Dos organizaciones del exilio venezolano en Estados Unidos exigieron formalmente al Congreso estadounidense investigar el incremento en las detenciones de venezolanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alertando que las medidas han afectado a migrantes que cuentan con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes en el país norteamericano, de acuerdo con El País.
Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) enviaron un informe detallado a congresistas y senadores del sur de Florida. En el documento, las entidades solicitan la apertura de audiencias formales de supervisión y la entrega de datos oficiales sobre la cifra de venezolanos bajo custodia, sus antecedentes penales y el estatus real de sus procesos migratorios.
Estadísticas de custodia y denuncias de aprehensiones irregulares
El reporte presentado por los activistas señala que hasta el mes de julio se contabilizaban aproximadamente 65.765 personas bajo custodia de ICE, de las cuales más del 70 % no registraba antecedentes criminales. Asimismo, el informe documenta al menos tres casos recientes de ciudadanos venezolanos detenidos a pesar de contar con autorización de empleo y procesos de asilo en curso.
Entre los expedientes destacados figura el de Humberto Castro, un venezolano de 59 años que fue arrestado por agentes migratorios mientras conducía hacia su lugar de trabajo en la ciudad de Doral. Según las declaraciones de su hija, Castro posee un permiso de trabajo vigente hasta el año 2030, mantiene una solicitud de asilo pendiente de resolución y no cuenta con antecedentes penales de ninguna índole.
Exigencia de acciones legislativas y auditorías a centros de detención
Frente a este escenario, Helen Villalonga, presidenta de Amavex, cuestionó la ejecución de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump y reclamó respuestas directas a los representantes parlamentarios. “Ya estamos cansados de que se pronuncien a través de sus redes sociales o que manden una carta. Lo que necesitamos son acciones dentro del Congreso inmediatas”, afirmó la dirigente.
Por su parte, José Antonio Colina, presidente de Veppex, respaldó la necesidad de cumplir las leyes de inmigración, pero rechazó categóricamente cualquier medida que busque “criminalice la inmigración venezolana”. En tal sentido, las organizaciones solicitaron formalmente una auditoría sobre las inspecciones y detenciones realizadas en aeropuertos, además de pedir que se evalúen alternativas a la privación de libertad para aquellos migrantes sin antecedentes que mantienen procesos legales abiertos.
Contexto sobre la presión migratoria y el estatus legal en EE UU
Las denuncias formuladas en Florida se producen en medio de un endurecimiento generalizado de las políticas de control fronterizo y deportación ejecutadas por la administración estadounidense. La comunidad venezolana en Estados Unidos —que supera los 540.000 residentes según estimaciones de la Oficina del Censo— atraviesa un periodo de alta incertidumbre legal debido a los litigios judiciales en torno a la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la suspensión de programas de parole humanitario, herramientas que anteriormente garantizaban permanencia legal y protección frente a las órdenes de expulsión impulsadas ante el gobierno federal.
