Cecodap registró 3.267 niños y adolescentes afectados tras 100 días del doble terremoto en Venezuela

A 100 días del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y su brazo de investigación periodística, la Agencia PANA, presentaron el 1° de octubre un informe sobre el impacto de la catástrofe en la infancia y la adolescencia.

La investigación, que documentó la afectación directa de 3.267 niños, niñas y adolescentes en el país, abarcó el seguimiento continuo de la emergencia desde el día del desastre hasta el 24 de septiembre, con la combinación del procesamiento de datos públicos y un esquema de verificación individualizada en campo.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede de la institución en Caracas, Indira Rojas, coordinadora de la Agencia PANA, explicó que el trabajo fue llevado a cabo por una red de 14 periodistas sensibilizados en la cobertura ética de la infancia.

“Este informe muestra la evolución de la emergencia durante estos tres meses. Los datos están sometidos a lógica posterremoto; es decir, la base de datos es sensible a los cambios del contexto. No solo se presenta una suma de nuevos casos que se van revisando en el tiempo, sino que se van actualizando de la mano con las familias afectadas”, precisó Rojas.

Por su parte, Carlos Trapani, director general de Cecodap, enfatizó que detrás de los números recopilados, tanto en este informe como en el anterior, existe un registro nominal y familiar que la organización pone a disposición de las autoridades venezolanas para fortalecer los esquemas de protección pública.

“La base de datos es más que un número: hay un nombre y un apellido detrás de cada uno de los más de 3.000 niños reportados. La llamada que hicieron nuestros periodistas no era para buscar la información per se, sino para que la familia se sintiera escuchada, acompañada y para visibilizar su historia”, sostuvo Trapani.

Desplazamiento interno: la fractura del entorno familiar

El balance general de Cecodap ubicó al desplazamiento interno como el principal impacto sobre la infancia a tres meses del evento telúrico. Un total de 1.811 niños, niñas y adolescentes, que equivalen al 55,43 % de la muestra total, debieron abandonar de forma obligatoria sus hogares.

Contrario a la percepción inicial, el reporte especificó que los niños desplazados no se encuentran en situación de abandono, sino que viajaron acompañados por sus familias o cuidadores y fueron recibidos en casas de parientes en el interior del país.

El desglose geográfico de los estados con mayor concentración de niños afectados reflejó esta dinámica migratoria interna: Monagas encabeza la recepción con 311 niños y adolescentes, seguido por Nueva Esparta con 277, Trujillo con 240, Barinas con 224 y Miranda con 216.

Rojas resaltó que la mayoría de estos núcleos familiares provienen de las zonas más devastadas del estado La Guaira, así como de sectores vulnerables de Caracas y Miranda.

“Al mudarse de manera obligatoria, estos niños rompen con su comunidad. Tienen que pasar por procesos donde sufren aislamiento, reactivación del trauma al estar en espacios desconocidos y severas dificultades para la integración escolar. Conocí a un niño de 9 años en La Guaira que se mudaba a Trujillo y su mayor preocupación era que no sabía dónde estaba su mejor amigo ni cómo empezaría de cero”, relató Rojas.

El estudio advirtió que las familias receptoras en las regiones enfrentan situaciones críticas de hacinamiento. En San Félix, estado Bolívar, investigadores de PANA documentaron el caso de una abuela que recibió a 12 niños y adolescentes pertenecientes a tres núcleos familiares distintos, quienes ahora conviven con primos y adultos en una misma vivienda sin los recursos económicos requeridos.

Por el contrario, en el estado Trujillo se registraron 150 familias compuestas por 480 personas (entre adultos y niños) ubicadas en refugios temporales coordinados por las autoridades locales.

Primera infancia y niñez: el grupo con mayores pérdidas humanas

Al clasificar la muestra por grupos etarios, la investigación concluyó que los niños entre 0 y 11 años de edad representan la población más vulnerable y golpeada por los colapsos de infraestructura. La niñez registró 1.019 afectados directos, lo que representa el 31,19 % del total general.

Dentro de este grupo de 1.019 niños de 0 a 11 años de edad, un total de 336 fallecieron (32,97 %), 257 debieron desplazarse internamente (25,22 %), 210 resultaron heridos (20,61 %), 113 fueron rescatados entre los escombros (11,09 %) y 56 permanecen desaparecidos (5,50 %).

Asimismo, 21 niños desaparecidos fueron hallados con vida (2,06 %), 23 quedaron catalogados como irrastreables (2,26 %), 2 resultaron separados de sus familias (0,20 %) y uno fue evacuado (0,10 %).

