 2015 parte de sus propias experiencias de cárcel, exilio, incautación de bienes y otras formas de persecución política. Aseguraron que su objetivo es contribuir a una salida institucional que permita avanzar hacia elecciones libres, la libertad de los presos políticos y la recuperación de la democracia en Venezuela. La declaración concluye con un llamado a una transición pacífica: “El pueblo de Venezuela necesita una transición en paz hacia la democracia”.
El comunicado fue firmado por varios ex presos y perseguidos políticos como Roland Carreño, Carlos Azuaje, Villca Fernández, Jean Carlos Vásquez, Javier Oropeza Álvarez, Diego Mejías Sierra, entre otros.
