La negociación como punto de partida
Los acontecimientos políticos que atraviesa Venezuela pueden analizarse desde la perspectiva de los juegos de suma no cero, desarrollada por el matemático estadounidense John Nash. Esta teoría sostiene que no todos los conflictos concluyen con un ganador absoluto y un perdedor absoluto; en determinadas circunstancias, la cooperación entre las partes puede generar beneficios compartidos. Desde esta óptica, cualquier negociación orientada a la reinstitucionalización democrática de Venezuela debe partir del reconocimiento de los intereses de los actores involucrados. No se trata de ignorar las diferencias ni de justificar responsabilidades, sino de construir acuerdos que permitan reducir los peores escenarios y avanzar hacia soluciones institucionales, verificables y sostenibles.
Sin embargo, para que los acuerdos de corto plazo sean legítimos, deben estar subordinados a una coherencia política y jurídica: el fortalecimiento de instituciones democráticas, la independencia y legalidad de los poderes públicos, la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas. La negociación no puede convertirse en una fórmula para distribuir cuotas de poder entre élites, sino en un mecanismo de transición hacia un Estado al servicio de los ciudadanos.
Fenómenos causales de la crisis
La crisis venezolana no puede explicarse únicamente por factores coyunturales. Sus causas se relacionan con la progresiva concentración del poder, el debilitamiento de los controles institucionales, la corrupción administrativa, la dependencia de un liderazgo carismático y la sustitución de la gestión pública por prácticas clientelares y patrimoniales.
Cuando las instituciones dejan de funcionar conforme a la ley y pasan a responder a intereses particulares, la democracia se vacía de contenido. El Estado pierde capacidad administrativa, los ciudadanos quedan desprotegidos y el acceso a los recursos públicos depende de la lealtad política. En ese contexto, la corrupción, la impunidad y la violencia se convierten en mecanismos de control social.
Diversos organismos internacionales han documentado denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos, torturas, asesinatos, corrupción y presuntos vínculos con redes de narcotráfico. Estas acusaciones deben ser investigadas mediante procedimientos independientes, con respeto al debido proceso y a las garantías jurídicas y constitucionales. La justicia no puede depender de la conveniencia política de un gobierno ni de la voluntad de una potencia extranjera.
Por ello, toda acción internacional dirigida a combatir el crimen organizado debe estar acompañada de transparencia, control multilateral y respeto a la soberanía popular. La lucha contra el narcotráfico y la corrupción no puede utilizarse como justificación para sustituir la voluntad de los venezolanos ni para negociar el futuro del país al margen de sus ciudadanos.
Intereses internacionales y soberanía nacional
La participación de Estados Unidos y de otros actores internacionales en la crisis venezolana debe analizarse con prudencia. Las potencias actúan guiadas por sus propios intereses estratégicos, económicos y de seguridad. Aunque puedan contribuir a presionar por cambios institucionales o a combatir estructuras criminales, no debe confundirse la cooperación internacional con la tutela política.
El petróleo y los demás recursos naturales venezolanos ocupan un lugar central en esta discusión. Las inversiones extranjeras pueden contribuir a la recuperación económica, pero únicamente si se desarrollan bajo reglas claras, contratos transparentes, controles ambientales, beneficios públicos y mecanismos de rendición de cuentas. La riqueza petrolera no puede convertirse en una nueva fuente de dependencia ni en un instrumento para legitimar a actores que no cuentan con respaldo democrático y jurídico. El verdadero desafío consiste en garantizar que los recursos nacionales se utilicen para recuperar los servicios públicos, mejorar la educación y la salud, generar empleo y reconstruir la infraestructura.
Una economía en crisis no se recupera únicamente mediante anuncios de inversión. Requiere seguridad jurídica, instituciones confiables, independencia judicial, planificación pública y participación ciudadana. De lo contrario, las grandes cifras económicas permanecerán alejadas de la vida cotidiana de quienes enfrentan la falta de agua, electricidad, alimentos, vivienda y atención médica y educativa.
Ciudadanía, miedo y desencanto democrático
Norbert Lechner explicó que, en América Latina, muchos ciudadanos asocian la democracia con la precariedad económica, la exclusión social y el miedo. Cuando las expectativas de bienestar no se cumplen, aparece el desencanto con las instituciones democráticas. Esta situación representa un peligro. La frustración social puede ser aprovechada por proyectos autoritarios que ofrecen orden inmediato a cambio de libertades y derechos. También puede producir apatía, desmovilización y abandono de la participación política. Por ello, la defensa de la democracia debe relacionarse con resultados concretos. La ciudadanía no puede ser convocada únicamente durante los procesos electorales; debe participar en el control de la gestión pública, en la formulación de políticas y en la vigilancia de los acuerdos políticos y económicos.