En comparación, el grupo de adolescentes entre 12 y 15 años de edad totalizó 423 personas afectadas (12,95 % de la data). Por otra parte, 1.447 casos (44,29 %) debieron ser tabulados bajo la categoría colectiva “NNA en un mismo reporte”, debido a que los afiches y listados comunitarios omitían la edad precisa o el número exacto de niños y adolescentes en un grupo familiar. Esta misma limitación ocurrió con 378 registros (11,57 %) archivados sin información detallada.

Con respecto a la variable de género, se identificaron 720 masculinos y 586 femeninos. Un grupo de 1.646 permaneció bajo la etiqueta “sin precisar” y otros 315 “sin información”, lo que refleja las barreras de protección de datos personales que obstaculizaron el seguimiento institucional de las víctimas.

El saldo de los desaparecidos

Durante el primer mes posterior al terremoto (24 de julio), Cecodap contabilizó una cifra preliminar de 273 niños y adolescentes desaparecidos. Para finales de agosto, el rastreo acumulado elevó la muestra de verificación a 417.

A partir de ese momento, la Agencia PANA inició un proceso de llamadas e inspecciones directas con cada grupo familiar para determinar el estatus real de los casos. De los 417 expedientes revisados, 201 se reportaron inicialmente como desaparecidos y fueron hallados muertos bajo los escombros.

Dentro del grupo de 201 fallecidos, 129 perdieron la vida junto a miembros de su familia. En 61 casos, los niños murieron abrazados o al lado de sus madres; 7 fallecieron con sus padres, 60 con ambos progenitores y 1 con familia extendida. Asimismo, en 53 casos los cuidadores sobrevivieron y de 19 no se obtuvo información del entorno familiar.

Por otra parte, 37 niños y adolescentes dados por desaparecidos fueron localizados con vida. De este grupo, el 78,38 % (29 casos) está bajo la custodia directa de sus padres; 2 sobrevivientes están con sus abuelos y 9 debieron reubicarse fuera de La Guaira (Caracas, Monagas y Miranda).

Actualmente, 144 niños, niñas y adolescentes continúan en calidad de desaparecidos, de los cuales 40 tienen a sus padres vivos buscándolos y 8 confirmaron el fallecimiento de sus progenitores.

“Tuvimos el caso de Kendall, una niña de 5 años de edad. Cuando su familia fue a retirar el cuerpo a la morgue junto a dos primas, les informaron que el cadáver había sido entregado por error a otro grupo familiar, quienes ya la habían sepultado. Esto revela el caos en la trazabilidad de los cuerpos durante las primeras semanas”, alertó la vocera de la Agencia PANA.

Riesgos y desafíos ante la opacidad de información

Tras la presentación de los datos de afectación física y desplazamiento, Trapani reconoció la labor del equipo periodístico de la Agencia PANA y del grupo de psicólogos que operan en las zonas afectadas, al destacar que el objetivo principal de la investigación no fue la recolección de métricas frías, sino el acompañamiento humano a las víctimas.

“Los datos que presentó Indira son una fotografía parcial de una realidad mucho más compleja. Es una fotografía movida. Pero la invitación que hacemos a la sociedad y especialmente a las autoridades es dejar de ver el daño para ver los derechos. Cuando vemos el análisis de los terremotos desde los derechos, la aproximación es diferente. La medida de éxito no es la asistencia material, sino pasar a la restitución efectiva de derechos”, señaló Trapani.

El vocero subrayó que el doble terremoto no ocurrió en un contexto aislado, sino que impactó sobre una crisis preexistente golpeada previamente por episodios de inestabilidad política y fallas en los servicios básicos.

Uno de los puntos centrales expuestos por el equipo directivo de Cecodap fue la clasificación del mapa de riesgos en cuatro categorías dinámicas: contenidos, que se mantienen, agravados y emergentes.

Dentro de los riesgos contenidos, Trapani desmintió las versiones viralizadas en redes sociales durante las primeras semanas posteriores al desastre, las cuales afirmaron que existían cientos de niños vagando solos por plazas y avenidas del estado La Guaira o Caracas.

“No hubo una separación familiar masiva. Eso nunca fue verdad. No fue cierto que había 300 o 500 niños andando por las calles solos. Varios influenciadores hicieron eco de esto en redes sociales, causaron una alarma infundada que diluyó las verdaderas prioridades de protección. Eso jamás fue verificado ni por nosotros, ni por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, ni por la Defensoría del Pueblo”, aseveró el especialista.

El abogado aclaró que, aunque no existió un abandono masivo en espacios públicos, el riesgo se trasladó a escenarios individuales de reubicación informal, donde niños y adolescentes de edad quedaron bajo el cuidado de parientes lejanos o abuelos sin la debida verificación legal sobre su idoneidad para ejercer la crianza.

