Durante años, el debate venezolano presentó el levantamiento de las sanciones como la condición necesaria para normalizar la economía. La secuencia parecía obvia: cambio político, eliminación de las restricciones y reinserción del país en los mercados internacionales.
Pero la apertura comenzó y las sanciones no desaparecieron.
Estados Unidos autorizó nuevamente operaciones petroleras, permitió suministrar diluyentes, abrió espacios en la minería, facilitó determinados servicios y creó mecanismos para negociar inversiones. Al mismo tiempo, conservó la estructura jurídica que le permite prohibir esas actividades, imponer condiciones, exigir reportes, controlar pagos y revocar el acceso.
No estamos ante un levantamiento progresivo de las sanciones. Estamos ante un cambio en su función.
Antes operaban principalmente como un muro para aislar al gobierno venezolano, reducir sus ingresos y desalentar la presencia de empresas internacionales. Ahora funcionan también como una puerta. La diferencia es que la llave permanece en Washington.
La prohibición da valor a la licencia
Una licencia solo tiene poder si detrás de ella existe una prohibición.
Si cualquier empresa pudiera invertir, cualquier banco procesar pagos y cualquier comprador adquirir petróleo venezolano sin autorización estadounidense, las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— perderían su valor estratégico. Washington dejaría de decidir quién entra, qué puede hacer, con quién puede contratar y bajo cuáles condiciones puede permanecer.
Por eso la apertura económica no exige desmontar el régimen sancionatorio. Puede depender de su permanencia.
El nuevo modelo funciona mediante una secuencia precisa: prohibición general, licencia selectiva, operación condicionada, reporte, pago controlado y posibilidad de revocación. El llamado snapback permite retirar la autorización si una empresa, una contraparte venezolana o el propio gobierno incumplen las condiciones impuestas.
El 10 de junio de 2026, la OFAC volvió a modificar siete licencias estratégicas relacionadas con petróleo, petroquímica, diluyentes, suministro de bienes y servicios, operaciones con PDVSA, minerales y oro. La revisión simultánea demuestra que las licencias no constituyen concesiones permanentes. Son instrumentos ajustables y reversibles.
Washington puede ampliar una operación, restringirla o modificar sus condiciones sin esperar un nuevo tratado. La empresa sabe que su acceso depende de mantenerse dentro de los límites establecidos; el gobierno venezolano sabe que el incumplimiento puede cerrar nuevamente el circuito.
Las sanciones dejaron de ser solamente castigo. Se han convertido en infraestructura de gobierno indirecto.
El dinero venezolano dentro de un circuito estadounidense
El nuevo circuito petrolero muestra con claridad esta transformación.
Las licencias permiten pagar en Venezuela impuestos ordinarios, permisos, tasas y ciertos gastos necesarios para las operaciones autorizadas. Pero determinados pagos a PDVSA o al gobierno venezolano —incluidas regalías, gravámenes por barril y otros ingresos vinculados con recursos naturales— deben dirigirse a los denominados Foreign Government Deposit Funds.
La Orden Ejecutiva 14373 estableció que esos fondos continúan siendo propiedad del Estado venezolano, pero permanecen bajo custodia de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro los mantiene en cuentas designadas y debe cumplir las instrucciones de desembolso o transferencia determinadas por el secretario de Estado.
Estados Unidos no declara esos recursos como propios. Los conserva en una capacidad custodial. Sin embargo, la disposición efectiva del dinero queda condicionada por decisiones estadounidenses.
Venezuela puede producir más, vender más y recibir más ingresos sin recuperar todavía el control completo sobre el circuito financiero generado por esas operaciones.
El país obtiene producción, compradores y capacidad potencial de pago. Washington obtiene trazabilidad, capacidad de condicionar desembolsos y protección frente a usos incompatibles con su política.
Más renta no significa necesariamente más soberanía.
La arquitectura que gestiona la puerta
OFAC es la cerradura más visible, pero no administra sola la apertura. Detrás de cada licencia existe una arquitectura interagencial capaz de convertir una decisión política en una operación autorizada, financiada, vigilada y eventualmente revocable.
La Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional fijan la orientación general: estabilizar Venezuela, recuperar su capacidad energética, facilitar la entrada de empresas occidentales, reducir la influencia de los adversarios geopolíticos y conducir posteriormente una transición legitimada mediante elecciones.
El Departamento de Estado gestiona interlocutores, garantías políticas y la relación cotidiana con Caracas. También determina los usos y desembolsos de los fondos venezolanos custodiados por Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro convierte esa orientación en poder financiero. OFAC define qué operaciones están permitidas y cuáles continúan prohibidas. FinCEN vigila riesgos de lavado de dinero, opacidad financiera y estructuras destinadas a ocultar beneficiarios o evadir controles.
Los departamentos de Energía e Interior intervienen en petróleo, gas, electricidad, minerales y recursos críticos. El objetivo no es solamente aumentar la producción venezolana: también es realinear el acceso a recursos considerados esenciales para la seguridad económica estadounidense.
