Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien el 6 de octubre denunció haber sido objeto de presiones para convalidar decisiones judiciales relativas a la causa de María Corina Machado, desempeñó previamente cargos en la administración pública, la justicia penal y el máximo juzgado del país.
La abogada ocupó responsabilidades en la justicia militar y en tribunales de primera instancia antes de su elección como magistrada del TSJ en diciembre de 2014, ente en el que permaneció hasta la notificación formal de su separación del cargo en marzo de 2024.
De acuerdo con información disponible en la web, nació en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, se graduó de abogada en la Universidad Santa María, donde posteriormente cursó posgrados en Derecho Administrativo y Derecho Tributario.
Es hija del general de brigada (R) Guillermo Enrique César Hary, quien ocupó la Dirección de Servicios Generales del Ministerio para la Defensa durante las gestiones de José Luis Prieto, Jorge Luis García Carneiro y Orlando Maniglia.
Además, consta en su perfil que César Siero realizó cursos de formación en el ámbito castrense, entre ellos instrucción en paracaidismo, tiro de combate y localización de artefactos explosivos.
Cargos en la administración pública
Sus primeras funciones en el sector público se desarrollaron en la administración y en la justicia militar. Entre 1997 y 1998 trabajó como proyectista de sentencias en el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, adscrito a la Corte Marcial.
Posteriormente, entre 2000 y 2002, asumió la consultoría jurídica regional del Plan Bolívar 2000 en el estado Zulia. En ese período ejerció la defensa agraria del general Víctor Cruz Weffer, excomandante general del Ejército y responsable del Plan Bolívar 2000 y Fondur, en el proceso legal por presuntas irregularidades administrativas.
En el área industrial, César Siero trabajó en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) como responsable de contrataciones para la adquisición de equipos de protección y material antimotín.
Asimismo, formó parte del equipo encargado de las gestiones operativas para la apertura de la filial internacional de dicha corporación estatal.
Actuaciones judiciales de César Siero
En 2013, tras ejercer como defensora pública, César Siero ingresó al circuito judicial del Área Metropolitana de Caracas como coordinadora de jueces itinerantes, luego pasó a desempeñarse como jueza temporal y provisoria del Tribunal 29° de Juicio de Caracas.
En ese juzgado de primera instancia, la abogada conoció de la demanda por difamación interpuesta en 2014 por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra la directiva del diario Tal Cual y el exministro Carlos Genatios, a raíz de un artículo de opinión publicado en dicho medio.
Durante ese procedimiento, César Siero declaró a lugar la demanda y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica contra el director del periódico, Teodoro Petkoff, y los integrantes de la junta directiva del medio impreso, reseñó la página web Suprema Injusticia.
Tras esta decisión, el 28 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional la eligió como magistrada principal de la Sala Político Administrativa del TSJ.
Meses después de su juramentación, el tribunal la designó coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, instancia encargada de la supervisión de los tribunales especializados en violencia contra la mujer.
Durante su permanencia en la Sala Político Administrativa, César Siero suscribió sentencias vinculadas a la competencia contenciosa, entre ellas resoluciones que desestimaron demandas patrimoniales interpuestas por particulares contra la República, recursos de nulidad formulados por exjueces destituidos por la Comisión Judicial y acciones de impugnación contra sanciones administrativas dictadas por la Contraloría General de la República.
En el ejercicio de sus funciones, la magistrada conoció además expedientes vinculados a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tales como demandas sobre asignaciones económicas presentadas por oficiales en retiro y recursos interpuestos ante resoluciones de pase a la reserva activa.
Sanciones y salida del TSJ
El 15 de abril de 2019, el gobierno de Canadá incluyó a César Siero en un listado de funcionarios venezolanos sancionados.
La medida administrativa dictada por las autoridades canadienses estableció la prohibición de realizar transacciones financieras, administrar bienes o recibir servicios en esa jurisdicción.
Tres años después de esa medida, el 27 de abril de 2022, la Asamblea Nacional aprobó su ratificación como magistrada principal de la Sala Político Administrativa. La designación efectuada por el Poder Legislativo contempló un nuevo período de 12 años al frente de la magistratura.
No obstante, la permanencia de César Siero en el máximo tribunal concluyó a principios de 2024. Su separación del cargo no fue notificada mediante un comunicado oficial, sino a través de resoluciones publicadas por la Sala Político Administrativa en abril de ese año, en las cuales se dejó constancia de la falta absoluta de la funcionaria desde el 13 de marzo y la consiguiente incorporación del magistrado suplente Emilio Ramos González para completar la junta directiva.
La salida de la abogada del TSJ se desarrolló de forma paralela a las actuaciones de los cuerpos de seguridad contra su entorno familiar. A finales de diciembre de 2023, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestaron a sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, junto a su cuñada, la mayor (Ej.) Diana Desiree Victora Justo.
Un mes después de las aprehensiones, el 22 de enero de 2024, el Ministerio Público vinculó públicamente a los tres ciudadanos con la denominada «Operación Brazalete Blanco».
Tras la fase de investigación, el proceso penal contra los familiares de la exmagistrada se extendió por más de dos años. El procedimiento culminó el 1° de octubre de este año, cuando el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia en la causa.
En el fallo emitido por el juzgado de juicio, los tres ciudadanos fueron absueltos de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir e intento de magnicidio. Sin embargo, condenó al teniente coronel Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por conspiración política, al tiempo que impuso una pena de 3 años de presidio por encubrimiento al mayor Guillermo Henry César Siero y a Diana Desiree Victora Justo.
Denuncia sobre coacción
Posteriormente a la divulgación de la condena judicial contra sus allegados, la exmagistrada difundió una carta pública y un video en los que expuso los acontecimientos ocurridos durante su gestión en la Sala Político Administrativa del TSJ.
En el documento, la abogada declaró que la detención y posterior incomunicación de sus hermanos y su cuñada se utilizó como una medida de coacción para obligarla a firmar resoluciones de carácter político.
De acuerdo con el testimonio presentado por la exfuncionaria, las presiones se centraron en la tramitación de las demandas del Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación acordado en el marco del Acuerdo de Barbados, específicamente en la convalidación de la sanción administrativa dictada contra la dirigente opositora María Corina Machado en diciembre de 2023.
César Siero señaló en su escrito que, tras la firma de las decisiones y la posterior difusión de los seńalamientos públicos contra su núcleo familiar en enero de 2024, la directiva del TSJ le exigió la renuncia definitiva a su condición de magistrada principal de la Sala Político Administrativa.
