En la sede gremial de la avenida Las Delicias de Maracay no quedaba una silla libre. Habíamos convocado a los abogados y llegó media ciudad: dirigentes vecinales, sindicalistas, estudiantes, familiares de presos políticos, gente que no vino a escuchar sino a preguntar. Maracay tiene esa virtud que conozco desde hace años, una capacidad de resistencia y un espíritu unitario que debería servir de ejemplo al resto del país.
Esa fue la última parada de una semana larga. Empezamos con reuniones en el Área Metropolitana de Caracas, seguimos por Carabobo y Aragua, y visitamos comunidades del estado Miranda, de lo cual les comentaré próximamente. Fuimos a explicar lo que la Mesa de Diálogo decidió en materia de justicia. Volvimos con una propuesta.
Valencia: una elección anulada
En Carabobo nos topamos con un caso que retrata el problema entero. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló unas elecciones limpias del Colegio de Abogados de esa entidad, en las que resultó electo el joven abogado Carlos Pimentel, perseguido después hasta verse obligado a salir del país. Lo dije allí y lo repito aquí: si el máximo tribunal puede anular la elección de un colegio profesional, ningún gremio de Venezuela tiene garantía de autonomía. Ni los abogados, ni los médicos, ni los ingenieros, ni los profesores.
El encuentro con los juristas valencianos tuvo una participación excelente, y de allí salió una petición concreta que asumimos como propia: que el restablecimiento de los derechos civiles de Carlos Pimentel se incorpore a la negociación del nuevo ciclo que se inicia en los próximos días. No como un favor personal, sino como la reparación de un daño que se le hizo a un gremio entero.
Maracay: las preguntas difíciles
En la ciudad jardín me acompañaron los diputados a la Asamblea Nacional por Aragua, Arnoldo Benítez y José Gregorio Hernández, y estuvo presente la junta directiva del Colegio de Abogados del estado bajo la conducción de su presidente, Rosalino Medina. Él dijo algo que conviene subrayar porque no era lo cómodo: que el vicio de nombrar jueces por militancia partidista tampoco nació en 1999, que también se practicó en el pasado, y que la abogacía no está aquí para defender a ningún funcionario señalado por corrupción o negligencia, venga de donde venga. Ese es el tono que necesita este proceso.
No todo fueron aplausos, y eso también hay que contarlo. Una periodista me preguntó de frente si esta selección del Tribunal Supremo no será una burla más para los presos políticos y sus familias, y cuáles son los mecanismos de presión. Le respondí lo que creo: que tiene razón en el reclamo y que la libertad tiene que llevar apellido. No es solo libertad, es libertad plena, sin regímenes de presentación que dejen la amenaza abierta. En la sala hubo testimonios duros sobre civiles juzgados por tribunales militares y sobre traslados a centros de reclusión lejanos. Uno se va de esos encuentros con la certeza de que la reforma judicial no es un debate académico.
De dónde sale la propuesta
De esas consultas nació la idea, planteada desde espacios de organización ciudadana, gremial y profesional junto a los abogados de los programas y otros líderes sociales: crear un mecanismo permanente que incorpore a la comunidad jurídica al proceso, desde la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los gremios de todo el país. Se estructurará bajo el concepto de una Alianza Social para una Justicia Independiente.
Su fundamento está en el artículo 253 de la Constitución, que establece quiénes integran el sistema de justicia. Allí, junto al Tribunal Supremo y los demás tribunales, aparecen dos actores que rara vez se convocan: los abogados autorizados para el ejercicio y los ciudadanos que participan en la administración de justicia. Los abogados no somos observadores externos del sistema: somos parte de él por mandato constitucional. Y la participación ciudadana no es una concesión ni un gesto de cortesía: es una previsión constitucional que en 27 años nadie ha activado.
La iniciativa convoca a las facultades de derecho, con sus profesores y estudiantes, que serán los abogados de mañana; a los operadores de justicia activos y jubilados; a los profesionales que se vieron forzados a abandonar el país y hoy están en decenas de naciones; a jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y alguaciles, que conocen el funcionamiento diario de los tribunales y han sufrido en carne propia la provisionalidad; a los estudiosos de la ciencia jurídica; y a los ciudadanos, porque es a ellos a quienes sirve el sistema de justicia. El método serán reuniones, charlas y encuentros, presenciales o a distancia, para compartir las propuestas de la Mesa y recibir las aportaciones de la ciudadanía.
Cómo participa cualquier ciudadano
En Maracay, las propuestas giraron alrededor de aspectos muy puntuales de la participación, así que dediqué buena parte de la exposición a explicar el procedimiento. Funciona así: una vez concluye el plazo para que los aspirantes a magistrados entreguen sus documentos, el Comité de Postulaciones Judiciales publica la lista de los preseleccionados. Desde esa publicación corre un lapso de 15 días durante el cual cualquier persona puede presentar, por escrito y debidamente sustentadas, objeciones o impugnaciones contra un aspirante. El Comité debe procesarlas y el trámite culmina con una decisión.
Ese lapso es la puerta que la Constitución dejó abierta y que nunca hemos usado. Son cargos públicos, con una duración de 12 años. De ello dependerá si a usted le devuelven su patrimonio, si le reivindican sus derechos laborales o si sale libre un preso político.
Esta iniciativa acompaña lo acordado por la Mesa: reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, ampliar el Comité de Postulaciones, conformar el Consejo de Revisión de credenciales y renovar a la totalidad de los magistrados, con tres líneas de trabajo: orientación ciudadana en plazas, gremios y universidades; oficinas de apoyo en cada colegio que expliquen requisitos, lapsos y baremo a quien desee postularse; y un observatorio que acompañe técnicamente las objeciones fundadas. La regla del observatorio es estricta: se documenta, no se difama. Ninguna objeción se hace pública sin pruebas ni sin dar al afectado oportunidad de responder. Eso es lo que separa una verificación seria de una lista arbitraria, y en nuestro país esa distinción no es teórica.
Los siguientes pasos
Para mejorar la comunicación con los ciudadanos, se abrió una cuenta en Instagram, @federacioncolegioabogadosvzla, donde se informará del desarrollo del programa: convocatorias, lapsos, cartillas y resultados de cada encuentro. Quien quiera participar y no sepa cómo, allí encontrará la información.
El resultado de todas estas consultas será presentado ante la abogacía organizada de Venezuela, a quien corresponde decidir cómo se ejecuta, y esta semana habrá definiciones importantes al respecto.
Durante 27 años el artículo 255 de la Constitución, que ordena que los jueces ingresen por concurso público, ha sido letra muerta. El 253 corrió la misma suerte. Tenemos la oportunidad de activarlos y la responsabilidad de hacerlo bien. Caracas, Valencia, Maracay y Miranda ya dieron el primer paso. Falta el resto del país.
