Con una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó la noche del 28 de agosto con 51 años de monopolio del Estado venezolano sobre sus reservas petroleras. “Es el mayor acuerdo petrolero de la historia”, anunció con grandilocuencia, y no era para menos. Estados Unidos acababa de firmar un tratado para tomar el control de una reserva con un potencial de producción de más de 65 mil millones de barriles de crudo.
Posteriormente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acuerdo, señalando que el gobierno estadounidense, junto empresas extranjeras privadas, recibiría el arrendamiento de 17 campos petroleros, que juntos suman el total de barriles señalado por Trump. Resaltó que la medida sería beneficiosa para el país, ya que atraerá una inversión privada de más de 100 mil millones de dólares para adecuar y modernizar la deteriorada infraestructura venezolana. Y sobre todo, la renta generada significará ingresos por 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado.
Con este anuncio, se pone fin al modelo que regía en Venezuela desde el decreto de nacionalización del petróleo, irónicamente promulgado el 29 de agosto de 1975. Desde entonces, su producción y comercialización había sido exclusividad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), lo que trajo momentos tanto de prosperidad como de inestabilidad al país en las décadas siguientes.
De momento se desconocen los detalles del acuerdo ni sus implicaciones. No se sabe qué empresas participarán en la explotación de los campos ni bajo qué figura el gobierno estadounidense manejará el dinero que produzca. Solo se sabe que esto representa un regreso al sistema de concesiones anterior a 1975, aunque tampoco hay información sobre el margen de beneficios que recibirá el Estado venezolano.
Información filtrada
Un día antes del anuncio de Trump, las agencias informativas Axios y Bloomberg ya habían adelantado que el gobierno estadounidense estaba cerca de firmar un acuerdo grande con el gobierno encargado para tomar el control de una parte de las reservas de crudo venezolano. Sus fuentes coincidían en que la operación era dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras el secretario de Energía, Chris Wright, prepararía un viaje pronto a Venezuela para sellar el trato.
De acuerdo con Axios, Washington tomaría posesión de una docena de campos ubicados en las principales cuencas petroleras del país, como la Faja Petrolífera del Orinoco. Allí, los campos serían administrados mayoritariamente por empresas privadas, con dirección de expertos venezolanos. Por su parte, Bloomberg aseguró que el contrato aseguraría el arrendamiento de los pozos por hasta 100 años, marcando una estrecha cooperación a largo plazo para ambos países.
Aunque la realidad no llegaría a un siglo de ocupación petrolera, se acercará bastante. Delcy Rodríguez ha señalado que actualmente la producción venezolana ha recuperado un nivel de 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, por lo que, en caso de que se logre duplicar a 2,5 millones de bpd, las reservas concedidas se agotarían aproximadamente dentro de 71 años, aunque algunos expertos elevan incluso la cifra a unos 80 u 85 años.
Para 2025, el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela calculaba las reservas probadas de petróleo del país en 303.800 millones de barriles, las más grandes del mundo por encima de Arabia Saudita (267 mil millones). Con este acuerdo, Estados Unidos y sus empresas aliadas pasarían a controlar cerca del 21 % de las reservas de crudo venezolanas, en palabras del propio Trump, casi duplicando las reservas probadas de Estados Unidos, de 46.000 millones de barriles para 2024.
Actor clave
Bloomberg también reportó antes del anuncio de Trump que el Departamento de Defensa estadounidense estaba cerca de cerrar una negociación con el magnate venezolano Alejandro Betancourt para obtener una participación importante en las reservas de crudo venezolano. Las conversaciones tenían como objetivo que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono (OSC) tuviera control de 17 yacimientos petroleros, misma cifra que luego fue confirmada por Delcy Rodríguez.
El convenio sería entre la OSC y North American Blue Energy Partners (Nabep), propiedad de Betancourt. Esta empresa petrolera se estaría convirtiendo en uno de los mayores productores independientes de crudo en Venezuela, tras adquirir recientemente por 300 millones de dólares la empresa offshore Bluewave Properties Ltd del magnate estadounidense Harry Sargeant III. Reportes de prensa señalan que Sargent, quien tenía varias inversiones en Venezuela y estuvo involucrado en escándalos de cabildeo para limpiar la imagen de Nicolás Maduro en Washington, habría hecho la venta bajo aparentes presiones del Departamento de Estado.