Asimismo, dentro de la categoría de riesgos contenidos, Cecodap evaluó la eliminación de barreras documentales para el ingreso al sistema educativo. Las autoridades nacionales flexibilizaron los requisitos administrativos, al ordenar que la falta de cédula de identidad, partida de nacimiento o notas certificadas no sea un impedimento para matricular a ningún estudiante de las zonas impactadas.

Sin embargo, Trapani advirtió sobre los límites de esta medida burocrática ya que explicó que la matrícula no significa asistencia de los niños y adolescentes al plantel educativo.

“La matrícula es solo un número administrativo de un niño inscrito. Un niño inscrito no necesariamente asiste de forma regular o en las mejores condiciones. Siguen importando el cupo, el transporte, la alimentación, los útiles y la nivelación psicosocial”, puntualizó.

Violencia intrafamiliar y la atención a la salud mental

El coordinador de Cecodap enfatizó la necesidad de mantener el rastreo institucional caso por caso, debido a que al romperse los esquemas de protección comunitaria, las tensiones derivadas del hacinamiento y el agotamiento en los hogares receptores puede generarse un incremento de la violencia física y emocional contra los niños.

Trapani alertó que el estrés postraumático no atendido en los adultos se traduce con frecuencia en castigos físicos, maltrato infantil y abuso verbal dentro del entorno familiar.

En materia de salud mental, la organización detalló su protocolo de intervención psicosocial especializado, el cual consta de tres fases fundamentales:

– Primera fase (romper el silencio): creación de un espacio seguro para que el niño pueda poner en palabras la vivencia del doble sismo, sus temores y pérdidas. Requiere presencia continua en el territorio para no generar un daño secundario al interrumpir el abordaje.

– Segunda fase (reducción de síntomas): abordaje clínico especializado de la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad y las alteraciones del sueño. Representa el proceso de mayor duración temporal.

– Tercera fase (reconexión con el proyecto de vida): acompañamiento integral para reconstruir el futuro de adolescentes y niños que perdieron a sus padres, sus viviendas y sus escuelas, además de procesos de adaptación en regiones con culturas e idiosincrasias distintas.

“Un adolescente que sale de La Guaira y es trasladado a Mérida o Barinas viaja con sus problemas a cuestas. No se le puede perder la pista. La salud mental requiere intervenciones de largo aliento, no visitas esporádicas”, puntualizó el director de Cecodap.

De igual forma, la organización exigió la habilitación de mecanismos reales de participación infantil en los campamentos de damnificados y centros de acopio, al denunciar que en algunas instalaciones las observaciones de los adolescentes sobre fallas en la alimentación o los servicios eran ignoradas por los administradores de los refugios.

Los riesgos agravados: opacidad de datos y docentes desprotegidos

Al abordar los riesgos agravados por el paso de los 100 días del doblete sísmico, Cecodap reiteró su denuncia sobre la falta de información pública desagregada y periódica por parte de las instituciones del Estado.

Trapani argumentó que la ausencia de balances oficiales por edad, género, territorio y tipo de afectación no solo constituye una violación al derecho a la información, sino que representa un obstáculo técnico que impide destinar de forma eficiente los recursos públicos hacia las necesidades más urgentes.

Por otro lado, la organización advirtió sobre la «parentalización» de la adolescencia en los campamentos y asentamientos informales, un fenómeno donde jóvenes deben abandonar sus estudios para asumir el cuidado a tiempo completo de sus hermanos menores mientras los padres intentan trabajar o buscar insumos básicos.

“No basta con reabrir las escuelas ni fijar una fecha en el calendario; lo crucial es bajo qué condiciones abren las aulas. Tenemos docentes golpeados que también perdieron a sus familiares, cuyas casas colapsaron y que perciben ingresos limitados. Si el educador que debe atender a 40 niños traumatizados está deprimido y agobiado, no habrá adaptación curricular posible. Hay que cuidar al que cuida”, destacó el experto.

Trapani alertó que la fusión improvisada de planteles y el abandono progresivo de las aulas por falta de transporte o útiles escolares amenazan con consolidar una educación precaria para los sectores más vulnerables del país.

Riesgos emergentes: invisibilización, estigma y retornos inseguros

El director general de Cecodap, presentó el análisis de los riesgos emergentes y expuso una hoja de ruta con ocho prioridades estratégicas para evitar que las consecuencias del doble sismo se vuelvan invisibles con el paso del tiempo.

