Como el “mayor acuerdo petrolero de la historia” calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la firma de un contrato para que su gobierno explote 17 campos petroleros venezolanos, con una reserva probada de más de 65 mil millones de barriles. Un hecho que no ocurría en el país desde la nacionalización de sus hidrocarburos en 1976, cuando la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) asumió el monopolio de su producción y comercialización.
Desde el gobierno encargado de Delcy Rodríguez no solo se confirmó el acuerdo, sino que se celebró agradeciendo al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su disposición. En un comunicado, Rodríguez afirmó que la entrada de Estados Unidos, acompañada de capital privado extranjero, se traducirá en una inversión de más de 100 mil millones de dólares, con más de 209 mil millones de dólares en tributos para las arcas del Estado.
“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”, dijo.
Sin embargo, la medida despertó fuertes críticas no solo por parte de sectores de la oposición que cuestionaron la transparencia y validez del trato, sino incluso desde el propio seno del oficialismo. Para varios grupos, en especial aquellos denominados como “chavismo disidente” u “originario”, la entrega de los recursos naturales del país a Washington representa un choque directo a todo un sistema de creencias que durante años giró en torno a ideas como el antiimperialismo, el nacionalismo bolivariano y el rechazo al modelo capitalista pregonado por Estados Unidos.
Postura oficial
Durante la madrugada, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) publicó un comunicado respaldando las acciones de Delcy Rodríguez y el acuerdo energético con la administración Trump. Resaltó que estos mecanismos “priorizan los intereses nacionales” y contribuyen a generar ingresos para recuperar la deteriorada industria petrolera venezolana, así como sus indicadores económicos.
“Respaldamos la conducción de la presidenta, quien asume con firmeza y responsabilidad las riendas de este proceso, consciente de que el país requiere de soluciones reales para la reactivación económica, la recuperación de los servicios públicos, la atención de los afectados por el doble terremoto, la generación de empleos, y la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional”, expresó.
La tolda roja aseguró además que estas medidas ayudarán al país a superar las consecuencias de las sanciones económicas que, precisamente, impuso Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. Aunque desde el 3 de enero de 2026, el Departamento de Estado ha otorgado licencias puntuales para reactivar sectores estratégicos de la industria venezolana como parte de la fase de recuperación económica, hasta el momento no se ha mostrado ningún interés en un levantamiento total de las sanciones, a pesar de ser una petición frecuente de Rodríguez.
“El PSUV continúa férreamente unido en torno a nuestro Alto Mando Político, para transitar esta nueva etapa con inteligencia estratégica, unidad popular y conciencia revolucionaria. Solo con cohesión interna y vigilancia patriótica podremos garantizar que los beneficios de este proceso reviertan en el pueblo”, agregó.
Entreguismo
Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue Manuel Quevedo, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2017 y 2020. En su cuenta de X, al principio desestimó el anuncio de Trump, pero al confirmarse por parte del gobierno venezolano, hizo un recuento de su paso por la estatal petrolera, denunciando que desde entonces ya había una presunta conspiración de Estados Unidos con actores del gobierno para atacar su gestión y perseguir a sus compañeros.
En su publicación, reconoció también las graves fallas que por entonces atravesaba la compañía, y que contribuyeron a la caída de su producción. “Con el tiempo se reconocerá mi gestión como una de las más atacadas en Venezuela. No recuerdo destrucción semejante de instalaciones en PDVSA. Fue bestial”, aseguró.
Cabe recordar que desde 2014, la mayoría de los funcionarios que han estado al frente de PDVSA y la cartera de hidrocarburos han terminado presos por corrupción. Tal ha sido el caso de Eulogio del Pino, Nelson Martínez (fallecido en su reclusión), Tareck El Aissami (solo ocupó el ministerio) y Pedro Rafael Tellechea. Únicamente Quevedo y Asdrúbal Chávez se han mantenido libres, así como la propia Delcy Rodríguez, quien fue ministra entre 2024 y 2026, sin pasar por PDVSA.
“No me entregué a intereses extranjeros; enfrenté la traición interna y defendí a Venezuela. Cuando tocó, fui al frente. Siento pena ajena y me duele el futuro del país”, concluyó Quevedo.
Otro expresidente de PDVSA solicitado por la justicia, pero que actualmente reside en el extranjero, es Rafael Ramírez, quien fue el ministro con la gestión más larga entre 2002 y 2014, pasando por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Distanciado desde hace años de las cúpulas del poder, también aprovechó para pronunciarse en X contra Delcy Rodríguez.
“Ciertamente pasará a la historia por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EE UU. Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera. Otra emboscada, nos tuvimos que enterar por Trump”, escribió.
Acusó al gobierno encargado de “entregar la Patria para mantenerse en el poder”. Incluso arremetió contra el comunicado del PSUV por usar en su membrete el rostro de Hugo Chávez, quien en su gobierno se caracterizó por sus tensiones con Estados Unidos y negociar el crudo con sus rivales geopolíticos como China. “Por lo menos quiten la foto de Chávez. ¡Le clavaron una puñalada al corazón de la Patria!”, exclamó.
