Leí con atención la entrevista que Elías Jaua concedió recientemente a El País. Lo hice tratando de separar, en la medida de lo posible, las diferencias políticas que mantengo con él de aquellas cuestiones en las que considero que plantea problemas que Venezuela sí necesita discutir. Hay afirmaciones suyas con las que no estoy de acuerdo y hay omisiones que me parecen demasiado importantes para pasarlas por alto, pero también existe una preocupación que comparto y es que Venezuela no puede acostumbrarse a vivir bajo la tutela permanente de ningún país extranjero. No puede ser normal que otro Estado termine administrando recursos que pertenecen a los venezolanos, condicionando decisiones fundamentales de nuestra política interna o estableciendo los márgenes dentro de los cuales un gobierno venezolano puede actuar. Tampoco considero que unas nuevas elecciones, aun siendo indispensables, resuelvan por sí solas ese problema. Una elección puede devolver legitimidad democrática al poder político, al gobierno de turno; sin embargo, no devuelve automáticamente al Estado la capacidad material, institucional, económica y estratégica para ejercer plenamente su soberanía.
Hasta allí puedo coincidir con Jaua, pero mi diferencia comienza cuando ubica prácticamente el nacimiento del problema el 3 de enero de 2026 y sostiene que a partir de ese momento Venezuela perdió su condición de nación independiente. Esa afirmación deja fuera una parte demasiado grande de nuestra historia reciente. No puede omitirse que la soberanía venezolana venía siendo erosionada desde mucho antes, y una parte fundamental de esa erosión ocurrió durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuando precisamente (y contradictoriamente) el discurso oficial convirtió la palabra “soberanía” en una de sus consignas más repetidas. El 3 de enero abrió una situación extraordinaria, con una influencia estadounidense sobre los asuntos venezolanos que necesariamente deberá encontrar límites y una salida institucional. Pero Venezuela no llegó a ese día siendo una República plenamente soberana, institucionalmente sólida y autónoma que de repente fue privada de su independencia, llegó después de más de dos décadas de debilitamiento de sus contrapesos, deterioro de su aparato productivo, pérdida de autonomía institucional y penetración extranjera en espacios que cualquier Estado consideraría estratégicos.
Ahí está la primera discusión que Elías Jaua y otros dirigentes históricos del chavismo deberían estar dispuestos a dar con el país. Si vamos a hablar de soberanía, tenemos que hablar de toda la soberanía, no solamente de aquella que resulta conveniente reivindicar cuando Washington ejerce presión. Durante años Venezuela permitió que la relación con Cuba dejara de ser una relación normal de cooperación entre dos Estados para convertirse en algo mucho más profundo y extenso. La presencia cubana alcanzó áreas sensibles de la seguridad, la inteligencia, la contrainteligencia y la estructura militar venezolana. Hubo acuerdos que permitieron entrenamiento, asesoramiento y reorganización de componentes relacionados con la inteligencia militar; funcionarios venezolanos fueron formados en Cuba y asesores cubanos adquirieron acceso a espacios cuya administración corresponde, por definición, al Estado venezolano, a la soberanía venezolana. No estamos hablando de médicos, maestros o cooperación técnica, asuntos que pueden formar parte de convenios internacionales absolutamente legítimos, estamos hablando de la fibra más sensible de cualquier Estado: sus organismos de seguridad y su capacidad para controlar sus propias Fuerzas Armadas.
El propio Nicolás Maduro llegó a decir públicamente que el embajador de Cuba en Caracas prácticamente formaba parte del Consejo de Ministros y que debía tener acceso a los ministerios para coordinar políticas. La frase, por sí sola, debería haber provocado una discusión nacional mucho más seria de la que produjo. No conozco una interpretación razonable de la soberanía que considere normal que el representante diplomático de otro Estado sea presentado como una presencia casi permanente dentro del máximo espacio de conducción política de un país. Más revelador todavía fue lo ocurrido el 3 de enero: entre quienes murieron durante la operación estadounidense había decenas de integrantes de las estructuras militares y de seguridad cubanas. No es necesario exagerar el hecho ni adornarlo con teorías. La pregunta basta: ¿qué hacían miembros de los organismos militares y de seguridad de otro país formando parte de un dispositivo tan próximo al centro del poder venezolano? Quienes hoy reclaman soberanía frente a Estados Unidos tienen el deber de explicar por qué aquella misma sensibilidad estuvo ausente cuando la injerencia provenía de La Habana.
