El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) envió una serie de recomendaciones a Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el gobierno encargado, para solicitar la incorporación de la libertad de expresión y el derecho a la información como asuntos prioritarios de la negociación política.
La organización planteó en un comunicado que la recuperación de las garantías informativas debe formar parte de las condiciones para avanzar en un proceso de reconstrucción democrática en Venezuela.
Para ello, IPYS presentó una hoja de ruta estructurada en cuatro fases, que contempla desde la apertura de un debate público sobre las libertades informativas hasta medidas para investigar agresiones contra periodistas y restituir bienes a medios de comunicación.
La segunda fase de la mesa de diálogo entre el gobierno encargado y la oposición venezolana inició el 17 de septiembre. En este ciclo, las partes instalaron una mesa técnica sobre la libertad de expresión, donde además se abordarán asuntos relacionados al derechos a la información.
Medidas inmediatas
En su propuesta, la organización también mencionó el cese del hostigamiento judicial y el sobreseimiento de las causas abiertas contra los comunicadores sociales Carlos Correa, Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González y Rory Branker.
Asimismo, solicitó detener los discursos estigmatizantes y las amenazas contra periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos o dirigentes políticos, particularmente mediante el uso de medios públicos.
Otra de las medidas propuestas es el desbloqueo de 65 páginas web de medios de comunicación, organizaciones civiles y redes sociales que, según IPYS, se encuentran restringidas por disposiciones administrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Cambios a corto plazo
Para el corto plazo, la organización planteó restablecer el acceso de los periodistas a fuentes oficiales y reabrir las salas de prensa de instituciones como ministerios, el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
IPYS también pidió derogar normas que considera restrictivas para el ejercicio de las libertades informativas, entre ellas la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; y la Ley Antibloqueo.
A esto se suma una reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, con el objetivo de adecuarla a la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública.
En cuanto a la radiodifusión, propuso actualizar, con participación de organizaciones de la sociedad civil y del gremio periodístico, los registros de emisoras que salieron del aire debido a la falta de renovación de sus licencias.
La organización instó a combatir la impunidad en los casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, por lo que planteó que el Ministerio Público investigue los registros de agresiones contra trabajadores de la prensa y determine los daños ocasionados en cada caso, con miras al eventual enjuiciamiento y sanción de los responsables.
También solicitó la restitución de bienes e instalaciones que fueron incautados a medios de comunicación y periodistas independientes.
Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela
La propuesta de IPYS se da semanas después de que, el 1° de septiembre, 38 medios de comunicación, 63 organizaciones civiles, asociaciones, gremios y movimientos, y 164 firmas personales impulsaron el Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela, con el objetivo de que este derecho sea “restituido con garantía esencial de una sociedad democrática”.
Entre sus principales demandas se encuentra el desmantelamiento del marco legal utilizado para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia. Las organizaciones firmantes exigen la derogación de la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo, así como su sustitución por normas que protejan efectivamente la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
El documento también plantea una transformación estructural de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para que deje de funcionar como un instrumento de control y censura y se convierta en un organismo técnico, autónomo, transparente y sujeto a mecanismos de auditoría pública.
La agenda incluye, además, el cese inmediato de la persecución contra periodistas, trabajadores de medios, creadores, activistas y ciudadanos, así como la libertad plena de quienes permanecen detenidos por razones de opinión. Las organizaciones también reclaman la revisión de licencias revocadas, la devolución de bienes expropiados a medios de comunicación, procesos transparentes para la asignación de frecuencias, el cierre de procesos judiciales contra trabajadores de la prensa y la devolución de pasaportes anulados a periodistas.
Otro de los ejes centrales del manifiesto es la restitución del sistema informativo venezolano. Las organizaciones exigen el levantamiento de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones que impiden el acceso a sitios web y plataformas, para garantizar que los venezolanos puedan buscar, recibir y difundir información sin miedo.
El manifiesto también reclama que los medios de comunicación públicos, especialmente el canal Venezolana de Televisión (VTV), dejen de ser utilizados para propaganda partidista, persecución o estigmatización de quienes piensan distinto. La propuesta plantea que estos medios estén al servicio de todos los ciudadanos, con información plural y respeto a todas las voces.
