La ejecución de elecciones presidenciales en Venezuela plantea un debate sobre la secuencia de cambios institucionales, legales y económicos que deben ocurrir antes de convocar a los ciudadanos a las urnas.
La discusión técnica y política abarca desde la voluntad de los votantes venezolanos, quienes a través de distintas manifestaciones han expresado su deseo de ejercer su derecho al voto en unas elecciones presidenciales en 2027, el desmontaje del sistema de judicialización de partidos y el impacto que las medidas de ajuste económico podrían generar en la estabilidad de un eventual gobierno de transición.
En ese sentido, el abogado constitucionalista, diputado a la Asamblea Nacional de 2015 y presidente de la Subcomisión de Justicia de la Comisión Permanente de Política Interior, Rafael Veloz García, afirmó en entrevista para El Diario que una posible convocatoria a comicios en 2027 debe estar precedida por un conjunto de reformas estructurales en el marco de la mesa de diálogo con el gobierno encargado y el compromiso de que el Poder Legislativo apruebe dichas medidas.
«La Premio Nobel de la Paz (2025), María Corina Machado, planteó recientemente en un artículo de prensa internacional la convocatoria de elecciones presidenciales en 2027, precedidas de amplias garantías y de reformas institucionales. Esa secuencia de primero las garantías, después el voto, es exactamente lo que la mesa de diálogo trabaja y lo que los diputados de la Asamblea Nacional 2015 estamos comprometidos a impulsar», declaró Veloz García.
El parlamentario puntualizó que el esquema trazado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contempla tres componentes centrales: estabilización, inicio de la recuperación económica y transición política.
En ese contexto, Veloz García precisó que la primera exigencia de carácter obligatorio abarca la restitución de las garantías políticas a las organizaciones partidistas.
«Devolver las organizaciones políticas a sus legítimos representantes y permitir la inscripción de nuevos partidos. Mientras una tarjeta electoral esté en manos de una directiva designada por vía judicial, no hay oferta electoral real: se vota, pero no se escoge. De las 37 organizaciones que figuraron en el tarjetón presidencial de 2024, 13 habían pasado por procesos judiciales de intervención, incluido el Partido Comunista de Venezuela. El dato importa porque demuestra que el mecanismo no persigue una ideología: castiga la autonomía», explicó el constitucionalista.
El segundo requisito planteado por el jurista exige el restablecimiento pleno de los derechos políticos mediante el levantamiento de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República bajo el artículo 105 de su Ley Orgánica, la cual faculta a un funcionario administrativo a suspender derechos ciudadanos hasta por 15 años sin juicio ni condena.
«Esa práctica choca con tres barreras. El artículo 42 de la Constitución, según el cual el ejercicio de la ciudadanía solo se suspende por sentencia judicial firme; el artículo 24 del Código Penal, que solo admite la inhabilitación política como pena accesoria de presidio o prisión. Y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite restringir derechos políticos únicamente por condena dictada por juez competente en proceso penal”, argumentó Veloz García.
Desmontaje del cerco comunicacional
Al abordar el tercer y cuarto aspecto de la secuencia, el constitucionalista requirió el restablecimiento del espacio público e informativo, así como la derogación de la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
«Sin información no hay campaña ni escrutinio. Hay que restituir los plenos derechos de periodistas y comunicadores, levantar los bloqueos a todos los medios y plataformas y garantizar acceso equitativo. Es una condición material del voto libre, no un detalle gremial», aseveró el parlamentario.
Con relación al marco legal sancionatorio, el representante legislativo advirtió sobre el impacto que generan las penas accesorias contempladas en los textos legales sobre la ciudadanía y los dirigentes políticos durante el ejercicio de la contienda.
«La llamada Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de las ONG forman un sistema que criminaliza la opinión, la organización y el financiamiento de la sociedad civil. La Ley Simón Bolívar contempla inhabilitaciones de hasta 60 años: eso no es una pena, es una muerte civil perpetua. Mientras ese andamiaje siga vigente, cualquier campaña se hace bajo amenaza penal», denunció el abogado.
La reinstitucionalización del Poder Judicial
Al detallar las condiciones estrictamente electorales, Veloz García enumeró la integración independiente del Consejo Nacional Electoral (CNE) conforme al artículo 296 constitucional, auditorías del Registro Electoral, habilitación del voto exterior y observación internacional con publicación de actas mesa por mesa. No obstante, enfatizó que la garantía medular de todo el entramado de reformas descansa en la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Y aquí está el punto central de mi respuesta. Todo lo anterior pasa por los tribunales. Las inhabilitaciones administrativas las confirma la Sala Político Administrativa. Las intervenciones de partidos las ordenan las Salas Constitucional y Electoral. Las detenciones por la ley contra el odio las acuerdan los jueces penales. Y el resultado de una elección lo convalida o lo desconoce la Sala Electoral, como ocurrió el 28 de julio de 2024. Sin un Poder Judicial independiente, cada garantía que se conquiste puede ser anulada después por una sentencia», recalcó Veloz García.