Cornelius Castoriadis señaló la importancia de los imaginarios sociales en la construcción de la vida política. Las instituciones no funcionan solo por su existencia formal; necesitan ser reconocidas, discutidas y transformadas por una sociedad consciente. La democracia, en consecuencia, debe ser una práctica cotidiana y no únicamente una estructura jurídica y simbólica.
Estrategias para el hacer ciudadano
La recuperación de Venezuela exige fortalecer el sentido de pertenencia, la responsabilidad cívica y la organización social. Los ciudadanos deben comprender que no son espectadores de la crisis, sino actores fundamentales de la transformación institucional. Entre las estrategias necesarias se encuentran:
- Exigir la independencia del Poder Judicial, garantizando jueces seleccionados mediante procedimientos públicos, transparentes y basados en méritos.
- Promover la rendición de cuentas, con acceso ciudadano a los presupuestos, contratos públicos, concesiones e inversiones.
- Defender la libertad de asociación y expresión, indispensables para que la sociedad pueda fiscalizar al poder.
- Fortalecer la educación cívica, especialmente en materia de derechos, deberes, instituciones y mecanismos de participación.
- Impulsar la descentralización, para acercar la gestión pública a las comunidades y evitar la concentración excesiva del poder.
- Garantizar procesos electorales confiables, con organismos independientes, observación nacional e internacional y respeto a la voluntad popular.
- Proteger los recursos naturales, asegurando que cualquier inversión se traduzca en beneficios colectivos y no en enriquecimientos privados.
Las demandas ciudadanas por servicios públicos y alimentos son legítimas, pero deben integrarse en una estrategia más amplia. Atender únicamente las consecuencias de la crisis, sin enfrentar sus causas institucionales, permite que los problemas se reproduzcan. La lucha democrática debe orientarse a desmontar los mecanismos que generan impunidad, corrupción y abuso de poder.
La equidad política como estrategia
La equidad política ofrece un marco para pensar la reconstrucción nacional. John Rawls planteó que una sociedad justa debe organizar sus instituciones como si sus miembros decidieran las reglas sin conocer previamente la posición que ocuparán en ella. Este principio, conocido como el “velo de la ignorancia”, obliga a diseñar normas que protejan a todos, especialmente a quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.
Aplicada a Venezuela, la equidad política exige garantizar libertades básicas, igualdad de oportunidades, acceso universal a los servicios públicos y límites efectivos al poder. Nadie debería depender de su afiliación política para acceder a un empleo, una medicación, una vivienda o un servicio estatal. La equidad también debe regir la participación de los actores internacionales. Estados Unidos y otros países pueden contribuir a combatir la corrupción y el crimen organizado, pero su actuación debe respetar la autodeterminación venezolana y someterse a principios de transparencia, legalidad y cooperación multilateral.
La reconstrucción institucional no puede limitarse a reemplazar a unas élites por otras. Debe modificar la cultura política que permite la concentración del poder, el uso patrimonial del Estado y la ausencia de controles. La función pública debe entenderse como un servicio temporal, evaluable y sujeto a responsabilidades.
El marco constitucional
La Constitución venezolana establece principios relevantes para este proceso. El artículo 141 dispone que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y debe regirse por la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. El artículo 315 exige que los presupuestos públicos identifiquen los objetivos y costos de cada programa, así como la rendición de cuentas sobre su ejecución. Por su parte, el artículo 12 establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la Nación y son bienes del dominio público. Esto significa que los recursos naturales no pueden ser tratados como propiedad particular ni negociados al margen del interés nacional.
El problema no radica únicamente en la existencia de normas, sino en la falta de instituciones capaces de hacerlas cumplir. Venezuela necesita una administración pública profesional, evaluada, temporal y sometida al control ciudadano. Sin contraloría y justicia independiente, los principios constitucionales quedan reducidos a declaraciones formales.
Conclusión
La equidad política no debe permanecer como una utopía. Puede convertirse en una estrategia de lucha democrática si se traduce en instituciones independientes, participación ciudadana, transparencia económica y límites efectivos al poder.
La negociación es necesaria, pero no cualquier acuerdo es aceptable. Un pacto que preserve la impunidad o distribuya los recursos nacionales sin control ciudadano no representa una solución; apenas reorganiza el problema. La verdadera negociación debe conducir a la reinstitucionalización, la justicia, la recuperación económica y la garantía de los derechos.
Sentir al país implica reconocer su historia republicana, defender sus recursos y asumir la responsabilidad de participar en su transformación. El futuro de Venezuela no puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos extranjeros, dirigentes partidistas o grupos económicos. Depende también de una ciudadanía consciente, organizada y capaz de ser funcional para la sostenibilidad del sistema político.
