Catorce organizaciones y personas defensoras de derechos humanos instaron a renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de diciembre, como parte del diálogo político facilitado por EE UU entre el gobierno y sectores de la oposición.
En un pronunciamiento publicado el 19 de agosto, las organizaciones señalaron que la conformación de una nueva directiva del CNE y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son resultados concretos que pueden producirse en los próximos meses.
“No vemos razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre”, señalaron. Agregaron que los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten renovar el organismo electoral en un plazo cercano a dos meses y que, “si existe voluntad política, octubre es una fecha posible”.
Piden convertir el diálogo en resultados concretos
Las organizaciones consideraron que la mesa de negociación “necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana” y señalaron que nuevas instituciones conformadas por personas idóneas y mediante mecanismos transparentes pueden contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Después de años de promesas incumplidas, incertidumbre y frustraciones acumuladas, esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad; necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar”, expresaron.
El grupo advirtió que postergar la renovación del CNE puede profundizar “la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional”. Por el contrario, consideró que activar la agenda electoral junto con la renovación del TSJ “puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza” tanto dentro de Venezuela como entre los actores internacionales que acompañan el proceso.
Las organizaciones también señalaron que el tema electoral ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas y que exigir un cambio democrático y una ruta clara para alcanzarlo “no es ser maximalistas”, sino responder a una demanda que consideran legítima y urgente.
El pronunciamiento sostiene que la transición no debe limitarse a organizar una elección, sino que debe crear condiciones para que los ciudadanos puedan “participar, competir, informarse, organizarse y ejercer sus derechos sin miedo”.
“Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección. Continúa hasta que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024 sea materializada a través de un nuevo proceso electoral que conduzca a la reinstitucionalización democrática, al ejercicio de las libertades y el respeto de los derechos humanos”, afirmaron.
Para las organizaciones, unas elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales “libres, competitivas y verificables” constituyen una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro.
El pronunciamiento fue suscrito por el Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (Caipi), Cecavid, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Laboratorio de Paz, Movimientos Unidos por el Agua y los DD HH, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.
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