El Departamento de Comercio cumple otra función: ayudar a las empresas de su país a ocupar el espacio abierto.
Para ello creó el Venezuela Business Information Center, dentro de la International Trade Administration y el U.S. Commercial Service. En coordinación con el Departamento de Estado, la Embajada en Caracas y el Commercial Service de Bogotá, ofrece información de mercado, oportunidades comerciales, posibles socios, compradores, licitaciones y orientación sobre sanciones y medios de pago.
Su existencia revela la doble naturaleza de la apertura. Washington no solo decide qué puede hacerse en Venezuela. También prepara a sus empresas para aprovecharlo.
El Bureau of Industry and Security —BIS— agrega el control sobre bienes, equipos, software y tecnología sujetos a las normas estadounidenses de exportación. Una operación puede estar autorizada financieramente por OFAC y, aun así, requerir verificaciones sobre el producto, su destino o su usuario final.
Finalmente están los bancos. Una licencia puede autorizar jurídicamente una transacción, pero solo una entidad financiera dispuesta a procesarla puede hacerla efectiva. Los bancos examinan contrapartes, beneficiarios finales, origen y destino del dinero y compatibilidad con las autorizaciones. Su aversión al riesgo puede impedir en la práctica aquello que formalmente está permitido.
La puerta no tiene una sola cerradura. Tiene varias.
Los poderes de Washington
Esta arquitectura concentra cuatro poderes.
El primero es el poder de enforcement: premiar la cooperación, castigar el incumplimiento y garantizar que los acuerdos produzcan consecuencias.
El segundo es el poder de autorización: permitir o bloquear inversores, compradores, bancos, buques, aseguradoras, servicios y tecnologías.
El tercero es el poder de diseño: ordenar las fases de la apertura, establecer garantías, imponer reportes y definir los límites de cada actividad.
El cuarto es el poder de selección: decidir quién recibe acceso y ventaja temprana, y quién queda excluido.
Varias licencias contienen restricciones vinculadas con Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, China y determinadas estructuras empresariales relacionadas con esos países. El régimen sancionatorio funciona así como instrumento económico y como mecanismo de realineamiento geopolítico.
No basta con que una inversión resulte rentable para Venezuela. Debe ser compatible con la arquitectura estratégica estadounidense.
Washington no necesita ocupar los ministerios
Hablar de tutela no significa afirmar que funcionarios estadounidenses administren cada despacho venezolano o dicten todas las decisiones del gobierno.
La administración venezolana conserva intereses propios, capacidad de ejecución y márgenes de negociación. Caracas concede permisos, cobra impuestos, administra aduanas, mantiene el control territorial y ejecuta mediante sus ministerios, PDVSA, el Banco Central y otros organismos.
Pero Washington controla varios de los puntos que hacen posible o imposible una operación: la licencia, el acceso al sistema financiero, la tecnología, determinadas condiciones contractuales, la aceptación de las contrapartes y una parte del circuito de pagos.
No necesita ocupar los ministerios. Le basta con controlar los límites dentro de los cuales pueden actuar.
Washington no gobierna cada día Venezuela, pero gobierna buena parte de las autorizaciones, incentivos y vetos dentro de los cuales los venezolanos pueden gobernarla.
Esa es la nueva utilidad de las sanciones.
Una apertura que puede cerrarse
Esperar un levantamiento rápido y generalizado conduce a interpretar incorrectamente el proceso.
Estados Unidos obtiene demasiadas ventajas del modelo actual: selecciona empresas, excluye adversarios, conserva trazabilidad, supervisa fondos y mantiene la posibilidad de revertir la apertura. Desmontar completamente las sanciones significaría renunciar a esos instrumentos antes de que termine la transición.
Lo más probable es que continúe una apertura gradual por sectores y licencias. Podrán ampliarse las actividades autorizadas, incorporarse nuevas empresas y flexibilizarse algunos controles. También podrán retirarse sanciones personales a quienes resulten funcionales al nuevo arreglo.
Pero el sistema de fondo permanecerá mientras Washington considere necesario administrar la estabilización, proteger sus intereses y conservar capacidad de respuesta frente a incumplimientos.
La economía venezolana puede recuperarse bajo ese modelo. El petróleo, la minería y ciertos servicios pueden avanzar con rapidez. Incluso puede producirse un rebote importante desde una base muy baja.
La cuestión es qué tipo de país surgirá de una recuperación organizada mediante autorizaciones externas.
Las sanciones ya no buscan únicamente impedir que Venezuela haga negocios. Ahora determinan cuáles negocios puede hacer, con quién puede hacerlos, cómo puede cobrar y hasta dónde puede disponer de los recursos obtenidos.
El muro comenzó a abrirse. Pero no fue derribado.
Fue convertido en una puerta.
Y la llave sigue en Washington.
