La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el martes 6 de octubre su preocupación por la situación de integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de otros cuerpos de seguridad del Estado que permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.
El organismo urgió al Estado venezolano a disponer la liberación inmediata e incondicional de estas personas y cuestionó su procesamiento ante la jurisdicción penal militar. También manifestó su solidaridad con los familiares de los detenidos, quienes han denunciado dificultades para obtener información y mantener comunicación con sus seres queridos.
De acuerdo con los registros de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) citados por la CIDH, al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB y de cuerpos policiales y de seguridad permanecían privados de libertad por motivos políticos hasta el 20 de septiembre.
De ese grupo, 165 se encontraban en servicio activo y 31 estaban retirados al momento de su detención. Además, ocho son mujeres y al menos 14 presentarían un estado de salud grave, según los datos de JEP.
Por su parte, el Foro Penal registraba 144 militares dentro de las 344 personas que identificaba como presas políticas en Venezuela hasta el 14 de septiembre.
#CIDH urge la liberación de personas militares privadas de libertad por motivos políticos en #Venezuela 🔗📰https://t.co/gRTtvthH9U https://t.co/kAnaSXjj2x
— CIDH – IACHR (@CIDH) October 6, 2026
La CIDH aclaró que la diferencia entre ambos registros responde a los criterios utilizados por cada organización para definir y documentar los casos de detención por motivos políticos. Sin embargo, consideró que las cifras también evidencian la necesidad de que el Estado proporcione información oficial, transparente y accesible sobre las personas privadas de libertad.
Denuncias sobre las condiciones de reclusión
La CIDH señaló que las instituciones de las que proviene el mayor número de personas detenidas son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la FANB.
Según información recibida por la Comisión de organizaciones de la sociedad civil, los delitos más utilizados en estas causas son la conspiración, en casos que no estarían vinculados con manifestaciones públicas, y la rebelión civil.
Las personas permanecen recluidas tanto en centros de custodia militar como en establecimientos penitenciarios ordinarios habilitados para estos casos. Entre ellos figuran el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares (CENAPROPEMIL) “Ramo Verde”, el Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL) de Fuerte Guaicaipuro, Rodeo I, Yare II y el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
La Comisión manifestó además su “extrema preocupación” por las denuncias sobre muertes bajo custodia y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana.
Los registros de JEP reportan el fallecimiento de cuatro integrantes de la FANB y dos exfuncionarios de seguridad mientras se encontraban bajo custodia. Foro Penal, por su parte, informó a la CIDH sobre cuatro fallecidos: tres vinculados con la DGCIM y uno con el Sebin.
Entre las denuncias también figuran incomunicación prolongada, restricciones severas para las visitas familiares, reclusión en espacios reducidos y sin ventilación y falta de atención médica oportuna y especializada.
CIDH pide poner fin a la persecución mediante la justicia militar
La CIDH advirtió especialmente sobre los casos de personas que permanecen detenidas en instalaciones militares o de la propia DGCIM, organismo que también ha participado en la detención de personal militar.
En estos casos, señaló que el Estado tiene un “deber reforzado” de garantizar la integridad personal de los detenidos, su acceso a una defensa técnica de confianza y la supervisión independiente de las condiciones de reclusión.
El organismo reiteró su llamado a Venezuela a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidos los integrantes y exintegrantes de cuerpos militares y de seguridad.
También pidió sobreseer o absolver a los procesados, según corresponda, y dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones.
Finalmente, la CIDH instó al Estado venezolano a abstenerse de utilizar la privación de libertad y la jurisdicción penal militar como mecanismos de persecución o represalia contra personas consideradas opositoras políticas.
