El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el sábado 12 de septiembre el asesinato de un detenido por un disparo en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar.
La víctima, identificada como Júnior Rafael Velasquez Herrera, de 23 años de edad, tenía tres años detenido en esta prisión, por lo que la organización no gubernamental (ONG) cuestiona el ingreso de un arma de fuego en la cárcel.
“Su muerte constituye un hecho grave, fue asesinado dentro del recinto, presuntamente por Richard José Hernández Alvarez, de 39 años de edad, quien le habría disparado. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo es que hay un arma de fuego en manos de un privado de libertad?”, señaló en una publicación difundida en su cuenta de X.
El OVP exigió al Ministerio Público iniciar investigaciones sobre el hecho violento ocurrido en Guaiparo. Además, solicitó a la Defensoría del Pueblo visitar las cárceles venezolanas.
La situación en el centro penitenciario
De acuerdo con el OVP, el Centro de Coordinación Policial Guaiparo es uno de los que tiene mayor población carcelaria en el estado Bolívar, por lo que registra niveles de hacinamiento “críticos”.
Asimismo, la ONG documentó la presencia de pranes en esta cárcel, a quienes los internos deben cancelar una causa (dinero) de forma mensual.
El hecho violento que ocurrió en esta cárcel llevó a los funcionarios a informar sobre el traslado de los detenidos a otros centros penitenciarios.
“Los familiares de los privados de libertad se sienten sumamente preocupados, pues temen que los lleven a otros estados del país y la mayoría de quienes están allá no cuentan con los recursos económicos para costear los viajes a otras regiones”, agregó el OVP.
La organización aseguró que esta medida podría traer como consecuencia más retardo procesal, debido a que los detenidos estarían alejados de los tribunales que llevan sus causas.
La necesidad de centros penitenciarios en Bolívar
El OVP recordó que, tras el proceso de intervención del Ministerio de Asuntos Penitenciarios que se realizó entre los años 2023 y 2024 en las cárceles venezolanas, las autoridades cerraron el Internado Judicial de Vista Hermosa y la cárcel de El Dorado.
“Con el cierre de estos recintos penitenciarios acabaron con 1150 plazas para albergar a privados de libertad de la región”, advirtió la ONG.
Ante esta situación, el observatorio cuestionó qué pasó con el proyecto de la cárcel Marhuanta, el cual prometía ser un centro moderno que tendría una capacidad para 1.500 personas. Además, preguntó por la falta de respuesta en los trabajos de arreglos en Vista Hermosa, que se anunciaron en 2024.
“El régimen hace anuncios que se convierten en fuentes de corrupción y quienes sufren las consecuencias son los privados de libertad y sus familiares”, añadió. El OVP también exigió una respuesta por los recursos aprobados para estos proyectos que no se concluyeron.
Aunque el OVP no ha registrado muertes violentas recientes, el 1° de septiembre reportó la muerte por complicaciones de salud de 10 privados de libertad en agosto de 2026.