Sin embargo, Betancourt tampoco ha estado exento de polémicas. El empresario fue objeto de múltiples investigaciones periodísticas como socio de Derwick Associates Corp, una compañía que sin ningún tipo de experiencia en el sector eléctrico, obtuvo contratos millonarios con el entonces gobierno de Hugo Chávez con organismos estatales como PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) o la Electricidad de Caracas (luego Corpoelec).
En 2013, Derwick estuvo en el ojo del huracán al vender al Estado venezolano unas plantas eléctricas para abastecer los hospitales del país en plena crisis energética. Sin embargo, las máquinas habían sido licitadas como nuevas pese a ser de segunda mano, y apenas funcionaban al 10 % de su capacidad. El Ministerio Público abrió una investigación por el caso, que eventualmente fue desestimada por el fiscal a cargo.
Con el paso de los años, Betancourt fue señalado por el caso de Derwick ante cortes de Nueva York sin éxito, hasta que en 2025 se le abrió una nueva investigación en Suiza y España, por legitimación de capitales y el presunto desvío de más de 1.000 millones de PDVSA. Fue detenido en dos ocasiones en Londres, Inglaterra, entre septiembre y noviembre. Fue liberado bajo fianza y en mayo de 2026 se le levantaron sus restricciones para viajar, lo que le permitió regresar a Venezuela.
El diario The Washington Post reveló que los fiscales de Madrid y Zúrich archivaron por aparentes presiones de funcionarios de Estados Unidos. De hecho, a pesar de tener también una orden de arresto activa en territorio estadounidense, Betancourt ha viajado libremente entre Washington y Caracas, reclutado por la administración Trump para gestionar acuerdos con empresas petroleras independientes, ante la desconfianza de grandes corporaciones como ExxonMobil a invertir todavía en el país.
¿Es legal el acuerdo?
Una de las primeras leyes que promulgó el gobierno encargado de Delcy Rodríguez tras los hechos del 3 de enero de 2026 fue la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Allí se derogaba la versión impulsada por Hugo Chávez en 2006, que estatizó y centralizó la industria petrolera. Uno de sus principales cambios permitía finalmente a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras domiciliadas en el país, explorar, extraer y comercializar crudo sin la obligación de formar una empresa mixta con control mayoritario de PDVSA.
Bajo este nuevo modelo, las empresas privadas también pueden tener control operativo de los yacimientos petroleros mediante Contratos de Participación Productiva (CPP), figura que sustituye a las empresas mixtas de la legislación anterior. Apegados a lo establecido en la nueva ley, el acuerdo firmado por Estados Unidos efectivamente permitirá aprovechar los CPP para manejar los 17 campos negociados por las autoridades venezolanas sin restricciones.
No obstante, diferentes retractores de la medida, como el economista Ricardo Haussmann argumentan que carece de validez legal, pues a su juicio, Delcy Rodríguez carece de legitimidad como jefa de Estado, por lo que calificó la concesión de los yacimientos como una “apropiación”. También alegó que viola el artículo 12 de la Constitución, que establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos son inalienables e imprescriptibles, mientras que el artículo 302 reserva para el Estado la actividad petrolera.
Por su parte, el investigador de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez, cuestionó la cifra de ingresos fiscales de $209 mil millones dada por la presidenta encargada, pues al dividirlo entre el número de barriles a explotar daría un valor de apenas $3,22 por cada barril de crudo, un 4,7 % de su precio de mercado, de $83,44 en el indicador WTI manejado por el propio Estados Unidos. “Menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez”, escribió.
Al respecto, el diputado de la Asamblea Nacional de 2025 Jorge Arreaza respondió que el precio se debe a que la mayoría de las concesiones otorgadas son para “campos verdes”, es decir, yacimientos vírgenes que nunca han sido explotados y requieren una alta inversión en estudios e infraestructuras.
El director del Programa de Energía para América Latina del Baker Institute, Francisco Monaldi, informó que, de acuerdo a fuentes extraoficiales consultadas, esos ingresos fiscales corresponden solo a una porción de los campos explotados en los primeros 25 años de arrendamiento, por lo que en realidad su valor podría rondar los $19 por barril. Aun así, acotó que sigue siendo un monto extremadamente bajo y exigió transparencia en los detalles sobre el acuerdo.
Finalmente, el portal Bitácora Económica reveló que el gobierno encargado planea otorgar 17 CPP para ocho “campos verdes”, y que el Estado venezolano obtendría más del 50 % de la renta, de acuerdo con fuentes extraoficiales. Esto significa un retorno al modelo conocido como fifty-fifty que se implementó en las concesiones petroleras entre 1948 y 1975, justo antes de la nacionalización.
