El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consideró que la eliminación de las penas de prisión contempladas en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, representaría un avance, pero advirtió que una reforma parcial sería insuficiente si mantiene las sanciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.
La posición del sindicato se conoció luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara ante la Asamblea Nacional una reforma parcial de esta legislación, aprobada en 2017 y cuestionada por organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos por sus efectos sobre la libertad de expresión.
El SNTP señaló que la revisión de la norma recoge una exigencia que periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han planteado desde su aprobación. También indicó que la modificación forma parte de los planteamientos presentados durante el proceso de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición.
#ComunicadoSNTP | La revisión de la Ley contra el Odio debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura que contiene la norma. Eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que… pic.twitter.com/vZv4TbREem
— SNTP (@sntpvenezuela) September 29, 2026
No obstante, el sindicato reiteró que su posición es que la Ley contra el Odio debe ser derogada y sostuvo que, si se opta por una reforma parcial, esta debe modificar tanto las disposiciones penales como los mecanismos administrativos que pueden afectar el funcionamiento de medios de comunicación.
SNTP cuestiona sanciones contra medios
Uno de los puntos señalados por el sindicato es el artículo 20 de la ley, que establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes promuevan o inciten al odio. El SNTP planteó que su eliminación o modificación sustancial es necesaria para evitar la criminalización de expresiones mediante conceptos que considera amplios y sujetos a interpretaciones discrecionales.
El gremio también pidió revisar el artículo 22, debido a que contempla sanciones para medios de comunicación. Según el SNTP, esta disposición permite revocar la concesión de emisoras de radio y televisión y establece, para medios electrónicos y redes sociales, multas de entre 50.000 y 100.000 unidades tributarias, además del bloqueo de portales cuando determinados contenidos no sean retirados en un plazo de seis horas.
«Estas no son penas de cárcel, pero sus consecuencias para la libertad de expresión son igualmente graves», sostuvo el sindicato.
El SNTP explicó que la revocatoria de una concesión puede sacar una emisora del aire, mientras que el bloqueo de un portal impide que un medio llegue a sus usuarios. También señaló que las órdenes de retiro de contenidos pueden afectar las decisiones editoriales de los medios.
CNP también pide derogar la norma
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se pronunció sobre la solicitud de reforma. A través de su cuenta en X, el gremio reiteró que la Ley contra el Odio debe ser derogada debido a lo que calificó como su carácter «punitivo y discrecional».
«Viola derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión», señaló el CNP en referencia a la legislación.
Reforma de la Ley Contra el Odio
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó el martes 29 de septiembre a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo de avanzar en la despenalización de algunas conductas contempladas en la norma.
Rodríguez planteó la reforma como parte de las medidas para abrir “nuevos espacios de reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad”.
La propuesta también busca, de acuerdo con el planteamiento de Rodríguez, corregir las desviaciones que se hayan producido en la aplicación de la legislación desde su entrada en vigencia.
La propuesta también forma parte, de acuerdo con el planteamiento de Rodríguez, de una iniciativa “para transformar el sistema de justicia en Venezuela”.