Ese es el punto de fondo. La soberanía venezolana no puede tener una definición distinta dependiendo de quién sea la potencia extranjera involucrada, injerencia es injerencia. Si consideramos inaceptable que Washington tenga capacidad para condicionar decisiones venezolanas, debemos aplicar exactamente el mismo criterio a Cuba, Rusia, Irán, China o cualquier otro Estado. Durante demasiado tiempo el chavismo convirtió la soberanía en una categoría ideológica: era soberanía enfrentarse a Estados Unidos, pero podía presentarse como solidaridad revolucionaria permitir niveles extraordinarios de influencia cubana dentro del Estado venezolano. Esa contradicción terminó siendo una de las grandes debilidades del proyecto porque la verdadera soberanía no consiste en cambiar una dependencia por otra ni en seleccionar tutelas de acuerdo con las afinidades políticas de quien gobierna, consiste en que Venezuela posea suficiente capacidad institucional, económica, militar, científica y productiva para decidir por sí misma con quién se relaciona y bajo qué condiciones.
Por eso tampoco comparto la reconstrucción histórica que presenta la etapa de Hugo Chávez como una especie de momento democrático originario que posteriormente habría sido deformado por Nicolás Maduro. Maduro profundizó enormemente el autoritarismo, la represión y la degradación institucional, pero no inventó la arquitectura de concentración del poder que recibió. Esa arquitectura comenzó a construirse mucho antes. El debilitamiento de la independencia judicial, la recentralización progresiva del país, la disminución de competencias efectivas de estados y municipios, la creciente confusión entre partido, gobierno y Estado, el uso de las instituciones como instrumentos del proyecto político oficial y la construcción de estructuras paralelas a las previstas constitucionalmente fueron procesos anteriores a la muerte de Chávez. La Constitución de 1999, paradójicamente, reconoce muchos principios que considero fundamentales: define a Venezuela como un Estado democrático, federal y descentralizado; consagra el pluralismo, la alternancia y la separación del poder. El problema fue la creciente distancia entre esa Constitución escrita y el sistema político que se fue construyendo en la práctica.
Por eso me llamó especialmente la atención una de las expresiones utilizadas por Jaua cuando recuerda que, después de la muerte de Chávez, ya no hubo árbitro y las distintas facciones terminaron enfrentándose entre sí. Esa frase, más que absolver al periodo anterior, revela uno de sus principales problemas. Una República no puede depender de que un hombre sea el árbitro. El árbitro tiene que ser la Constitución, los tribunales independientes, un Parlamento que controle al Ejecutivo, un Ministerio Público autónomo, un sistema electoral confiable, gobernadores y alcaldes con competencias reales y unas Fuerzas Armadas subordinadas a la institucionalidad y no a una parcialidad política. Si la convivencia interna de un proyecto depende de la autoridad personal del líder para contener a las facciones, entonces el problema institucional ya existe, aunque ese líder conserve popularidad o capacidad para arbitrar conflictos. El constitucionalismo fue concebido justamente para que la estabilidad de un país no dependa de la existencia de un hombre indispensable.
Elías Jaua fue más que un observador de ese proceso. Fue constituyente, ministro, vicepresidente y uno de los dirigentes civiles más importantes del chavismo. Tiene derecho, por supuesto, a revisar su historia y a señalar los errores que hoy considere evidentes. Sería positivo que más personas que ejercieron responsabilidades de Estado hicieran lo mismo. Pero una autocrítica verdadera no puede comenzar donde resulta más cómodo. Tiene que revisar también cómo se debilitó la separación de poderes, cómo retrocedió la descentralización, cómo la lealtad política terminó pesando demasiado en la administración pública, cómo se redujo la autonomía de instituciones que debían funcionar como contrapesos y cómo el interés de un movimiento político terminó confundido con el interés de la República. No se trata de convertir el debate en un juicio retrospectivo interminable, sino de comprender qué mecanismos permitieron que Venezuela terminara donde terminó. Si no entendemos esas causas, volveremos a reproducirlas bajo otros nombres.
