El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió que durante 2025 había 26.694 personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de Venezuela, cuya capacidad operativa era de 15.096 plazas, mientras más de 10 mil cupos permanecían fuera de funcionamiento en establecimientos cerrados o desalojados.
De acuerdo con las cifras de la organización, esta diferencia llevó el nivel de hacinamiento a 176,83 %. A ello se suma que más de 10 mil plazas permanecen sin uso en establecimientos que fueron cerrados o desalojados y que continúan fuera de funcionamiento.
El OVP señaló en un comunicado que la recuperación de parte de esa infraestructura, bajo condiciones adecuadas, podría contribuir a ampliar la capacidad disponible y descongestionar los centros de detención preventiva. Según la organización, al menos 18 establecimientos penitenciarios fueron cerrados o desalojados durante las últimas décadas.
Entre los recintos que menciona el OVP están:
- Sabaneta, con 800 plazas.
- La Penitenciaría General de Venezuela (PGV), CEPELLA, Yare I y Puente Ayala, con alrededor de 750 plazas cada uno.
- Vista Hermosa, con 650 plazas.
También figuran La Planta, San Juan de los Morros, el Internado Judicial de Apure y el I.J. Yaracuy. El OVP precisó que algunos de estos establecimientos fueron posteriormente reutilizados o reabiertos, mientras otros permanecieron durante años fuera del sistema penitenciario.
“Solo durante las intervenciones penitenciarias de 2023, 8.016 personas fueron trasladadas a diferentes entidades del país. El resultado fue que una parte de esa población terminó en establecimientos que ya enfrentaban problemas de infraestructura y sobrepoblación, mientras cientos de familias tuvieron que comenzar a recorrer largas distancias para mantener contacto con sus familiares detenidos”, mencionó la organización.
Caracas aparece como uno de los casos señalados por la organización. El cierre progresivo del Retén de Catia, El Junquito y La Planta dejó a la capital venezolana sin establecimientos penitenciarios, según el OVP, por lo que personas cuyos procesos judiciales se tramitan en Caracas fueron recluidas en otras entidades.
El impacto en los familiares
El organismo también abordó en su comunicado el impacto que los traslados tienen sobre las familias de las personas privadas de libertad.
Según planteó, estas deben asumir gastos relacionados con transporte, alimentación y, en algunos casos, alojamiento para poder realizar visitas cuando los centros de reclusión se encuentran a cientos de kilómetros.
Asimismo, destacó que las familias han asumido parte del suministro de alimentación, medicamentos, productos de higiene y otros insumos para las personas detenidas.
Centros de detención preventiva con periodos prolongados
El comunicado recalcó que, mientras parte de la infraestructura penitenciaria quedó fuera de funcionamiento, los centros de detención preventiva comenzaron a albergar a personas durante periodos prolongados.
Entre ellos mencionó las dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional y cuerpos policiales estadales y municipales.
En ese sentido, el OVP citó su informe más reciente, denominado “7.414 detenidos en 157 dependencias: la red de cárceles paralelas del CICPC”, en el que reportó que 7.414 personas permanecen recluidas en 157 dependencias del CICPC.
La organización situó en 615 días, aproximadamente un año y ocho meses, la permanencia promedio en estos espacios y señaló que una de cada tres personas supera los dos años de detención.
“En este punto es importante precisar que esas 7.414 no incluyen a todas las personas recluidas en calabozos de la PNB ni de las policías estadales y municipales”, recalca el comunicado.
El OVP planteó que la situación requiere determinar qué ocurrió con los establecimientos penitenciarios cerrados, cuál es su estado actual y qué capacidad podría recuperarse. Para ello, propuso realizar una auditoría nacional de las cárceles que fueron cerradas o desalojadas.
Advirtió que una eventual reapertura no consistiría únicamente en volver a utilizar los recintos, sino que estos deberían ser sometidos a evaluaciones estructurales y contar con servicios y condiciones específicas.
“Reabrirlos no significa simplemente abrir nuevamente sus puertas, pues cada establecimiento debe ser evaluado estructuralmente y contar con agua potable, saneamiento, alimentación, atención médica, ventilación, camas, espacios para visitas, áreas educativas y recreativas, personal penitenciario capacitado, además de presupuesto suficiente y verificable”, resaltó.
Retardo procesal y prisión preventiva
Junto con la recuperación de infraestructura, el OVP plantea abordar el retardo procesal y revisar el uso de la prisión preventiva. Según las cifras incluidas en su Informe Anual de 2025, más de 75 % de la población penitenciaria registrada por la organización se encontraba procesada.
En el caso de las dependencias del CICPC, el OVP indicó que 6.518 de las 7.414 personas identificadas no tenían sentencia firme.
“Ahora bien, no todas las personas que hoy abarrotan una cárcel o un calabozo necesitan simplemente otra celda; por el contrario, muchas necesitan que la justicia finalmente decida sobre sus causas”, explicó.
El OVP reiteró que la recuperación de la infraestructura debe formar parte de una respuesta más amplia frente a la situación penitenciaria, que incluya la revisión de los procesos judiciales y la descongestión de los centros de detención preventiva.