De esta manera, el especialista advirtió que el mayor peligro en la etapa actual de recuperación es que la precariedad cotidiana se asuma como un estado normal de vida para las familias sobrevivientes.

Enfatizó que la clausura de refugios temporales o la reapertura formal de aulas de clase no significan por sí solas una restitución efectiva de garantías fundamentales si persisten las fallas estructurales.

“El riesgo principal que identificamos es que la precariedad se normalice en las familias y sea presentada como una recuperación. Cerrar refugios o reabrir escuelas no equivale a restituir derechos. Recuperar es devolver la capacidad a cada niño y a cada adolescente de vivir con su familia en condiciones seguras, estudiar, participar y recibir atención oportuna”, afirmó el vocero.

Dentro de la categoría de riesgos emergentes, aquellos que se manifiestan cuando la tragedia pierde visibilidad en los medios de comunicación y la opinión pública, Cecodap identificó dinámicas que amenazan la integridad física y emocional.

Entre estos factores destaca la interrupción de la gestión de casos y apoyos psicosociales debido a la movilidad constante de las familias entre distintos municipios o regiones, lo que fragmenta el seguimiento institucional de los sobrevivientes.

Asimismo, la organización alertó sobre la exposición indebida de fotografías y datos personales de niños desaparecidos en plataformas digitales, una práctica que ha generado intentos de estafa a familiares en duelo, estigmatización y situaciones de revictimización.

De igual forma, Trapani advirtió sobre los peligros vinculados a retornos inseguros e improvisados hacia las zonas afectadas en La Guaira y Caracas, donde familias intentan reocupar inmuebles con severas fallas estructurales sin contar con avales técnicos ni protocolos de seguridad.

“Hay familias que salen de los refugios pero siguen sin vivienda, sin escuela y sin servicios básicos. Salen del espacio mediático pero la crisis continúa instalada en sus vidas de forma silenciosa”, acotó el director general.

Prioridades para la fase de recuperación

Frente a este escenario, Cecodap presentó un paquete de medidas dirigidas a los organismos del Estado, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil:

– Mantener equipos territoriales y de atención psicosocial: garantizar continuidad y recursos económicos, logísticos y de transporte para los especialistas desplegados en el terreno, para superar la dependencia del voluntariado temporal.

– Prevenir la violencia y apoyar a las cuidadoras: implementar programas de acompañamiento a madres y mujeres sobredemandadas por las tareas de crianza y reducir la sobrecarga de responsabilidad que recae sobre los adolescentes.

– Sostener la atención psicosocial y derivación segura: extender las redes de apoyo psicológico más allá de los campamentos oficiales, abarcando a las comunidades y asentamientos informales donde se albergan familias desplazadas.

– Garantizar la participación protagónica de la niñez: abrir canales de escucha seguros y sin represalias para que los niños y adolescentes expresen sus necesidades, evaluaciones y propuestas sobre la gestión de la reconstrucción.

– Proteger y atender al personal educativo: diseñar esquemas diferenciados de apoyo emocional y socioeconómico para los docentes golpeados por la catástrofe antes de exigir adaptaciones curriculares en las escuelas.

– Publicar información pública, desagregada y actualizada: proporcionar boletines oficiales periódicos desglosados por edad, género, territorio y tipo de afectación para canalizar de manera óptima la asistencia humanitaria.

– Medir la continuidad del cuidado y el sufrimiento: evaluar el impacto real de las políticas públicas no solo en función de la cobertura cuantitativa, sino en el bienestar emocional y la convivencia familiar.

– Articulación interinstitucional sin exclusiones: construir consensos operativos entre los consejos de protección, la Defensoría del Pueblo, las escuelas y la sociedad civil para responder a la magnitud del desastre.

Un llamado a reparar el tejido protector y emocional

Los representantes de Cecodap y PANA reiteraron que la reconstrucción del país tras el desastre telúrico del 24 de junio no puede limitarse a la infraestructura física o al levantamiento de paredes.

La organización instó a las autoridades interinas a enfocar los recursos públicos en la restauración de las redes sociales, educativas y familiares que colapsaron junto con las edificaciones.

“La reconstrucción debe reparar el tejido protector emocional y no solamente las obras físicas. Aquí nadie puede solo: ni la escuela, ni el Consejo de Protección, ni las organizaciones independientes. El tamaño de las amenazas es tan severo que requiere un esfuerzo coordinado de toda la sociedad venezolana”, resaltó Trapani.

Asimismo, ratificó la disposición de Cecodap de mantener el monitoreo en campo y colaborar con la entrega de registros nominales a las instituciones correspondientes, con el fin de asegurar que ningún niño o adolescente afectado quede desprotegido en el proceso de recuperación del país.