Eso tampoco significa construir una historia en la cual todos los errores pertenecen al chavismo y la oposición aparece como una víctima políticamente impecable. La oposición venezolana cometió equivocaciones graves: hubo maximalismo, abstencionismo, personalismos, fracturas, estrategias incapaces de comprender la correlación real de fuerzas y decisiones que terminaron perjudicando los objetivos democráticos que pretendían alcanzar. El episodio de abril de 2002, además, debe ser analizado sin ambigüedades. Sin embargo, reconocer esos errores no convierte las responsabilidades históricas en equivalentes. Una cosa es la responsabilidad política de quien se opone al Gobierno y otra muy distinta es la responsabilidad estatal de quien durante décadas administra el presupuesto, conduce las Fuerzas Armadas, controla la administración pública, diseña las políticas, nombra funcionarios y ejerce progresivamente un dominio extraordinario sobre los órganos del Estado. La autocrítica opositora es necesaria, pero no puede utilizarse para diluir la responsabilidad principal de quienes gobernaron.
También debemos hablar con seriedad del 3 de enero. No creo que sea intelectualmente honesto presentar lo ocurrido exclusivamente como la destrucción de una normalidad soberana y democrática. Antes de esa fecha, Venezuela estaba inmersa en un proceso de cierre político, las garantías institucionales se encontraban severamente deterioradas y no había indicios suficientes de que quienes controlaban el poder estuviesen dispuestos espontáneamente a desmontar la estructura autoritaria que habían construido. El proceso electoral de 2024 había terminado sin la publicación integral de los elementos necesarios para verificar de forma transparente el resultado presidencial, los organismos de seguridad mantenían un enorme peso político y los mecanismos internos existentes no habían conseguido producir una transición democrática. Es difícil saber qué habría ocurrido en ausencia de la intervención estadounidense porque eso pertenece al terreno de las hipótesis, pero resulta igualmente difícil sostener que el país transitaba naturalmente hacia una apertura. Todo indicaba más bien una profundización del control.
Por eso mi valoración del papel de Estados Unidos parte de una distinción que es esencial. Creo que Estados Unidos puede y debe ser uno de los grandes aliados estratégicos de Venezuela, puesto que nuestros países tienen intereses objetivos comunes en materia energética, comercial, migratoria, de seguridad, lucha contra el narcotráfico, estabilidad hemisférica, inversión y reconstrucción económica. Tras años de estancamiento, Venezuela necesita capital, tecnología, financiamiento, mercados, infraestructura y cooperación institucional; Estados Unidos tiene interés en una Venezuela estable, democrática, próspera y capaz de contribuir a la seguridad del hemisferio. Sería absurdo desperdiciar esa convergencia. Ahora bien, una relación profunda y duradera con Estados Unidos, excluye precisamente una relación de dependencia. Una alianza verdadera necesita dos Estados capaces de defender sus respectivos intereses. Estados Unidos debe ser aliado, no un tutor; un socio estratégico, no un administrador permanente de nuestras decisiones.
La situación actual puede entenderse como un andamio: Cuando una estructura se encuentra gravemente dañada, un andamio puede ser indispensable para evitar su derrumbe y permitir la reparación. Sin embargo, el problema comienza cuando el andamio deja de concebirse como una herramienta transitoria y se convierte en la arquitectura definitiva de la casa, una casa que no consigue estabilidad por si sola. La cooperación estadounidense debe contribuir a que Venezuela recupere suficientes capacidades para administrar sus propios recursos, garantizar instituciones democráticas, reconstruir su economía y volver a ejercer plenamente las funciones de un Estado soberano. El éxito de esa cooperación no debería medirse por cuánto tiempo Washington conserva capacidad para decidir sobre Venezuela, sino precisamente por la rapidez con la que Venezuela recupera capacidad para decidir por sí misma. En este orden de ideas, no existe contradicción alguna entre ser nacionalista venezolano y defender una alianza estrecha con Estados Unidos cuando esa alianza se construye desde intereses recíprocos y no desde una relación de subordinación.
La misma lógica explica mi posición respecto de Israel. Venezuela no debería restablecer y profundizar su relación con Israel porque Washington se lo ordene o porque hacerlo se convierta en una condición externa. Debería hacerlo porque una relación estratégica con Israel responde directamente al interés nacional venezolano. Israel es uno de los grandes centros mundiales de innovación en agricultura, aprovechamiento del agua, riego, tecnología, medicina, inteligencia artificial, seguridad y desarrollo científico. Venezuela necesita aumentar su producción agrícola, recuperar tierras, utilizar mejor sus recursos hídricos, modernizar su infraestructura, fortalecer sus capacidades tecnológicas y reconstruir un sistema de investigación que perdió muchísimo durante las últimas décadas. Darle la espalda a un país capaz de aportar conocimiento y tecnología en áreas esenciales para nuestra recuperación por mantener viejas fidelidades ideológicas fue una decisión contraria a nuestros propios intereses. La política exterior del futuro no puede repetir ese error.
