Es lunes 5 de octubre y la Puerta del Sol de Madrid, en España, transcurre estos días con un ritmo distinto al habitual. Los peatones cruzan la plaza, los turistas se detienen para tomar fotografías, aunque hay carteles que piden no hacerlo, y el flujo de personas que entra y sale del Metro continúa.
En ese vaivén se insertan las tiendas de campaña, lonas, colchones, carteles escritos a mano y personas que pasan buena parte del día alrededor de las estructuras instaladas para la protesta por la vivienda.
Bajo las carpas, algunos descansan en camas improvisadas mientras otros hablan o participan en reuniones. Las pancartas ocupan buena parte del espacio y convierten algunos rincones de Sol en una suerte de campamento dentro de uno de los lugares más reconocibles y transitados de la capital española.
El Oso y el Madroño, símbolo de la ciudad, también ha quedado integrado en la escena, aunque a veces casi oculto. La estatua puede verse entre las estructuras y los carteles que rodean la zona de acampada. En los días anteriores, incluso amaneció con un chaleco del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
A pocos metros se encuentra la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Entre ese edificio institucional, las carpas y las vallas de seguridad, los peatones continúan atravesando la plaza. Un vehículo de la Policía Nacional permanece en las inmediaciones mientras la actividad cotidiana de Sol convive con una protesta que ya lleva más de una semana.
De un desahucio a una acampada
La protesta tiene su origen en el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de edad que el 23 de septiembre fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante unos 70 años, en el distrito madrileño de Retiro.
La comisión judicial ejecutó aquel día el lanzamiento y Maricarmen salió del inmueble en camilla, acompañada por personal sanitario del Samur (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate), para ser trasladada a un hospital. El desahucio se produjo después de que la empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión, cuestionara la continuidad del contrato de renta antigua que mantenía la mujer.
La imagen de la señora mayor abandonando su vivienda en camilla provocó una movilización inmediata. Cinco días después del desahucio, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo para que pudiera regresar a la vivienda.
El pacto contempla un nuevo contrato de ocho años, sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una renta que no supere el 30 % de sus ingresos netos, mediante un programa de intermediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Maricarmen aceptó posteriormente la propuesta mientras permanecía hospitalizada, a la espera de recibir el alta para regresar a su casa.
La manifestación convocada el sábado 26 de septiembre bajo el lema “Ni una Maricarmen más” terminó con las primeras personas instalándose en la Puerta del Sol. Durante las noches siguientes, la cantidad de participantes y tiendas fue aumentando hasta convertir la plaza en uno de los principales escenarios de las movilizaciones por la vivienda en Madrid.
A finales de septiembre, la acampada llegó a reunir a más de un millar de personas y unas 500 tiendas de campaña, según datos recogidos por la agencia española EFE. El campamento comenzó a organizarse con calles y espacios diferenciados, mientras colectivos y personas de distintas edades se sumaban a las actividades.
Entre quienes se acercaron a la acampada también había personas con problemas propios de vivienda. Jacinta Jara, de 61 años de edad, contó a El País que había recibido un burofax en el que le comunicaban que no renovarían su contrato de alquiler. “Gracias a Maricarmen me enteré de que hay gente que me puede ayudar”, dijo mientras esperaba una asamblea para personas con problemas de vivienda.
En las estructuras aparecen mensajes sobre el precio de los alquileres, el acceso a una vivienda y las consecuencias que los manifestantes atribuyen a la crisis habitacional. Algunos carteles llaman a la expropiación de viviendas, otros reclaman alquileres accesibles y otros vinculan la falta de vivienda con problemas sociales y de salud mental.
Una ciudad dentro de otra
Durante la tarde y la noche, el movimiento alrededor de las carpas no se detiene. Las personas que participan en la protesta comparten el espacio con quienes simplemente atraviesan Sol para continuar su recorrido por el centro de Madrid.
El lugar que normalmente aparece en las fotografías de los visitantes por sus edificios, sus comercios, el Kilómetro Cero y el Oso y el Madroño ahora también funciona como espacio de descanso, reunión y organización para los participantes de la acampada.
Los carteles han convertido lonas y paredes improvisadas en grandes murales de mensajes. Algunas estructuras sirven para protegerse del sol o de la lluvia; otras delimitan espacios donde se realizan reuniones.
La movilización tampoco se ha quedado en Madrid, sino que se ha extendido a otras ciudades españolas, donde también se han instalado tiendas en espacios céntricos para reclamar medidas frente a la crisis de vivienda, en el marco de las movilizaciones desarrolladas en distintas partes del país.
El debate sobre los alquileres
La presión de la calle coincidió con la aprobación, el 29 de septiembre, de dos reales decretos ley sobre vivienda por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Una de las normas modificaba las condiciones de continuidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Una vez cumplidos los plazos mínimos —cinco años, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, los contratos podían prorrogarse sucesivamente. Además, cuando un arrendador comunicara válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato, debía indemnizar al inquilino con el equivalente a 12 mensualidades de renta de una vivienda de características análogas, con las excepciones previstas en la norma.
El otro decreto incorporaba medidas relacionadas con los alquileres de temporada y por habitaciones, además de nuevas disposiciones sobre actualización de rentas, protección de los inquilinos y vivienda asequible.
Los movimientos de inquilinos consideraron insuficientes las medidas y reclamaron, entre otras cuestiones, una mayor estabilidad de los contratos. Los movimientos de inquilinos bautizaron la medida como “decreto Maricarmen”, en referencia al caso que había dado origen a la acampada.
Sin embargo, esos dos decretos fueron posteriormente rechazados por el Congreso, por lo que las medidas no llegaron a ser convalidadas.
Este lunes, además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó adoptar de manera inmediata las medidas cautelarísimas solicitadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para desalojar la protesta. La decisión permite que la acampada continúe mientras avanza el procedimiento judicial.
El conflicto por la vivienda llegó también al terreno político. Tras el rechazo parlamentario de los decretos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
El Sindicato de Inquilinas, sin embargo, anunció que mantendrá la acampada y llamó a una huelga general por la vivienda para noviembre. Su portavoz, Alicia del Río, aseguró que no darán “ni un paso atrás” y confirmó que la protesta continuará. La organización tampoco ha fijado una fecha para terminar la acampada.
Las carpas permanecen
Al caer la tarde, la escena en Sol vuelve a ser la misma con la que comenzó el día.
Los pasajeros siguen entrando y saliendo del Metro de Madrid. Los turistas atraviesan la plaza con sus teléfonos en la mano. Los peatones pasan junto a las tiendas de campaña y algunos se detienen a observar los carteles.
Lo que comenzó como una protesta después del desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en una movilización que reclama cambios en las políticas de vivienda y que ya tiene réplicas en otras ciudades españolas.
Por ahora, las carpas siguen en la Puerta del Sol y quienes participan en la acampada no han fijado una fecha para marcharse.