Como evidencia de la fragilidad institucional, el dirigente citó las denuncias formuladas recientemente por la exmagistrada Bárbara Gabriela César Siero, quien declaró que fue sometida a coacción mediante la detención y desaparición forzada de sus hermanos y cuñada militares en diciembre de 2023 para obligarla a firmar las decisiones sobre inhabilitaciones políticas, incluida la sentencia referente a María Corina Machado.
«Ese testimonio tiene consecuencias jurídicas enormes. Una sentencia dictada por un juez coaccionado no es una sentencia: es un acto viciado de nulidad absoluta. Y entonces la inhabilitación de María Corina Machado no solo es inconstitucional en su origen administrativo: su confirmación judicial también lo sería. Eso abre una vía que hasta ahora no estaba sobre la mesa: la nulidad de esas decisiones por un tribunal independiente, que es un camino jurídico y no una concesión política», analizó el jurista.
Ante este panorama, el parlamentario ratificó que la sustitución de la totalidad de las magistraturas del alto tribunal representa una condición previa e ineludible que debe extenderse a los juzgados de primera instancia en todo el territorio nacional.
«De allí que la renovación de los 32 (y sus suplentes) magistrados del Tribunal Supremo no sea un tema paralelo al electoral: es su condición insustituible. Y debe descender a la base, porque más del noventa por ciento de los jueces del país no ingresó por concurso, como ordena el artículo 255 de la Constitución. Un juez que puede ser removido mañana no protege hoy los derechos políticos de nadie. La ruta hacia 2027 no se agota en un nuevo CNE y un registro electoral depurado. Exige devolver los partidos, restituir los derechos políticos, abrir el espacio comunicacional, derogar las leyes de persecución y reconstruir el Poder Judicial. Como recordó la propia exmagistrada al cerrar su denuncia: ´cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo´», resaltó el diputado.
Reformas constitucionales y el retorno a la representación proporcional
El doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, planteó en entrevista para El Diario que la búsqueda de elecciones libres y creíbles obliga a ejecutar reformas sustanciales al diseño de las instituciones para evitar distorsiones en el ejercicio del poder.
«Si queremos elecciones libres y creíbles para regresar a la democracia es necesario hacer esta consigna verdadera y no falsa y demagógica. Como ese deseo es el pináculo de la transición, hay que hacer reformas sustanciales sine qua non para hacerla realidad. Sin ellas elegiremos autoritarismo plebiscitario, tendremos resultados perversos y no democracia. Hay que hacer un estudio detallado para pensar la Constitución en ese norte, pero en principio hay varias reformas obligantes y evidentes», sostuvo Hernández.
Entre las modificaciones prioritarias, el politólogo propuso la reducción de los mandatos ejecutivos a periodos cortos con límite de reelección, que facilitarían la evaluación continua de la gestión pública por parte del electorado.
«Una es recortar el periodo de los cargos ejecutivos a un tiempo corto con una sola reelección, para que si el funcionario resulta desaprobado se vaya rápido y, si su evaluación es positiva, se quede para terminar su trabajo. Una sola reelección inmediata del presidente de la República y otros cargos», precisó el especialista.
En el plano legislativo, Hernández abogó por restablecer el sistema bicameral contemplado originalmente en la Constitución de 1961, dividiendo el Parlamento entre diputados de base poblacional y un Senado con representación territorial equitativa.
«En la actualidad las grandes naciones democráticas tienen parlamentos bicamerales. El Senado para mayores de 30 años de edad mientras que los diputados requieren 21 años, servirá de moderador y servirá para entronizar la descentralización, porque representará a los estados», fundamentó el analista.
Asimismo, Hernández señaló la urgencia de retornar a un esquema de representación proporcional personalizada, similar al modelo alemán, que permita corregir las distorsiones aplicadas en la legislación electoral actual.
«En cuanto a reformas meramente legislativas, en ocasiones me he referido a que nuestro sistema electoral debe ser serio, estable y permanente, sin mofa de originales serios que imperan desde hace siglos en las democracias avanzadas. Esas son apenas unas cuantas de las reformas que deben adelantarse, pero hay que hacer un estudio más detenido del asunto. Espero que en el futuro podamos tener una constitución de tres páginas y 20 artículos y no un mamotreto burlesco e incumplible», sentenció Hernández.
Reestructuración técnica del árbitro electoral y voto en el exterior
Desde la perspectiva de los organismos de veeduría civil como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la integridad de la contienda requiere reformas operativas precisas en la arquitectura técnica.