Soy partidario de una Venezuela claramente ubicada dentro de Occidente, sin que ello signifique aislamiento, ni obediencia automática, ni hostilidad permanente frente a quienes no pertenecen a nuestro espacio político y cultural. Venezuela debe comerciar con China cuando le convenga, profundizar relaciones con India, relacionarse con el mundo árabe, África, Asia y América Latina y aprovechar todas las oportunidades compatibles con nuestra seguridad y nuestro interés nacional. Una nación seria habla con todo el mundo. Pero hablar con todo el mundo no implica desconocer quién eres. Venezuela pertenece histórica y culturalmente a la tradición occidental, fundada sobre una determinada comprensión de la dignidad de la persona, la libertad, la propiedad, la responsabilidad, el Estado de Derecho, la limitación del poder y el pluralismo. Esa tradición tiene profundas raíces cristianas y judeocristianas. Soy católico y esa identidad influye en mi manera de comprender a la persona, la sociedad y el servicio público, pero Venezuela es y debe seguir siendo una república plural donde todos tengan los mismos derechos con independencia de su religión. Reconocer nuestras raíces no significa imponer una fe; significa saber de qué tradición política y cultural venimos y hacia qué comunidad de valores queremos dirigirnos.
El problema de la política exterior chavista no fue simplemente que Venezuela tuviera relaciones con Cuba, Rusia, China o Irán. Insisto, un país debe mantener relaciones con Estados de orientaciones muy diferentes, pero el problema surgió cuando las afinidades ideológicas comenzaron a pesar más que una evaluación fría del interés nacional y la política exterior venezolana pasó a formar parte de un proyecto revolucionario internacional. Se rompieron relaciones útiles, se asumieron adversidades ajenas, se construyeron alianzas por solidaridad política y se permitió que los intereses de una facción se confundieran con los intereses permanentes de Venezuela. Esa lógica tiene que terminar. Los partidos pueden tener afinidades internacionales; el Estado venezolano tiene que tener intereses. Nuestra ubicación occidental debe ser una decisión soberana de Venezuela, no una obediencia a nadie.
Pero incluso todo esto sería insuficiente si seguimos entendiendo la soberanía solamente en términos diplomáticos o militares. Una de las grandes lecciones que deberíamos sacar de estos años es que la soberanía es, antes que nada, capacidad nacional. Un país puede tener formalmente una bandera, un territorio y un asiento en Naciones Unidas y, sin embargo, ser profundamente dependiente porque no produce suficientes alimentos, no genera conocimiento, carece de tecnología propia, destruye su infraestructura, pierde investigadores, no puede garantizar seguridad, depende de terceros para desarrollar sus recursos o vive exclusivamente de una renta que no transforma en riqueza sostenible. La soberanía moderna se construye tanto en una frontera como en una universidad, un laboratorio, una fábrica, una finca productiva, una central eléctrica o un tribunal independiente.
Es público y notorio que Venezuela deterioró durante años muchas de esas capacidades. Las universidades públicas sufrieron una pérdida extraordinaria de profesores e investigadores, el sistema educativo se degradó, la producción científica disminuyó y miles de venezolanos que podían estar generando conocimiento para el país terminaron desarrollándolo en otras sociedades. Eso también es una pérdida de soberanía. Cuando una nación deja de producir conocimiento, termina importando las capacidades que no fue capaz de desarrollar, y quien depende permanentemente del conocimiento ajeno dependerá inevitablemente de decisiones ajenas. La universidad no puede volver a ser tratada como un gasto residual del Estado. Tiene que entenderse como parte de nuestra infraestructura estratégica. Ciencia, tecnología, investigación, innovación y educación son instrumentos de poder nacional.
Lo mismo ocurrió con la producción. Durante años escuchamos hablar de soberanía alimentaria mientras productores enfrentaban inseguridad jurídica, falta de financiamiento, deterioro de la infraestructura rural y enormes dificultades para sostener la actividad. La soberanía alimentaria no se proclama desde un ministerio; se construye trabajando la tierra, financiando al productor, protegiendo la propiedad, incorporando tecnología, mejorando carreteras, garantizando electricidad y agua, desarrollando cadenas de frío, industrializando y creando condiciones para exportar. Venezuela tiene tierra, agua, experiencia y una extraordinaria vocación agropecuaria. Convertir ese potencial en producción es también defender la patria. Un nacionalismo serio no consiste en cerrarse al comercio ni en aspirar a producir absolutamente todo, sino en desarrollar suficientes capacidades internas para incorporarnos al mundo desde una posición de fortaleza.
