El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 29 de septiembre la muerte bajo custodia del Estado de César López, un preso de 68 años de edad, que se encontraba detenido en los calabozos de la Policía del Municipio Juan Germán Roscio, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
De acuerdo con el reporte del OVP, la muerte ocurrió el sábado 26 de septiembre, a las 6:00 pm, luego de que presuntamente le fuera administrado un fármaco que le provocó convulsiones y empeoró su estado de salud.
Asimismo, la organización no gubernamental (ONG) alertó sobre la situación que enfrentan los familiares de la víctima, quienes no han podido retirar el cuerpo de las instalaciones correspondientes para realizar las exequias.
“Sus familiares denunciaron que aún no les han entregado el cadáver por falta de un patólogo forense, por lo que se encuentran desesperados para darle sepultura”, publicó la ONG a través de su cuenta de X.
Limitaciones en los calabozos policiales
El OVP recordó que las sedes policiales son centros de detención preventiva y no cuentan con las condiciones estructurales para albergar a privados de libertad por períodos prolongados, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal.
En ese sentido, la ONG enfatizó que el incumplimiento del lapso máximo de 48 horas en estos espacios impide garantizar servicios básicos como la salud y la alimentación, lo que traslada dicha carga a las familias.
Ante este hecho, la representación del OVP instó a las autoridades a determinar las responsabilidades del caso y a agilizar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.
“Desde el OVP exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer estos hechos que vulneran los derechos de las personas bajo custodia del Estado, así como también pedimos que el cadáver de César López sea entregado de inmediato a sus familiares para que puedan brindarle cristiana sepultura”, resaltó la ONG.
Otro caso reciente
El 28 de septiembre, el OVP informó sobre la muerte de Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, quien se encontraba bajo custodia del Estado, después de permanecer detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
La información que manejó la ONG es que Sánchez presentó fuertes dolores abdominales y otros problemas de salud durante los días previos a su traslado al Hospital Victorino Santaella Ruiz, donde los médicos determinaron que tenía una obstrucción intestinal severa que requería una cirugía de emergencia.
El OVP indicó que Sánchez había solicitado ser trasladada a un centro asistencial antes de que su condición se agravara, pero la atención médica no llegó de forma oportuna.
El observatorio ha denunciado de forma reiterada los problemas de hacinamiento, falta de atención médica oportuna y riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas en los centros de reclusión venezolanos.
Muertes bajo custodia
Previamente, el OVP denunció que más de 60 personas detenidas en Venezuela han muerto bajo custodia del Estado desde abril de 2026.
La organización mencionó que uno de los casos más recientes es el de Luis Alejandro García, de 30 años de edad, quien falleció en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, anteriormente denominado Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en Tocuyito (Carabobo).
De acuerdo con la información de la ONG, García murió presuntamente por tuberculosis.
“Se trata de una enfermedad infectocontagiosa cuya presencia resulta especialmente preocupante en un penal donde más de 2.200 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 1.400; es decir, con una ocupación superior al 157 %”, detalló el ente independiente.
El OVP insistió que estas condiciones se agravan debido a problemas de espacio, donde los privados de libertad conviven en hacinamiento y en áreas superpobladas, lo que, afirmaron, favorece la transmisión y propagación de enfermedades infectocontagiosas.