En primer lugar, señalan que la recomposición de la Sala Electoral del TSJ debe garantizar magistrados que cumplan los requisitos de imparcialidad pautados en el artículo 263 de la Constitución para dirimir controversias sin sesgo político.
Paralelamente, la conformación de un nuevo directorio en el CNE debe realizarse a través del Comité de Postulaciones Electorales o mediante un acuerdo político que garantice un equilibrio sin subordinación partidista.
En segundo lugar, se exige una auditoría técnica, biométrica y demográfica profunda del Registro Electoral (RE), que contempla tres acciones operativas inmediatas:
– Despliegue masivo de puntos fijos y móviles para incorporar a más de 3 millones de jóvenes no inscritos y procesar reubicaciones dentro del territorio nacional.
– Eliminación de registros duplicados y fallecidos mediante el cruce de datos con el Registro Civil.
– Divulgación del padrón definitivo en los lapsos legales estipulados para garantizar la fase de impugnaciones públicas.
Con respecto al sufragio en el extranjero, amparado en el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, las plataformas civiles proponen eliminar las exigencias consulares de residencia permanente o pasaporte vigente, para permitir la inscripción de los migrantes únicamente con la cédula de identidad y un documento simple de permanencia.
Asimismo, la viabilidad técnica exige el paquete completo de auditorías al sistema automatizado de votación, que incluye el código fuente del software, redes de transmisión y claves criptográficas, la verificación ciudadana mediante el conteo del 53 % o más de los comprobantes de papel en mesa, y el despliegue de Misiones de Observación Electoral internacionales (ONU, UE y Centro Carter) con libertad de movimiento e informe de evaluación independiente.
La viabilidad económica como determinante de la transición política
Por su parte, el director de Pedagogía Económica y Política, Víctor Álvarez, detalló en entrevista para El Diario las consideraciones de la administración de Donald Trump con respecto al orden de la transición en Venezuela, al destacar que el ajuste económico prima sobre el calendario de las elecciones presidenciales.
Álvarez también hizo referencia a las declaraciones de Rubio, tras las reuniones mantenidas entre la administración de Donald Trump y la vocería del gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
«Marco Rubio se refirió al tema de las elecciones en Venezuela e insistió en que el proceso de transición debe enfocarse primero en la estabilización económica e institucional, antes de apresurar unos comicios presidenciales. Luego de la reunión entre Trump y Rodríguez, Rubio declaró que ambos mandatarios hablaron sobre cómo reconstruir la economía venezolana, la transición política y la convocatoria a elecciones, pero advirtió que lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta», destacó Álvarez.
El economista explicó las razones por las cuales las autoridades estadounidenses señalan que el país aún no se encuentra listo para un proceso electoral inmediato, atribuyéndolo al costo social y político del ajuste macroeconómico.
«‘Venezuela aún no está preparada para las elecciones’ ha vuelto a decir Donald Trump. Al ajuste económico pendiente suele atribuirse un impacto social y un costo político-electoral que nadie quiere pagar. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. La eliminación de subsidios indebidos como el de la gasolina; la privatización de empresas públicas; la fusión de ministerios, liquidación de entes públicos y ajuste de nóminas; y, la reducción del gasto público en general, suele ser el ‘trabajo sucio’ que ningún gobierno quiere hacer», detalló Álvarez.
En ese sentido, el especialista sostuvo que un apresuramiento electoral podría desestabilizar a las nuevas autoridades antes de consolidar el saneamiento de las finanzas públicas.
El análisis del director de Pedagogía Económica y Política subrayó que la gobernabilidad de un futuro Ejecutivo requiere considerar el control institucional que el oficialismo mantiene en las regiones y órganos del Estado.
«Mantener el apoyo del Parlamento, gobernaciones, alcaldías y Fuerzas Armadas es necesario para asegurar la gobernabilidad de Venezuela. Trump y Rubio tienen en cuenta que el chavismo mantiene el control de 23 de 24 gobernadores, 285 de 335 alcaldes y 248 de 277 diputados en la AN-2025. También controla la FANB y los colectivos armados. Así, el chavismo en la oposición aún tendría suficiente fuerza para calentar la calle y abortar las reformas económicas pendientes», analizó Álvarez.
El especialista indicó que la etapa de recuperación económica es muy compleja y puede durar varios años, por lo que una transición política es un asunto de viabilidad financiera, no de legitimidad democrática.
“Las presidenciales se convocarán cuando se haya completado el programa de ajuste y consolidado la fase de recuperación económica. Habrá elecciones cuando se construya la viabilidad económica de la transición política”, puntualizó el analista económico Víctor Álvarez.
Los entrevistados por El Diario coincidieron en que, a pesar de las peticiones de venezolanos por el anuncio de elecciones presidenciales, se deben cumplir una serie de pasos antes para que los comicios se realicen.