Por eso comparto otra de las afirmaciones de Jaua: unas nuevas elecciones, aunque indispensables, no serán suficientes. Venezuela necesita un acuerdo nacional de largo alcance, pero no entiendo ese acuerdo como un reparto del Estado entre los actores que actualmente poseen poder. No quiero una cuota para el chavismo, otra para la oposición, otra para determinados sectores económicos, otra para los militares y una garantía internacional que simplemente estabilice el reparto. Eso no sería reconstruir la República; sería distribuirla, pactarla nuevamente excluyendo a la población. El acuerdo nacional que necesitamos debe establecer reglas que puedan sobrevivir a quienes las firmen: independencia judicial, separación de poderes, federalismo y descentralización efectivos, Fuerzas Armadas profesionales, seguridad jurídica, propiedad privada, transparencia en el manejo de los recursos, administración pública basada en mérito, disciplina fiscal, garantías electorales, respeto por los derechos humanos y mecanismos suficientemente fuertes para impedir que una persona, un partido o una coalición puedan volver a apropiarse del Estado. Eso es lo que entiendo por reconciliación con estructura.
También considero acertado reconocer que ninguna reconstrucción sostenible puede basarse en excluir a las corrientes políticas que existen en la sociedad venezolana. María Corina Machado representa a millones de venezolanos y pretender construir una democracia excluyéndolos sería tan absurdo como imaginar que el chavismo desaparecerá de la vida nacional por decreto. Venezuela tiene socialdemócratas, socialcristianos, liberales, conservadores, nacionalistas, independientes y una nueva generación que muchas veces no se identifica plenamente con ninguno de los actores históricos. Todos deben poder competir siempre que acepten los principios y valores constitucionales. No quiero que Venezuela pase de una hegemonía a otra. Quiero una república en la que quien gane una elección gobierne durante el tiempo que le corresponda, quien pierda conserve intactos sus derechos y pueda convertirse en mayoría después. Perder una elección no puede volver a significar perder la patria, y ganarla tampoco puede otorgar derecho a apropiarse de ella.
Otro principio que creo, también debe ordenar la justicia de la transición, es el de responsabilidad. Venezuela necesita responsabilidades, porque reconciliación no puede convertirse en sinónimo de impunidad. Las violaciones graves de derechos humanos, la corrupción, la tortura y otros delitos deben ser investigados y juzgados individualmente. Pero millones de venezolanos que alguna vez votaron por Chávez no son responsables penalmente de aquello que hicieron quienes ejercieron el poder. Muchos lo apoyaron de buena fe, otros cambiaron de opinión y otros todavía conservan una identificación emocional o política con parte de aquella experiencia. Una República futura tiene que ser suficientemente amplia para todos. Justicia significa identificar responsabilidades individuales y dar a cada quien lo que le corresponde, no transformar identidades políticas en culpabilidades colectivas. No podemos reconstruir Venezuela intentando destruir a una mitad para satisfacer a la otra, ese error no podemos repetirlo.
Tampoco creo que nuestra tarea consista en volver a 1998. La democracia venezolana anterior al chavismo produjo instituciones importantes, infraestructura, universidades, movilidad social y una tradición civil que debemos recuperar, pero también acumuló corrupción, clientelismo, desgaste partidista, exclusiones y una distancia creciente entre buena parte de la dirigencia y los ciudadanos. Chávez no apareció en un vacío histórico. Si pretendemos restaurar exactamente las condiciones que hicieron posible su ascenso, estaremos preparando el terreno para la siguiente experiencia populista. La República futura debe ser mejor que aquella que perdimos: debe ser más descentralizada, más transparente, más meritocrática, más productiva, más ciudadana y mucho más difícil de quebrantar y capturar.
Por eso la discusión que propone Jaua resulta útil, aunque a su relato le falten partes. Tiene razón al decir que una tutela externa no puede convertirse en el futuro de Venezuela. Lo que no puede pedirnos es amnesia. No puede fijar el nacimiento de nuestra pérdida de soberanía el 3 de enero sin explicar lo ocurrido durante las décadas anteriores. No puede denunciar ahora la influencia estadounidense sin revisar la profundidad que adquirió la presencia cubana en áreas estratégicas del Estado. No puede situar el nacimiento del partido-Estado exclusivamente después de Chávez cuando muchos de sus mecanismos fueron creados antes. No puede reivindicar la Constitución sin revisar las decisiones mediante las cuales el propio movimiento al que perteneció fue debilitando los contrapesos establecidos por ella.
