El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) rechazó el sábado 24 de octubre la respuesta emitida por la Policía de Chacao tras la denuncia de la organización no gubernamental (ONG) sobre impedimentos para grabar en la plaza Francia de Altamira.
La ONG publicó un comunicado en X, en el que expresan su rechazo al pronunciamiento difundido por la Policía Municipal de Chacao, bajo la administración del alcalde Gustavo Duque, un día antes y en el contexto de la denuncia hecha por familiares de presos políticos y activistas.
En el comunicado, el Clippve detalló nuevamente cómo ocurrieron los hechos que llevaron a la denuncia pública de restricciones a la libertad de expresión de familiares de los presos políticos.
“Alrededor de la 1:00 pm, tres integrantes del Comité y una persona que nos acompañaba realizábamos una grabación portando camisetas con el mensaje ‘Liberen a todos los presos políticos’. Funcionarios de Seguridad Ciudadana señalaron expresamente ese mensaje como motivo para impedir la grabación, sin ofrecer fundamento jurídico y alegando presiones de sus superiores. Insistieron en que abandonáramos el lugar y, ante nuestra negativa, anunciaron que solicitarían apoyo policial. Otras personas presentes presenciaron lo ocurrido”, indicó la organización.
El documento explica que posteriormente se les permitió continuar con la grabación, pero aclara que eso no anula el intento de impedir que su mensaje de transmitiera. También señala que tras la denuncia, el director de la Policía Municipal de Chacao, Luis Gonzálo Fernández, calificó lo ocurrido como una “confusión”.
“Lamentamos que se reduzca a un simple ‘malentendido’ una actuación presenciada por testigos y registrada parcialmente en video”, continúa el comunicado.
Respuesta “revictimizante”
El Clippve calificó la respuesta de las autoridades municipales como revictimizante, debido a que estaría minimizando los testimonios de quienes hicieron la denuncia. Asimismo, mencionó que la comunicación del organismo policial desplaza la atención de la actuación de los funcionarios a una “interpretación equivocada de las víctimas”.
“Una institución comprometida con los derechos humanos debe escuchar, esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que correspondan. Valoramos que la institución declare su compromiso con la Constitución. Sin embargo, las declaraciones de principios no sustituyen el deber de investigar, reconocer las afectaciones y adoptar garantías de no repetición”, añadió el comité.
La organización aseguró que tras su publicación surgieron otras denuncias de la activista Katiuska Camargo y del creador de contenido Isra de Corcho sobre impedimentos para grabar en la plaza y otros espacios del municipio
“Estos señalamientos, junto con nuestra experiencia, ameritan investigar posibles prácticas reiteradas de restricciones arbitrarias”, agregó. la ONG.
Ante lo ocurrido, el Clippve exigió a la Alcaldía de Chacao y a sus autoridades policiales:
1. Identificar a los funcionarios involucrados, las instrucciones que recibieron y quiénes las impartieron.
2. Preservar y revisar las cámaras de seguridad de la plaza Francia para esclarecer el posible trato discriminatorio, pues otras personas grababan simultáneamente sin recibir la misma intervención.
3. Informar sobre la investigación de los hechos y los correctivos correspondientes.
4. Aclarar si existe alguna normativa que exija permisos para grabar en espacios públicos, su fundamento legal y aplicación.
5. Garantizar las libertades de expresión, reunión y circulación, sin intimidaciones, discriminación ni restricciones arbitrarias por motivos políticos.
