La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU identificó a al menos 12 personas previamente señaladas por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y/o crímenes contra la humanidad que actualmente ocupan cargos públicos en el gobierno.
La Misión señaló además que otras seis personas que ya estaban en funciones antes del 3 de enero continúan ocupando cargos en esas u otras instituciones.
Este hallazgo abre el seriado “Textos sobre la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela”, una serie de artículos de análisis del periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, publicada en alianza con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
En esta primera entrega, Díaz examina el más reciente informe de la Misión y centra su análisis en la permanencia dentro de la estructura estatal de funcionarios previamente señalados por violaciones de derechos humanos.
Un informe construido con testimonios y documentos
Para elaborar el documento, la Misión realizó 121 entrevistas confidenciales con víctimas y testigos individuales, 33 mujeres y 88 hombres, tanto de manera presencial como remota. También consultó a agrupaciones y organizaciones sociales venezolanas e internacionales y analizó documentos oficiales, forenses y judiciales, fotografías, videos, informes de organizaciones con credibilidad acreditada y fuentes abiertas.
El organismo señaló además que incorporó información de informes anteriores y contó con pericia forense especializada y datos provenientes del ecosistema de derechos humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos.
La Misión utiliza como estándar de prueba los “motivos razonables para creer”. Según el informe, este criterio se cumple cuando existe información factual suficiente para que un observador objetivo y prudente considere, con un grado razonable de certidumbre, que un hecho ocurrió como fue descrito. El organismo aclara que se trata de un estándar inferior al requerido para una condena penal, pero suficiente para justificar investigaciones posteriores.
La investigación también se desarrolló sin cooperación del gobierno venezolano. La Misión afirmó que, pese a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que instaban a las autoridades a colaborar, todas las solicitudes de información enviadas al gobierno fueron ignoradas.
Los funcionarios que permanecen en cargos públicos
El informe señala que, después de los cambios registrados en el gobierno y en la cúpula militar, algunas personas que habían desempeñado funciones relevantes durante distintas etapas de la represión continuaron ocupando cargos públicos.
Entre las 12 personas identificadas figuran Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz; Gustavo Enrique González López, ministro de Defensa; Alexander Granko Arteaga, quien permanece en las altas esferas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); y Vladimir Padrino López, quien pasó de ocupar el Ministerio de Defensa a la cartera de Agricultura Productiva y Tierras.
La lista también incluye a Tarek William Saab, ex fiscal general y actual jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida; Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación; Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Libertador; Cruz Torrealba, alcaldesa de Aragua, en Anzoátegui; José Miguel Domínguez Ramírez, director de la DAET y subdirector de la PNB; Ronny Fernando González Montesinos, jefe de la División de Investigaciones Penales de la PNB; Fabio Enrique Zavarse Pabón, rector de la UNES; e Iván Rafael Hernández Dala, director de CANTV.
En cada uno de estos casos, la Misión señaló que tenía “motivos razonables para creer” que la persona había sido responsable de violaciones de derechos humanos y recomendó que fuera investigada.
En el caso de Cabello, la Misión documentó su influencia sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aunque precisó que no ocupaba formalmente una posición jerárquica dentro de ese organismo. Sobre González López, recordó sus anteriores funciones como director del Sebin, ministro de Interior y responsable de la DGCIM en distintos periodos.
Padrino López, por su parte, dejó el Ministerio de Defensa y fue designado ministro de Agricultura Productiva y Tierras. El informe señala que, pese a su salida de la cartera de Defensa, permaneció dentro de la estructura del gobierno.
Díaz interpreta estos movimientos como una muestra de continuidad de personas vinculadas a las estructuras de represión del Estado. Su análisis plantea que, más allá de los cambios en la conducción política ocurridos desde el 3 de enero, el informe obliga a mirar quiénes permanecen al frente de organismos vinculados con la seguridad y la inteligencia.
Para el autor, este es el principal hallazgo del informe y el punto de partida de la serie: los casos que serán abordados en las próximas entregas no deben entenderse únicamente como hechos del pasado, sino también como elementos para comprender la estructura actual del poder en Venezuela.
La Misión, por su parte, documentó la permanencia en cargos públicos de personas previamente señaladas por violaciones de derechos humanos y de otras personas que ya ocupaban funciones antes del 3 de enero y que continúan en esas u otras instituciones. Este hallazgo constituye la base documental sobre la que Díaz desarrolla su lectura de una posible continuidad de estructuras y funcionarios vinculados a la represión.
El informe dedica especial atención a los cambios realizados después del 3 de enero en la administración pública y en los principales cargos militares y de seguridad. La Misión señala que, aunque hubo una reestructuración de instituciones y nombramientos, algunas personas que habían desempeñado funciones relevantes durante distintas etapas de la represión permanecieron dentro de la estructura estatal.