Pero tampoco debemos cometer el error inverso. Haber sufrido una profunda influencia cubana no justifica una tutela estadounidense permanente. Haber vivido bajo un sistema autoritario no significa que debamos delegar indefinidamente en Washington la administración de nuestro futuro. Mi posición no consiste en sustituir La Habana por Washington, por el contrario, consiste en que Caracas vuelva a decidir, y que una Caracas libre y soberana decida ser aliada de Washington. Quiero una Venezuela estrechamente vinculada con Estados Unidos e Israel porque considero que esa alianza responde a nuestros valores y a nuestros intereses. Quiero una Venezuela firmemente insertada en Occidente, capaz de comerciar pragmáticamente con el resto del mundo y suficientemente segura de sí misma para no confundir cooperación con subordinación.
Ahí está, en definitiva, la manera en que entiendo el nacionalismo venezolano. No consiste en proclamar que Venezuela está por encima de todo mientras nuestras capacidades desaparecen. Consiste precisamente en colocar el interés nacional por encima de las fidelidades partidistas, las solidaridades ideológicas y las preferencias de cualquier potencia extranjera. Una política es buena para Venezuela cuando aumenta nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestra producción, nuestro conocimiento, nuestra libertad y nuestra capacidad de decidir. Si una relación internacional fortalece esas capacidades, debemos cultivarla. Si las debilita o pretende apropiarse de ellas, debemos ponerle límites, cualquiera que sea el país involucrado.
Por eso sostengo que la soberanía es capacidad para producir, educar, investigar, innovar, defender nuestras fronteras, garantizar la seguridad, administrar justicia, atraer inversión, desarrollar tecnología, negociar internacionalmente y escoger nuestros aliados. Capacidad para decir sí cuando algo beneficia al país y para decir no cuando no lo hace. Durante demasiado tiempo confundimos soberanía con retórica, como si bastara pronunciar la palabra, ondear una bandera o denunciar permanentemente a un enemigo externo. Mientras tanto, Venezuela perdía capacidades reales y, con ellas, perdía inevitablemente autonomía, independencia y, soberanía.
Tal vez esa sea la paradoja más dolorosa de estas décadas. Un proyecto que hizo de la soberanía uno de sus grandes argumentos terminó debilitando muchas de las bases materiales que permiten ejercerla. Prometió independencia y permitió una penetración extranjera extraordinaria; habló de poder popular mientras concentraba poder; habló de soberanía alimentaria mientras el aparato productivo enfrentaba enormes dificultades; habló de educación mientras universidades e investigadores perdían capacidad; habló de democracia participativa mientras las posibilidades reales de alternancia se reducían. Esa contradicción no puede borrarse ahora simplemente cambiando el adversario externo contra el cual se pronuncia el discurso soberanista.
El 3 de enero, por tanto, no fue el día en que comenzó la pérdida de soberanía venezolana. Encontró a Venezuela después de un largo proceso de debilitamiento nacional y produjo una ruptura que abrió posibilidades que antes estaban bloqueadas, pero también una nueva relación de dependencia que no puede transformarse en permanente. La cooperación estadounidense puede contribuir a reconstruir nuestras instituciones y abrir el camino hacia una democracia auténtica. Pero el éxito final de esa cooperación deberá medirse precisamente por el momento en que Venezuela pueda prescindir de mecanismos extraordinarios de tutela porque haya recuperado suficientes capacidades para gobernarse eficazmente a sí misma.
Esa es la Venezuela que quiero: una nación democrática y occidental, orgullosa de sus raíces cristianas y judeocristianas pero plenamente plural; aliada estrechamente con Estados Unidos e Israel, pero subordinada únicamente a su Constitución y a su interés nacional; abierta al comercio y a las relaciones con el mundo, pero consciente de su identidad; capaz de producir, investigar, innovar y defenderse; suficientemente democrática para cambiar a sus gobernantes y suficientemente institucional para sobrevivir a cualquiera de ellos.
Lo resumiría de una manera sencilla: occidentales en nuestros valores, venezolanos en nuestros intereses y soberanos en nuestras decisiones.
No necesitamos escoger qué potencia debe administrar nuestra dependencia. Necesitamos reconstruir las capacidades que nos permitan dejar de depender. Ese es el verdadero desafío nacional y, probablemente, la conversación sobre soberanía que Venezuela debió haber comenzado hace muchos años.
