La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público alertó sobre la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y advirtió que las condiciones del servicio evidencian una crisis estructural previa a los eventos naturales registrados recientemente, como el doble terremoto del 24 de junio.
En una publicación en su página web, Espacio Público cuestionó la distancia entre los balances oficiales sobre la generación eléctrica y la realidad que enfrenta la ciudadanía, marcada por cortes prolongados y recurrentes en distintas zonas del país. Según la organización, las explicaciones oficiales que atribuyen las fluctuaciones a factores externos no permiten explicar la magnitud del deterioro del sistema.
La organización sostuvo que el problema eléctrico trasciende las fallas de infraestructura, debido a sus consecuencias sobre otros derechos fundamentales.
“Los cortes de electricidad prolongados y recurrentes no son solo una falla de infraestructura técnica; se consideran una violación multisectorial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La energía eléctrica se ha convertido en un servicio público esencial: sin electricidad, el ejercicio de otros derechos fundamentales se vuelve imposible de sostener”, dice la publicación.
La organización señaló que, tras los sismos del 24 de junio, el Ministerio para la Energía Eléctrica atribuyó las severas fluctuaciones y racionamientos a daños ocasionados en la infraestructura del sistema centro-occidental.
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, había informado que los sismos afectaron la Planta Termoeléctrica Carabobo y provocaron la interrupción de la línea de 400 kV entre Planta Centro y Yaracuy 1. De acuerdo con esa versión, los daños produjeron inicialmente un déficit de 600 megavatios (MW) y redujeron en otros 100 MW la transferencia de potencia hacia el occidente.
Las autoridades también señalaron que se desarrollaban trabajos para recuperar 450 MW y reparar las torres de transmisión afectadas, además de anunciar la incorporación de 4.800 MW al sistema antes de finalizar 2026.
Sin embargo, Espacio Público plantea que los datos disponibles apuntan a un deterioro anterior a los sismos. La organización citó información del sector eléctrico y de organismos internacionales, entre ellos la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), para señalar que el servicio eléctrico enfrenta problemas asociados a la falta de información pública y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El sistema, diseñado desde la década de 1960 para conectar los principales centros de generación hidroeléctrica y termoeléctrica con los polos de consumo, fue centralizado en 2007 bajo la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Actualmente, según el análisis, atraviesa un escenario de colapso operativo.
Capacidad de generación en Venezuela
Uno de los principales indicadores señalados por Espacio Público es la diferencia entre la capacidad instalada y la generación realmente disponible. Aunque Venezuela posee una capacidad nominal estimada entre 34.000 y 36.000 MW, más del 63 % de esa capacidad, equivalente a unos 21.000 MW, estaría fuera de servicio.
La generación efectiva se ubica entre 12.000 y 12.500 MW, mientras que la demanda nacional llegó a aproximarse a los 15.500 MW en mayo de 2026. Para la organización, esta brecha ayuda a explicar la insuficiencia de la oferta eléctrica y la recurrencia de los racionamientos.
Ante este escenario, Espacio Público atribuyó el déficit a problemas acumulados durante años, entre ellos la falta de inversión en mantenimiento preventivo, la obsolescencia de equipos, la escasez de combustible, la dependencia de la generación hidroeléctrica sin un respaldo eficiente, las pérdidas técnicas y deficiencias en el despacho de energía.
A esto se suma, según el comunicado, la ausencia de boletines técnicos independientes que permitan conocer con precisión el estado de la infraestructura y la evolución de los trabajos de recuperación. La organización cuestionó además que las campañas oficiales de “planes de ahorro” puedan trasladar a los usuarios parte de la responsabilidad por una crisis que, sostuvo, está vinculada con la gestión estatal del sistema.
En ese sentido, Espacio Público consideró que los cortes recurrentes de electricidad y agua deben entenderse como consecuencias de problemas de inversión, planificación y control público, y no únicamente como mecanismos de concienciación dirigidos a la población.
Exigen información y rendición de cuentas
La organización insistió en que el Estado debe cumplir las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Eléctrico, particularmente aquellas relacionadas con la conformación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica contemplada en los artículos 15 y 17.
Entre las medidas que se reclaman está la publicación diaria y desglosada por estado de los niveles de generación y de la demanda efectiva. También se solicita un informe técnico independiente que detalle los daños y los avances de recuperación en Termo Carabobo y Planta Centro.
Otro de los planteamientos es la publicación anticipada de los cronogramas de racionamiento eléctrico y de distribución de agua potable. Espacio Público sostuvo que esta información debe ser clara y accesible para permitir que los ciudadanos puedan organizar sus actividades cotidianas y productivas.
La organización también exigió una auditoría pública sobre las inversiones destinadas al sistema, incluyendo los presupuestos asignados, los contratos suscritos y los cronogramas de ejecución vinculados con la promesa oficial de incorporar 4.800 MW.
En este punto, el comunicado hace referencia al anuncio realizado el 12 de agosto por el ministro Rolando Alcalá sobre el reinicio de los trabajos en Tocoma y Macagua, en la región de Guayana, específicamente en el bajo Caroní.
“Es una obra de gran envergadura. Se va a trabajar con los más altos estándares de Calidad”, dijo Alcalá al referirse al reinicio de los trabajos, cuyo contrato fue firmado con la multinacional argentina Impsa.
Espacio Público recordó que los trabajos de la represa hidroeléctrica de Tocoma fueron anunciados en 2002, cuando se asignaron recursos y se estableció como fecha de entrega el año 2012. Al cumplirse 14 años después de ese plazo, la organización señaló que la ciudadanía también espera información y rendición de cuentas sobre los recursos y compromisos asociados al proyecto.
La organización insistió en su llamado a transparentar la situación operativa del SEN y a garantizar mecanismos de información y control público que permitan conocer las condiciones reales del sistema, las inversiones realizadas y los avances concretos de las obras anunciadas.