Bases descontentas
Aunque diferentes funcionarios y voceros del oficialismo defendieron el acuerdo bajo los mismos argumentos usados por el comunicado del PSUV, la noticia no fue bien recibida entre los sectores más ortodoxos del chavismo, que la tomaron como un acto de “colonialismo” por parte de Estados Unidos. Oswaldo Rivero, antiguo presentador del programa Zurda Konducta, convocó a una protesta el 29 de agosto en la esquina Corazón de Jesús de La Hoyada, para rechazar lo que calificó como un “saqueo”. “Ni pacto ni transición. Movilización popular”, dijo.
Precisamente en ese punto de La Hoyada se concentró un grupo de activistas de izquierda del Frente Popular Antiimperialista, con pancartas rechazando el acuerdo. Sin embargo, sus voceros aclararon que la actividad ya estaba planificada desde antes del anuncio de Trump, como parte de sus manifestaciones semanales para rechazar la injerencia de Estados Unidos y del “sionismo” sobre Venezuela.
El llamado fue secundado por la Unión de Trabajadores Revolucionarios (UTR), que expresó su rechazo al gobierno encargado en un comunicado. “Este anuncio, realizado a través de acuerdos opacos, pretende justificar la pérdida de soberanía nacional bajo la promesa de inversiones e ingresos tributarios, mientras desde Washington se celebra el control mayoritario extranjero sobre nuestros recursos para abaratar sus costos energéticos internos. Denunciamos que ambas partes han pactado a espaldas de la voluntad del pueblo venezolano”, aseveró.
Por su parte, el influencer oficialista Luigino Bracci Roa, aseguró que a un ritmo de producción de 2 millones de barriles de crudo diarios, Estados Unidos necesitaría al menos 89 años para agotar las reservas de los yacimientos que controla. Instó a los militantes chavistas a rebelarse para “corregir” estas acciones, aunque más que culpar al gobierno, lo atribuyó a la situación desventajosa de Venezuela después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero.
“Somos un país pequeño, con la maldición del excremento del Diablo (el petróleo) en nuestro subsuelo, que intentó tener dignidad y ser independiente. Y un imperio con armas nucleares conducido por un viejo mitómano nos arrebató nuestro sueño. Vergüenza no siento porque al menos lo intentamos”, dijo.
¿Qué dice la oposición?
Hasta el momento, varias de las principales figuras de la oposición venezolana, como la líder María Corina Machado o la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, han mantenido silencio sobre el acuerdo energético con Estados Unidos. No obstante, dentro de las filas de la oposición parece no haber una postura unitaria, con grupos que han condenado abiertamente lo que consideraron un socavamiento de la soberanía nacional, mientras que otros han apoyado la idea de inversión estadounidense en el país, pero cuestionando la transparencia en el manejo de los recursos o un posible condicionamiento que retrase la fase de transición de Washington en el país.
El diputado de la AN 2025, Henrique Capriles, aseguró que si bien el país necesita inversiones, este acuerdo genera fuertes dudas debido a su opacidad y los antecedentes de corrupción del gobierno, por lo que defendió el derecho de los venezolanos a reclamar su soberanía sobre el petróleo. “Hay que recordar una y otra vez que los que destruyeron PDVSA son los mismos que siguen en el poder y que no van a reconstruir nada. Los venezolanos no tenemos ninguna confianza en quienes administran la hacienda pública (años de corrupción) y la única manera que eso cambie es que gente nueva y sin vicios asuma dicha administración”, opinó.
En cambio, el dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa aseguró que las implicaciones del acuerdo requieren “una lectura calmada” por su potencial para recuperar una industria petrolera mermada con ayuda del capital extranjero. Coincidió en que para garantizar la estabilidad y éxito de este mecanismo es necesario un cambio político que restablezca el estado de derecho y brinde garantías a las empresas.
“La única manera de verdaderamente reactivar a largo plazo la economía venezolana y hacer que este acuerdo beneficie a ambas partes es con una elección libre que lleve a un gobierno representativo, a reglas claras de juego, a estado de derecho, a instituciones que permitan manejar nuestros recursos transparentemente y en beneficio de la nación”, afirmó.
Finalmente, el economista Ricardo Hausmann atacó directamente al secretario Marco Rubio, señalándolo como responsable del conspirar junto a Delcy Rodríguez para negociar los recursos venezolanos, a pesar de que la presidenta encargada no cuenta, a su juicio, con la legitimidad ni el poder constitucional para firmar un contrato de ese tipo.
“Acabas de perder cualquier confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en ti, y eso te perseguirá. Optaste por usar el poder de EE UU, no para liberar a los venezolanos, sino para acostarte con nuestros opresores. Optaste por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresivo ilegítimo, en lugar de usar el liderazgo de EE UU para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”, acusó.
